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Si el 2020 fue un año furioso, el 2021 no se está quedando atrás. La manifestación organizada por la campaña Trump, como todos saben, terminó con un asalto casi sin precedentes al Capitolio. Un hecho que trajo y traerá consecuencias inequívocas y que pone en riesgo, como dijo Tucker Carlson, los derechos básicos de los americanos. Y que ahora —luego de la suspensión definitiva de Twitter a la cuenta personal del presidente de los Estados Unidos—, vuelve a poner en el ojo del huracán a la sección 230 y el poder que tienen las big tech para influir en el debate político.
El contexto del debate y la derogación de la sección 230
Este debate no es nuevo. Durante el 2020 se discutió el problema debido a la censura de las big tech al presidente Donald Trump durante la campaña electoral, y luego se intensificó tras la directa censura de plataformas como Twitter y Facebook al periódico conservador New York Post.
La explicación de Twitter sobre la censura al diario —tras revelar una exclusiva sobre los negocios de Hunter Biden en el exterior—, dejó más dudas que certezas. La red social argumentó que el artículo incumplía sus reglas contra el pirateo y que no podía corroborar la fuente de la información del Post. Por otra parte, Facebook no eliminó el artículo definitivamente como Twitter, pero sí decidió que no circulara masivamente hasta que sus fact checkers verificaran si la información era fidedigna.
Pero la polémica ya no gira en torno a la censura del New York Post, sino en la suspensión definitiva de la cuenta personal de Trump para, según la red social, «prevenir la incitación al odio». Después de Twitter, otras plataformas se unieron a la decisión y suspendieron al presidente americano.
Ambos casos son vinculantes y no excluyentes, porque las dudas son las mismas: ¿hasta dónde las big tech puede o no regular el contenido? ¿Hasta qué punto tienen la autoridad para decidir qué es odio o quién lo incita? ¿Los moderadores de contenido pueden determinar qué es un fake news y qué no? ¿Puede el gobierno meter mano en las big tech para regularlas o es mejor que se autorregulen? Es clave responder las preguntas y, sobre todo, demostrar porque la derogación de la sección 230 como parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 no es pedir una mayor intervención estatal, sino, muy al contrario, limitar el rol del Estado en la censura de las big tech.
Para ello, hay que analizar el debate profundo que se está llevando adelante.
¿La censura de un privado es tolerable?
Hay quienes han planteado la situación de que Twitter puede censurar al presidente o al New York Post porque es una empresa privada y tiene derecho a hacer cumplir sus reglas. Alegan que, en todo caso, lo correcto sería salir de Twitter, criticar la red y buscar una alternativa que el mercado te está facilitando.
Pero esta postura, altamente dogmática, es excesivamente injusta en la práctica. ¿Por qué el New York Post tendría que irse de Twitter después de años cultivando una audiencia solo porque la red dejó de ser una trinchera de libertad plena para convertirse en una plataforma que regula el contenido según una percepción ideológica subjetiva?
Si ahora Twitter, Facebook y las principales plataformas tecnológicas que conforman las big tech están protegidas por la sección 230 es, en gran parte, porque son foros públicos donde los ciudadanos, los medios, los políticos y los movimientos tienen el derecho de publicar y difundir sus ideas.
Si estas plataformas gozan del beneficio de que los usuarios no pueden demandarlos es, justamente, porque no intentan callar voces. Es prácticamente un acuerdo entre dos partes: si eres un foro público donde cada persona tiene derecho a expresarse, pues, no es justo que te demanden por ello. Eso se había respetado hasta que los propios usuarios solicitaron a las plataformas mayor control de los comentarios, eso fue creciendo paulatinamente hasta llegar a la suspensión permanente del presidente de los Estados Unidos.
La regulación del contenido por un privado y el papel del Estado
Al actuar Twitter suspendiendo definitivamente la cuenta del presidente o, como hizo anteriormente, prohibir que circulara el importantísimo reportaje del New York Post, la regulación del contenido es contundente. No puedes hacer nada porque la red decide. Si el Post intentara actuar, legalmente, contra Twitter, la ley (sección 230) —el Estado— protege a la empresa.
Cuando se pide una derogación de ley, literalmente, no se está pidiendo mayor intervención estatal sino todo lo contrario, se pide que la ley deje de proteger a Twitter. Que no se entrometa y que la justicia determine si lo que están haciendo está bien o mal.
Hay un argumento que está mal planteado cuando se critica la derogación de la sección 230 por parte del gobierno, pues no se está pidiendo que el Estado actúe sobre un privado, sino que deje de hacerlo.
