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Por Eduardo Zalovich *
América Latina vive una época de riesgo para la estabilidad democrática de varias naciones. Así como en la década del ’70 predominaron las dictaduras militares de derecha, hoy existen regímenes autoritarios de izquierda como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, se viven momentos de tensión en Perú, Colombia, El Salvador y Bolivia. Es interesante ver la misma mentalidad en todas las dictaduras, más allá de su discurso ideológico. Igual que ocurrió en nuestro país desde 1973 a 1985, siempre las críticas al gobierno se definen como “ataques al país”, y los opositores no son ciudadanos que legítimamente piensan diferente, sino “traidores al servicio de poderes extranjeros”.
Nicaragua vivió durante décadas la tiranía hereditaria de la familia Somoza en el siglo XX. El hijo menor, Anastasio Somoza Debayle, asumió la presidencia en 1967. Se benefició del crecimiento del país desde la década del ’50 hasta los ’70. Tras el terremoto de 1972 y la brutal corrupción oficial, la oposición creció a pasos agigantados. En 1978 fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro, un demócrata, director del diario La Prensa y duro crítico de Somoza. Los asesinos formaban parte del círculo íntimo del dictador. En 1979, la guerrilla sandinista tomó el poder. Somoza huyó y se instaló en Paraguay, donde fue asesinado en 1980.
El entonces presidente Jimmy Carter aprobó una ayuda económica de 60 millones de dólares a Managua, pero la suspendió cuando hubo evidencia del envío de armas a guerrilleros salvadoreños. En respuesta al sandinismo, se crearon grupos rebeldes armados, conocidos como los “contra”, con apoyo de Estados Unidos. Durante esta guerra trágica —como todas— murieron más de 30,000 personas. En las elecciones de 1984 el líder sandinista Daniel Ortega ganó la presidencia. El régimen fue acusado de violaciones a los derechos humanos y de creciente autoritarismo. En 1990 una coalición opositora encabezada por Violeta Chamorro, viuda del periodista, derrotó al oficialismo con una mayoría del 55 %. Fue la primera mujer presidente de Nicaragua y asumió el poder con una economía en ruinas. En 1996 y 2001 el Frente Sandinista (FSLN) fue nuevamente derrotado por Partido Liberal Constitucional (PLC).
En 2006, Daniel Ortega recuperó la presidencia con el 38 % de los votos y fue reelegido en 2011 con el 62 %. En 2014, la Asamblea Nacional modificó la Constitución para permitir un tercer mandato consecutivo. En 2016, Ortega fue electo, ya en un clima sin libertad y bajo acusaciones de fraude. La oposición democrática afirmó que el 70 % de los votantes se había abstenido.
Naufragio de la democracia
En 2018, se produjeron enormes protestas populares, con la activa participación de estudiantes universitarios. Más de 300 manifestantes murieron, en la peor ola de violencia política en décadas. El diálogo prometido por el Gobierno nunca ocurrió. El 7 de noviembre próximo están programadas elecciones nacionales en Nicaragua, pero Ortega y su esposa se encaminan a imponer una dictadura total. Cinco candidatos a la presidencia de la República están detenidos, incluso antiguos compañeros de lucha, como el general (R) Hugo Torres y Víctor Tinoco, quien fue vicecanciller.
Cristina Chamorro, la candidata más popular, fue puesta en arresto domiciliario. Heredera de una de las familias más influyentes de Nicaragua, cuya madre gobernó el país, dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes, con donaciones de Estados Unidos, lo que llevó al Gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión ¿Pruebas? Ninguna. Arturo Cruz, también candidato, fue arrestado por “conspirar contra la sociedad nicaragüense”. Un delito indefinido, imaginario. Asimismo, se aprobaron una serie de leyes que permiten detener a cualquier ciudadano que critique al presidente.
En Nicaragua existe de hecho un estado de sitio. Todas las ciudades están militarizadas, con patrullaje permanente. La situación política se acerca al estado de partido único, clave del totalitarismo de cualquier signo. Las protestas se han prohibido. “Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política”, declaró Eliseo Núñez, un analista político opositor. “Estamos muy cerca de definir a esto como dictadura”.
El creciente autoritarismo implica también un desafío para el presidente Joe Biden, que considera el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas un pilar de su política exterior regional. Se han impuesto sanciones contra los principales colaboradores de Ortega, incluida la vicepresidente Rosario Murillo, su esposa y portavoz. “Definitivamente estamos viendo qué acciones tomar para responder a la represión política”, dijo el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González. Según Carlos Tunnermann, integrante del Gobierno revolucionario en los ’80, “el sandinismo ha demostrado que está listo a hacer cualquier cosa para mantener el poder”. La junta electoral, subordinad al gobierno, amenazó prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia. O sea: ser opositor es delito.
La situación en Nicaragua es muy dura, con una economía en crisis, represión política y el agregado de la pandemia, mal manejada por el Gobierno. “La importante dependencia de las exportaciones a Estados Unidos y los créditos internacionales financiados por Washington, significa que las sanciones son una amenaza seria para el régimen”, afirmó Tiziano Breda, analista del International Crisis Group.
La represión apunta a eliminar cualquier competencia electoral libre, porque Ortega sabe que perdería. Según líderes opositores “más del 70 % de la gente quiere que se vaya”. Pero según él “todo es una estrategia del Gobierno americano y el colonialismo europeo, para destruir a mi Gobierno y a Nicaragua… todos estos dirigentes políticos son títeres del imperialismo”. Una afirmación que ya no convence a nadie.
Uruguay trancó bien y fuerte OEA
El régimen marxista-leninista de Managua está cada vez más aislado en América Latina, y bajo una fuerte presión internacional para que detenga los arrestos a dirigentes opositores. Uruguay votó la resolución de la OEA que condenó al gobierno de Ortega, le exigió la liberación de los detenidos y garantías de elecciones libres en noviembre. En una sesión virtual del Consejo Permanente del organismo, el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, declaró: “Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación… así que, ¿qué consejo nos viene a dar señor embajador?”, preguntó. Realmente una hipocresía total, porque más allá de simpatías políticas, el gobierno de Luis Lacalle Pou respeta escrupulosamente la democracia.
La respuesta de Washington Abdala, representando al país, fue demoledora. “Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura, que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente, y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática”, afirmó.
“No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación y una infamia de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio, ni en ningún otro territorio”, y con tono más fuerte agregó: “Sepa que, si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar acorde y en consecuencia, como corresponde. (…) Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió suspender a Nicaragua del organismo tras la “ruptura del orden democrático” y la “arremetida sin precedentes” contra la oposición. Por ello solicitó al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos, realizar una reunión para “considerar la activación de los mecanismos necesarios para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. El mismo establece que un país puede ser suspendido si dos tercios de los estados deciden que se produjo la “ruptura del orden democrático y las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
Almagro afirmó que el gobierno de Managua “se ha embarcado en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales”. Agregó que esto se suma a la “previa existencia de presos políticos” así como a “la continua violación de los derechos humanos y las libertades civiles” junto a “la reciente aprobación de leyes que restringen aún más los derechos políticos y concentran el poder absoluto en el Ejecutivo”.
La situación nicaragüense nos recuerda que todas las dictaduras implican lo mismo: el poder absoluto utilizado para eternizarse, eliminar opositores, suprimir libertades y manejar un país como un feudo medieval en beneficio del señor, dueño de vidas y bienes. Y todas, sin excepción, tienen un común denominador: la crueldad.
Eduardo Zalovich es historiador viviendo en Israel.
