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Otra contingencia anticrisis post COVID-19 es posible en Europa

La sovietización de la Unión Europea es un hecho, suene como suene.

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Las incertidumbres y tensiones sobre el llamado “fondo de contingencia  anti-COVID19” siguen manifestándose en Europa. En principio, el pasado mes de julio, quedó aprobado que, desde las instituciones eurocráticas, se suministrarían unos setecientos cincuenta millones de euros a los distintos Estados-miembro.

En ese momento se aprobó también un proyecto presupuestario para los próximos años, cuya cantidad excede el millar de millones de euros. Buena parte de la dirigencia socialista europea estaba muy “ilusionada” por lo que llegaban a considerar como un nuevo Plan Marshall, aunque de “orígenes no americanos”.

En primavera, hubo ciertas reticencias sobre las cantidades a asignar. Un grupo de países del Norte de Europa entre los cuales figuraban los Países Bajos (ganadores de la etiqueta de “países frugales”) consideraba que no se podía dilapidar dinero sin ninguna clase de condicionante macroeconómico (reformas o rebajas de gasto).

De hecho, el Ministro de Finanzas neerlandés, Wopke Hoekstra, llegó a instar a una investigación de la situación presupuestaria de países como Italia y España, cuyos niveles de deuda no figuran entre los menos astronómicos de la Eurozona. No obstante, pese a ello, no ha habido tanto rigor condicional, como ocurrió en su día (no solo ante la entrada de Grecia en el área en cuestión).

Ahora bien, en las últimas semanas se ha intensificado otra situación de tensión que en estos momentos mantendría bloqueada la dilapidación de ese dinero: un bloqueo por parte de Polonia y de Hungría, que al parecer se estaría rebajando en estos momentos, lo cual denotaría una enésima claudicación (igual no tan directa) del gobierno polaco de Ley y Justicia.

Se estaría imponiendo a ambos países del grupo del Visegrado un “compromiso” con el llamado “Estado de Derecho” que, en realidad, viene a ser un pretexto, ante problemas que igualmente se dan en países como España y Alemania, para imponer políticas que aminoren el control migratorio y faciliten el avance de la agenda de los ideólogos de género.

No obstante, el quid de la cuestión no será en este caso la discusión sobre el panorama macroeconómico de países del área mediterránea así como tampoco abordar en profundidad el problema ideológico contra el conservadurismo (a grandes rasgos) de Polonia (más tradicional y religioso) y de Hungría (más nacionalista).

Existe otro punto interesante en estas discusiones, al cual quiero referirme. Concretamente, considero, aunque suene políticamente incorrecto, que un enésimo programa de subvenciones e inyecciones de liquidez  no es ninguna clase de panacea para economía europea alguna.

La eurocracia es un obstáculo considerable al desarrollo económico

Si uno es remitido al Índice de Libertad Económica que anualmente elabora The Heritage Foundation, puede observar que, en promedio, la economía estadounidense aventaja a la europea en unos seis puntos aproximados. Obviamente, en el primer caso, depende de donde nos encontremos. Basta con comparar el nivel de intervencionismo entre Texas y California.

Por ese mismo motivo, se puede decir que, en el ranking global de la entidad en cuestión, entre los diez primeros puestos, solo figuran países como Suiza (no vinculada a la oficialmente denominada “Unión Europea”), Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Estonia (que desde 2014 supera a Extremadura, una región española de las menos pudientes, en términos de PIB).

Tampoco se puede negar que en algunos países europeos se han aplicado reformas encaminadas a un pequeño grado mayor de libertad económica (por poner ejemplos, las supresiones de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y el no establecimiento de un salario mínimo por parte del Estado), guiadas por el utilitarismo en muchos casos.

De todos modos, cabe advertir de que, según el Foro Regulación Inteligente, Bruselas aprueba al año más de 2.000 directivas y decisiones, suponiendo el conjunto regulador y legislativo eurocrático actual más de ciento cinco mil normas, acuerdos, sentencias y estándares, que no solo involucran lo más estrictamente económico.

La sovietización de la Unión Europea es un hecho, suene como suene. En líneas generales, la política económica se basa en armonizaciones de impuestos y normas (se piensa ya en presupuestos comunes, por ejemplo), en nuevos conceptos arancelarios y en regulaciones contrarias, por ejemplo, a la libre circulación automovilística y al uso de plásticos.

Es más, solo Skype consiguió convertirse en un servicio tecnológico europeo con proyección relevante internacional (fue desarrollado en Estonia). Ninguna entidad tecnológica está en el top ten mundial. De hecho, la única ocurrencia en motores de búsqueda fue potenciar un Google alternativo con colaboración estatal franco-alemana que fue un fracaso total.

Cambio de paradigma

Los predominantes sistemas de bienestar del Estado son un fracaso, se quiera reconocer o no. Distinto es que haya quienes prefieran perseverar en el error, o digan intentar salvarlos mediante pequeñas medidas de liberalización (por ejemplo, en Suecia, a fin de que en cierto modo, estas prestaciones fueran amigables en cierto modo con el mercado).

De hecho, más allá de las injusticias dicotómicas Norte-Sur, el plan de contingencia será un enésimo fracaso keynesiano, que solo asegurará un endeudamiento general mayor. Y sí, las políticas de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) solo aseguran impuestos encubiertos (inflación).

Por lo cual, lo que necesitamos es mayor descentralización y competencia. Que sea más fácil para los ciudadanos y empresas ahorrar e invertir, sin el continuo y problemático yugo estatalista. Menos impuestos, menos regulaciones, menos deuda, menos gasto y menos fraude de “reserva fraccionaria”.


Ángel Manuel García Carmona es Ingeniero de Software, residente en Madrid, España.

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