El Departamento de Salud de Puerto Rico aclaró que no se aceptarán las pruebas de antígeno caseras como requisito de evidencia semanal en el trabajo presencial para los empleados que no quieran vacunarse.
”Emitimos este comunicado para informar a los patronos sobre la política pública del DS y se establece que, para propósitos de cumplir con el requisito de una prueba semanal para el trabajo presencial, solo se aceptarán las pruebas de antígenos realizadas por profesionales de salud autorizados y de las pruebas de ampliación de ácido nucleico (NAAT), conocidas también como pruebas moleculares”, explica una carta de la agencia a los patronos, reseñada por Noticel.
Excluidas pruebas de antígeno caseras
Es decir, quedan excluidas para este requisito las pruebas de antígenos que cuentan con la autorización del uso de emergencia de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y que son de venta libre en las farmacias.
”Reiteramos la política pública del Departamento de Salud sobre el uso de las pruebas moleculares como las pruebas más certeras para la detección del SARS-coV-2, el virus que causa el Covid-19″, concluye.
El gobernador, Pedro Pierluisi firmó diferentes Órdenes Ejecutivas para exigir la vacunación en centros de trabajo presencial, tanto públicos como privados.
Estas hacen compulsoria la inoculación en empleados de la industria de la salud, la rama ejecutiva, contratistas del Gobierno, trabajadores y huéspedes de hospederías, gasolineras, restaurantes, supermercados y gimnasios.
Las mismas Órdenes Ejecutivas especifican las excepciones: las personas con condición médica cuya salud pueda perjudicarse (deberán presentar una constancia certificada por un profesional de la salud) y las personas que por motivos religiosos decidieron no vacunarse tendrán que comprobarlo mediante declaración jurada del líder de su congregación.
«Los que no cumplan estarán expuestos a multas de hasta 6 meses de cárcel o multa que no excederá $5,000, o ambas penas a discreción del Tribunal», advirtió el gobernador Pedro Pierluisi.
Sin embargo, empleados de carrera del Gobierno de Puerto Rico demandaron al Ejecutivo de la Isla, Pedro Pierluisi, en el Tribunal Federal por ordenar la vacunación obligatoria contra el coronavirus.
Alegaron que es una violación a sus derechos constitucionales. Por ello, solicitaron que se declare inconstitucional y nulo hasta que la FDA proporcione la aprobación completa de la vacuna, reseñaron medios locales.
En ese sentido, proponen ante el Tribunal Federal que cada agencia pública permita a las personas que no quieren vacunarse trabajar de forma remota, sin necesidad de presentar una declaración jurada o certificado médico.
Asimismo, un grupo de privados interpuso una demanda al gobernador de Puerto Rico y a su secretario de Salud, Carlos Mellado, en el Tribunal Federal alegando que sufren daños tras el requerimiento de la certificación de la vacunación contra el Covid-19 al sector.
La compañía de helados Tropical Chill; una empleada de una farmacia en el municipio Manatí, Alexandra Irizarry; una propietaria de Hillside Cabin, en Mayagüez, Yasmín Vega; y un empleado de almacén de un supermercado en San Germán, René Matos, solicitan al juez federal Raúl Arias Marxuach que declare inconstitucional el mandato sobre la vacunación, reseñó El Vocero.
La justificación de la demanda ante el gobernador y el secretario de Salud se debe a la violación del derecho a la integridad física, a la toma de decisiones médicas y a la privacidad. Además de que se viola la libertad económica y los derechos propietarios.
