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Resulta llamativo que el presidente Joe Biden haya elegido la comunicación virtual, y no un cauce de interlocución directo y oficial como la Casa Blanca, para celebrar una controvertida reunión con una treintena de líderes del exilio cubano, después las multitudinarias protestas ocurridas en la isla hace apenas unas semanas.
Pero llama aún más la atención que en una cita oficial de esta trascendencia, se haya excluido a los senadores y congresistas que representan los intereses de la gran mayoría de ciudadanos cubanos que viven en el exilio en la Florida y que tienen la función de representar y encauzar las preocupaciones de esta emblemática comunidad, ávida en ofrecer su apoyo y solidaridad a los que protagonizaron el histórico levantamiento popular del 11J.
Por mucho que fuentes del Partido Demócrata —y medios y periodistas afines a estos intereses— hayan querido transmitir una imagen de consenso a la hora de acreditar el proceso de selección de los interlocutores que participaron en este grupo de trabajo, del que también han sido excluido otros líderes históricos del exilio que pueden jugar un papel fundamental en cualquier proceso de transición democrática en Cuba, lo cierto es que con esta arbitraria decisión se ha negado el derecho constitucional a un acreditado grupo de legisladores de origen cubano, conocedores de primera mano de la situación que vive el país, cuyos análisis y propuestas para buscar un cambio en la isla son tan legítimos como los del resto de los convocados.
No hay motivo para dudar de la buena voluntad de las figuras que tuvieron el privilegio de participar en esta selectiva reunión, en su gran mayoría simpatizantes del Partido Demócrata, como es el caso de Eduardo Padrón, expresidente del Miami Dade College; los músicos Gloria y Emilio Estefan; el actor Andy García, la directora ejecutiva de la Casa Cuba en la Universidad Internacional de Florida y los empresarios Carlos Saladrigas y Rick Herrero, directivos del Cuba Study Group, una de las organizaciones que apoyó la política de acercamiento y normalización de relaciones del presidente Barack Obama con el régimen de La Habana y la que insiste en un compromiso diplomático renovado con Cuba por parte de la actual administración.
Pero tampoco los hay para creer que después de décadas de propiciar todo tipo de acercamiento, utilizando estrategias “resilientes” que confluyan —en lo que muchos de ellos definen como el favorecimiento de una “normalización constructiva”— sin necesidad de un cambio de régimen en la isla, estas personas no hayan conseguido absolutamente nada concreto salvo una clara lección sobre cómo no negociar con el autoritarismo.
El pasado viernes, Biden, confundiendo su rol de mediador, ha vuelto a escenificar otra pantomima diplomática. El presidente ha convocado —esta vez en la Casa Blanca— a otro grupo de activistas cubanoamericanos en un nuevo intento de dialogo político para analizar la situación de Cuba y considerar una eventual imposición de sanciones.
Excepto el músico Yotuel Romero, compositor de la canción “Patria y Vida”, el resto de los emplazados —el presidente del Partido Demócrata en Florida y exalcalde de Miami, Manny Díaz; la cofundadora del Miami Freedom Project, Ana Sofía Peláez; el CEO de eMerge Americas y cofundador de Roots of Hope, Felice Gorordo y el productor musical Emilio Estefan—, son personalidades próximas a la agenda del Partido Demócrata que en ningún caso priorizan la salida inmediata y sin condiciones de los Castro y su camarilla del poder.
Este sería el segundo intento de encuentro de exploración en menos de una semana sin que Biden invite a los senadores y congresistas de origen cubano. Iniciativas similares se produjeron en los años de la administración de Barack Obama, pero ninguna tuvo un desenlace efectivo.
Presionar con firmeza
La política de gestos con las dictaduras es siempre peligrosa. La imagen de comedimiento que quiere transmitir Biden con estas rondas de contactos recuerda, en efecto, la política de acercamiento con Cuba impulsada por el expresidente Obama, desautorizando al mismo tiempo las voces más críticas del exilio que piden a su administración mano dura con el régimen de La Habana.
