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Nicaragua expropia edificios de medios de comunicación opositores y 9 ONG

Nicaragua expropia medios de comunicación

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Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios incautados de manera ilegal a dos medios de comunicación críticos de la tiranía de Daniel Ortega y a nueve ONG que fueron “ilegalizadas” en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, denunciaron este miércoles los afectados.

Las instalaciones donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias y el de las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se encuentran resguardadas por policías, amanecieron con el rótulo “esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud”.

Esos rótulos, color rosado y con emblemas de la tiranía, también fueron colocados al pie de la sede de los organismos a los que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo y a petición del Ejecutivo, despojó de su legalidad hace un par de años, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Entonces, el Ministerio de Gobernación ordenó que los bienes incautados a las nueve ONG ilegalizadas pasaran a la administración del Estado.

La tiranía no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones de esos edificios.

Denuncia “confiscación de facto”

“La dictadura ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% noticias (…). También confiscan propiedades de organizaciones no gubernamentales: Ortega viola su propia Constitución y anula a la CSJ (Corte Suprema de Justicia)”, denunció el periodista Carlos Fernando Chamorro, que dirige “Esta Semana”, “Esta Noche”, Confidencial y Niú.

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), dijo que no existe un fallo judicial “para confiscar Confidencial y 100 % Noticias”, sino que “es un acto de facto, una orden de Ortega, ejecutada manu militari que anula a la Corte Suprema”.

“Esto es un robo descarado y una confiscación de facto”, dijo, por su lado, el fundador y propietario de 100 % Noticias, el periodista Miguel Mora, cuyo canal, que ahora transmite a través de plataformas digitales, compartió fotografías y videos de los rótulos gubernamentales.

Mora sostuvo que no ha sido notificado si ha habido algún decreto confiscatorio o una resolución judicial sobre los bienes incautado a 100 % Noticias.

“Es un robo a mano armada, es una violación a la propiedad privada y es un mensaje a que ninguna de tus propiedades es tuya”, señaló Mora, para quien el Estado está enviando un mensaje a todos los nicaragüenses y los inversionistas.

“El mensaje es a todos y cada uno de los nicaragüenses: usted no es dueño de su propiedad privada, de su casa, de nada. Es un mensaje a los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande. Es un mensaje a los inversionistas: en Nicaragua no se respeta la propiedad privada”, continuó.

La tiranía roba los bienes de sus ciudadanos

El activista de derechos humanos nicaragüense Juan Carlos Arce dijo que 24 meses después de haber ilegalizado a las nueve ONG, “el Gobierno (de Ortega) ha materializado la confiscación”, una figura que está prohibida en la Constitución Política.

“De tal manera que es una acción desprovista de legalidad, es una acción ilegítima y que se enmarca en una arremetida contra sociedad civil y contra medios de comunicación”, argumentó Arce, abogado de profesión.

Los organismos a los que el Parlamento despojó de su legalidad son el Cenidh, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.

También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.

Además, hace dos años allanó y se tomó por la fuerza los edificios donde funcionaban 100 % Noticias y el grupo de medios dirigidos por Chamorro.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y la tiranía reconoce 200.

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