«Las big tech no censuraron a Trump», otro argumento debatible
Hay muchas personas que alegan que las big tech no censuraron a Trump, sino que lo castigan por incumplir sus normas. Esta discusión tendría cabida, por ejemplo, si Twitter y Facebook no hubiesen censurado al Post durante varias semanas. Recuerden que el New York Times, días antes de la historia, había sacado una sobre los impuestos de Trump sin ninguna fuente clara y que sugería indicios de una obtención cuanto menos poca ética. Ese artículo no fue censurado.
Al mismo tiempo, surgen otros debates: ¿está bien castigar a Trump permanentemente por «prevenir la incitación al odio» pero no se hace lo mismo con otros líderes que han publicado, incluso, cuestiones más graves?
Hace poco la embajada de China en DC publicaba un estudio de dudosa procedencia donde, básicamente, se justificaba el genocidio y la persecución contra los uigures. Estuvo allí varios días el tweet, recién hoy, luego de toda la presión señalando la incongruencia de las políticas, se eliminó el contenido. Demasiado tarde, eso también retrata las costuras.
El líder del Ayatollah describió en Twitter a Israel como «cáncer» y dice que hay que destruirlo. Ahí está el hombre, con la cuenta intacta.
En Twitter recorre la cabeza de Trump decapitada, no se censura tampoco.
Hay un doble estándar claro, el discurso de incitación al odio termina siendo una percepción meramente subjetiva de la empresa y termina siendo una moderación de contenido ideológicamente sesgada. Siendo Twitter, por ejemplo, un foro público de gran importancia en el debate político, que se editorialice el contenido de voces de conservadores es un ataque directo a la libertad de expresión.
¿Es un ataque a la primera enmienda la censura o la regulación de contenido de las big tech?
Esta es, probablemente, la discusión más difícil de todas. Porque quien regula es un privado, no el gobierno, pero, al mismo tiempo, la ley sí tiene un rol determinante dentro del papel de la censura al tratar de forma especial a las big tech.
Sería fatal arrogancia determinar desde esta tribuna si Twitter o cualquier componente de las big tech está atentando contra la primera enmienda, pero, si el Estado tiene un rol en la censura, aunque no sea el perpetrador oficial —a lo sumo un cómplice pasivo— el debate debe darse y de forma urgente.
Es un tema complejo, el poder de las big tech llegó al punto de censurar a un diario americano histórico, atentando contra la libertad de prensa. Pero, lo más dramático es que han demostrado tener la fortaleza suficiente para silenciar al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quedará para los ciudadanos americanos?
Y el hecho más preocupante es que, importantes voces demócratas, actores de Hollywood y un 50 % del país están a favor de la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump y los más de 80 millones de personas que lo seguían.
Michelle Obama pide la suspensión definitiva de la cuenta y 24 horas después llega la decisión definitiva, incluso después de que Trump —tarde y todo lo que quieran— condenara a los que tomaron el Capitolio. Luego, después de la suspensión, Hillary Clinton exhibe la decisión como un trofeo.
Factor ideológico en la derecha
La izquierda y centro izquierda americana está claramente a favor de la decisión de Twitter. Pero, en la derecha, hay pensamientos encontrados, sobre todo entre los menos y más conservadores.
El problema del dogmatismo ideológico es que a veces se cae en soluciones lentas para situaciones que necesitan atenderse de forma inmediata.
¿Puede el libre mercado romper el monopolio de las big tech? Quizás al largo plazo sí, pero ahora no. Es imposible que Parler, hoy por hoy, compita con Twitter; la segunda es superior a la primera en todo sentido, incluso en el aspecto técnico. La única oportunidad que tiene Parler sobre el pajarito azul es que promueve libertad de expresión sin restricciones y, justo por eso, las tiendas de apps de Android y Apple la banean.
Al mismo tiempo, muchos liberales y defensores de la propiedad privada —con razón— están en contra de que el gobierno regule un privado. Pero hay que dejar el dogmatismo de lado y ver la realidad: aquí los conservadores no están pidiendo que una ley regule un privado, se está pidiendo que el Estado deje de ser cómplice de un privado que coarta la libertad de expresión por intereses comerciales, ideológicos y políticos.
Esta situación va a seguir escalando, será cada vez peor, y hay dos soluciones: la derogación sección 230, que puede, lastimosamente, terminar con las redes sociales tal y cómo las conocemos o, en su defecto, que las big tech dejen de editorializar, algo que luce utópico.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
Contacto: [email protected]
Excelente análisis. En Latinoamerica poco se conoce del contenido, alcance y fundamentos de la sección 230. Hay que seguir evangelizando porque esto es una batalla cultural en pleno desarrollo, y aceptar la dictadura de las bigtech homologaría a Occidente con el régimen del partido comunista chino.