Su estrategia de pacificación y diplomacia ingenua, su afán de desacreditar al exilio cubano como una comunidad intransigente y revanchista y, al mismo tiempo, de atemperar el desafecto contra la dictadura sobre la idea de que si alguien tiene que ceder son los millones de desterrados cubanos que viven en el mundo y no la dictadura arbitraria y opresiva que oprime por más de 60 años al país, sigue ofreciendo a Raúl Castro y a sus secuaces legitimidad sin apenas contraprestaciones, una fórmula de negociación más que provechosa para un déspota decidido a perpetuarse en el poder.
Se sabe que los Estados Unidos no intervendrán militarmente en Cuba. Pero una cosa es mantener el pulso y presionar con firmeza en todos los frentes para forzar una transición a la democracia, y otra muy diferente es ofrecer un nuevo salvavidas al castrismo.
De momento, las medidas ordenadas por la Casa Blanca al Departamento de Estado con respecto a Cuba son cínicas: considerar la ampliación del personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, así como determinar la creación de un grupo de trabajo que evaluará opciones para el envío de remesas a las familias cubanas.
¿Quién está detrás de estos encuentros? Curiosamente, Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para el Hemisferio Occidental.
Durante la administración de Obama, González como subsecretario de Estado adjunto para asuntos americanos legitimó las relaciones con el régimen castrista, interpretando siempre la situación de los cubanos desde una falsa paridad entre el régimen y quienes lo padecen.
Entre sus logros quedan algunos acuerdos románticos en materia antidrogas, medioambiente y tráfico de personas, la mediática excarcelación del americano Alan Gross y la liberación puntual de algunos presos políticos que no detuvieron la represión ni fueron seguidas de una apertura sincera.
A partir de este momento, la desconfianza se ha ido arraigando en los sectores más críticos de la oposición cubana, donde los funcionarios del equipo de Obama encargados de los acuerdos entre la administración americana y el régimen castrista —los mismos que ahora trabajan para Biden—, hace tiempo que son vistos como un obstáculo para la democracia en Cuba.
González y un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, Justicia, Tesoro, Comercio y Defensa, entre otros, supervisados por la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pudieron en 2015 aprovechar su acceso al régimen cubano para hacer entender a sus dirigentes que debían ganarse con hechos la creación de un escenario de diálogo intergubernamental. Pero no lo hicieron.
Olvidaron, una vez más, que cualquier proceso de negociación con la dictadura castrista debe condicionarse al establecimiento de una ruta democrática y verificable, cuyo primer paso sería el respeto a los derechos humanos y la convocatoria de elecciones libres.
¿Cómo es posible que Biden otorgue sólo a un grupo de artistas, profesionales y empresarios bien intencionados el estatuto de interlocutor político? ¿Cómo es posible que el presidente, al aceptar este tipo de reuniones sesgadas —así se deslegitima la democracia—, convierta a los miembros del Senado y del Congreso en convidados de piedra? ¿Cómo es posible que Biden, convencido de la compleja situación que atraviesa Cuba, sea la persona más desinformada de USA?
Pareciera entonces que cualquier intento de diálogo con el régimen cubano pasa inexorablemente por aceptar las condiciones de quienes asesinan, transgreden la ley y violan diariamente los derechos fundamentales.
Negociación, una palabra desvirtuada cuando una de las dos partes se niega a renunciar a su chantaje, es sinónimo de cesión. Por eso, el llamamiento partidario de Biden al entendimiento no se corresponde con su papel de mediador ni con los principios que deben guiar su actuación de árbitro en un país que demanda urgentemente una transición democrática.
Y aunque el mandatario haya, por fin, calificado de régimen fallido y represivo a la dictadura castrista, la actitud complaciente de su gobierno ante el criminal y radicalmente ilegítimo régimen que subyuga Cuba sigue siendo de una cobardía rayana en la complicidad.
