El presidente de la Coalición Provida y Familia de Puerto Rico, Mario Rosario Maisonet, solicitó este lunes que se permitan clases presenciales para aquellos niños cuyos padres decidieron no optar por la vacunación obligatoria que está vigente en la isla.
La exigencia fue dirigida al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a través de una publicación en Facebook en la que manifestó que los padres son quienes poseen la autoridad exclusiva para las decisiones en la crianza y educación de sus hijos.
“La Coalición defiende la libertad fundamental y el derecho natural humano de los padres como los primeros con autoridad exclusiva en la crianza, educación y cuidado de los hijos. Destacando que en Puerto Rico el derecho a la educación goza de un rango constitucional, llamamos al Estado a garantizar el derecho constitucional a la educación y en su modalidad presencial en igualdad de condiciones para todos los estudiantes”, dijo Rosario Maisonet en declaraciones escritas.
Así mismo, Rosario Maisonet se dirigió a Pierluisi para que “enmiende su acción y ejerza la equidad que él hace promulgar, tanto como el respeto y la no discriminación en este asunto particular”.
Por otra parte, el vocero de la Coalición expresó que la intención no es promover o fomentar la no vacunación, sino resaltar que solo los padres deben ser los pilares fundamentales en la elección de los menores.
“El rol de la coalición no es fomentar y/o promover una acción sobre otra, entiéndase vacunar o no vacunar. Sólo los padres tienen el derecho a decidir el curso de acción médica sobre los menores. La decisión de todo aspecto médico recae sobre los padres, en este caso a vacunarlos o no. Son los padres, basados en su libertad de conciencia y un análisis ponderado acudiendo a los profesionales de la salud de su confianza, los llamados a ejercer su criterio en la circunstancia particular de su propio hijo”, comentó.
Por último, Rosario Maisonet finalizó recordando que los “hijos no son del Estado” como para decidir por ellos y que hacerlo es un precedente “potencialmente peligroso que menoscaba el preciado balance democrático”.
Desde el mes de septiembre, cuando se reanudaron las clases tras más de año y medio de ausencia presencial, el gobernador Pierluisi decretó que para la asistencia de los menores entre 5 y 17 años a las aulas era requisito indispensable estar vacunados contra el Covid-19. De la misma forma, la orden se extendía al personal administrativo, docente y obrero.
