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Ocho integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) comenzaron a manifestar síntomas de deterioro en su salud este lunes, 17 días después de declararse en huelga de hambre en Santiago de Cuba, aseguró el líder disidente José Daniel Ferrer, quien encabeza esa protesta contra la represión.
“Unas 39 personas permanecen en huelga de hambre junto a la Unpacu. El estado de salud de ocho huelguistas es grave, tras más de dos semanas de ayuno continuado”, publicó en su cuenta de Twitter Ferrer, coordinador general de la organización disidente.
El expreso político advirtió que “están muy débiles” varios de los activistas que le acompañan en el ayuno en Santiago, situada unos 900 kilómetros al este de La Habana.
Ferrer denunció esta tarde la detención de su esposa, su hija y una activista de su grupo, tras salir de la sede de Unpacu que es también su domicilio.
“Detenidas mi esposa Dra Nelva Ismarays Ortega, mi hija de 16 años de edad Fátima Victoria Ferrer y la activista Yaniris Popa cuando iban a visitar a huelguista Niuvis Biscet, que se encuentra en muy mal estado de salud”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ferrer inició el 20 de marzo un ayuno -al que se sumaron activistas y simpatizantes dentro y fuera de la isla- para reclamar el fin de los actos de represión y hostigamiento contra los disidentes, así como de un cerco policial que mantiene sitiada la sede de la Unpacu desde hace casi tres semanas.
José Daniel Ferrer, de 50 años, integró el “grupo de los 75” disidentes en el año 2003 durante la ola represiva conocida como “primavera negra”, liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.
Fue uno de los doce miembros de ese grupo que decidieron permanecer en Cuba tras su excarcelación.
Desde entonces ha sido detenido en innumerables ocasiones, la más prolongada entre octubre de 2019 y abril del año pasado.
El líder de Unpacu permaneció seis meses en prisión preventiva hasta que en abril de 2020 le fue impuesta una sanción de reclusión domiciliaria de 4 años y medio tras ser juzgado a puerta cerrada, en un caso que concitó críticas internacionales, entre ellas las del Parlamento Europeo.