Estrechar el cerco contra los criminales
Basta con revisar la prensa en estos días para confirmar las numerosas llamadas al diálogo, a la mediación e incluso a la exploración de todo tipo de vía de negociación con la dictadura cubana. Muchas de ellas son bienintencionadas y de buena fe; otras, sin embargo, no lo son, pues claramente responden a estrategias de propaganda que buscan crear un clima de opinión que señale al exilio cubano como autoritario, inflexible, cerrado al diálogo y, en último extremo, responsable de la crisis que vive el pueblo cubano.
Y en las circunstancias que nos enmarcan, esa falta de firmeza democrática es especialmente inaceptable, con una población masacrada, perseguida y encarcelada frente a una dictadura militar abusiva y entregada a la destrucción del país.
En sus más de seis décadas de poder absoluto, la dictadura cubana ha desarrollado una extraordinaria habilidad para explotar los titubeos y las debilidades de la comunidad internacional.
El único tipo de diálogo que debería apoyarse en el caso de Cuba solo puede tener lugar una vez que el régimen libere a los presos políticos y manifestantes encarcelados, convoque elecciones libres, restaure el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
Esa es la prioridad absoluta e innegociable a la que ningún Estado democrático como es USA puede renunciar. Lo contrario sería someterse a un chantaje basado en la posición de fuerza, la chulería política y la ilegalidad más flagrante.
Para evitar el secuestro de la opinión general y soberana, hay que desenmascarar a los oportunistas del diálogo, a los que hacen política con las supuestas aperturas y las falsas reformas, cuya intención es confundir y manipular a la opinión pública para poner en riesgo aún más la convivencia de la sociedad civil cubana, ya de por sí sometida a un terrible régimen de terror.
Alentar las esperanzas de que el acercamiento diplomático con una dictadura en fase terminal ayudará a la normalización de las relaciones entre USA y Cuba, constituye un temerario error. En ese sentido, resultan más peligrosos que nunca los llamados demagogos de la pacificación, los que se reservan el papel de políticamente correctos y quienes utilizan la palabra negociación como refugio de su supremacía intelectual y especulativa. Este tipo de estrategia dilatoria, lejos de ayudar, genera frustración entre los ciudadanos y desprestigia el método
Castro, Díaz Canel y su corifeo de propagandistas no pueden ni deben condicionar el proyecto de liberación democrática de los cubanos. Nadie debería confundir la demanda reiterada de un pueblo por su libertad con una sugerencia a un diálogo sobre aquello de lo que uno de los interlocutores está incapacitado por su naturaleza autoritaria a poner en práctica.
Mientras tanto, la administración de Biden —también lo hizo la de Obama— históricamente indiferente ante las ofensas recibidas desde La Habana, no ha llamado siquiera al jefe de la Misión diplomática de Cuba en Washington a consultas. Y con toda la inercia del mundo, mientras en las calles cubanas corre la sangre inocente, Biden adopta el lenguaje, las propuestas y los análisis que complacen al régimen castrista. El presidente, con gesto grave y solemne, amenaza con remesas e internet, ajeno a la razón de un todo un pueblo que busca la libertad sin condiciones de la dictadura que los oprime.
Es imposible creer en la posición infantil de Biden basada en la magnanimidad de las remesas, el mantra de las nuevas tecnologías, la concordia, y en una sospechosa agenda de encuentros.
Esa no es la actitud digna de un gobernante que quiere la democracia para Cuba. Hay que estrechar el cerco sobre los criminales y socavar los viciados cimientos de un régimen sanguinario. No hay un minuto que perder, pues el tiempo corre en beneficio de la dictadura y en perjuicio de los luchadores por la libertad.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”
Más razon que un santo siempre digo que las dictaduras fascismarxistas son más duras de caer. Las personales muere el dictador y todo se acaba, aquí el dominio del partido es absoluto y exige una revolución popular constante. Véase países del Este. Al final ellos negocian con presos que no merecen estar en la cárcel y así consiguen que no se les piden y obligan a cambiar