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Más de una decena de empresas fabricantes de armas perdieron este miércoles una defensa que les daba inmunidad legal en Nueva York contra víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionados con la violencia armada, según decidió una jueza federal.
La ley permite al estado de Nueva York, sus administraciones locales y ciudadanos denunciar a vendedores, fabricantes, distribuidores y promotores de armas por causar un “perjuicio público”, un concepto técnico que se interpreta como crear condiciones de “peligro para la seguridad y la salud públicas”, aun cuanda las empresas no tengan ninguna relación con el uso que le den a las armas los compradores.
Fabricantes como Glock, Beretta y Smith & Wesson, así como el grupo National Shooting Sports Foundation, habían pedido que se paralizara y declarara inconstitucional esa ley estatal que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es responsabilizarlos por “daños a la sociedad”.
La decisión de la jueza Mae D’Agostino, de un tribunal de Albany -la capital de Nueva York- se produce un día después del tiroteo en una escuela elemental en Uvalde (Texas), donde un joven de 18 años mató a 19 niños y dos profesores, y que pasa a ser uno de los más mortíferos del país.
Los fabricantes y su patronal llevaban meses intentando paralizar esa legislación de control de armas -aprobada por el exgobernador demócrata Andrew Cuomo- con una moción que fue desestimada hoy por la jueza, quien dio la razón a las autoridades y ordenó cerrar el caso, según el documento revisado por la agencia Efe.
La fiscal neoyorquina demócrata, Letitia James, reaccionó a través de Twitter a la decisión, considerándola una gran victoria.
La ley que finalmente se mantiene obliga también a los fabricantes de armas a establecer y utilizar controles y procesos razonables para evitar que sus productos cualificados sean apropiados, utilizados, promocionados o vendidos ilegalmente.