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Se ha debatido mucho sobre la introducción de los pasaportes COVID, cuyo objetivo es restringir las actividades cotidianas de los no vacunados. Los pasaportes COVID se han implantado en algunos países europeos, como Francia, y han despertado mucho debate y controversia también en Estados Unidos.
Por lo general, los llamamientos a la implantación de pasaportes COVID de gran alcance proceden del lado izquierdo del espectro político, mientras que la derecha tiende a mostrarse muy en desacuerdo con su implantación. Sin embargo, la alcaldesa demócrata de Boston se ha unido al coro de quienes se oponen a la medida, alegando que afectará de forma desproporcionada a los votantes negros y de minorías.
Kim Janey, que ha sido la alcaldesa en funciones de Boston desde que su predecesor se marchó a un puesto en el gabinete en marzo, dijo la semana pasada que exigir una prueba de vacunación para entrar en restaurantes, gimnasios y otros lugares “afectaría desproporcionadamente” a las minorías, y también comparó la medida con ejemplos históricos (como durante la época de la esclavitud) en los que se exigía a las minorías “mostrar sus papeles”.
Aunque la alcaldesa dijo entonces que lamentaba haber hecho una comparación entre los pasaportes COVID y la legislación de la época de la esclavitud, continuó con su firme oposición a imponer este tipo de sistema tan amplio. La alcaldesa dijo que tomar esa decisión supondría cerrar los barrios de mayoría negra o hispana, ya que son los que presentan menores tasas de vacunación que los blancos.
La oposición de Kim Janey a los pasaportes COVID es una interesante excepción en su partido
Janey, que también se presenta a la reelección, dijo que “en lugar de dejar fuera” a los vecinos donde viven las minorías, su administración está “llamando a sus puertas para generar su confianza” y convencerles de que se vacunen lo antes posible. La oposición de la alcaldesa a imponer un pasaporte de vacunas que afectaría desproporcionadamente a los barrios minoritarios fue inmediatamente criticada por muchos de sus compañeros de oposición a la candidatura demócrata.
La posición de Janey sigue siendo interesante en el mundo de la política demócrata, ya que Nueva York desarrolla el primer programa de pasaporte COVID de gran alcance en la nación, con el alcalde de NYC, Bill de Blasio, pidiendo una prueba de vacunación para comer en interiores. Mientras Nueva York ha impuesto el sistema, otros estados demócratas (como Illinois y Colorado) han admitido estar considerando la medida.
Los republicanos, por el contrario, se han volcado decididamente en contra de los pasaportes COVID. Un número considerable de estados liderados por los republicanos (e incluso algunos demócratas) han prohibido la posibilidad de implantar un sistema de pasaportes en sus estados; a día de hoy, hay 19 estados que han aprobado leyes que los prohíben.
Sin embargo, no sólo el alcalde Janey y los políticos republicanos se oponen a la implantación de pasaportes de vacunación. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una organización que nadie puede discutir que se inclina por los conservadores, también se ha opuesto a la política por los riesgos que presenta para la privacidad personal y porque podría llevarnos a ser una “sociedad de control (…) que excluye casualmente a personas sin credenciales”.
Impacto en las comunidades minoritarias
Aunque la alcaldesa Janey puede haber hecho algunas comparaciones exageradas entre los pasaportes de vacunas y la esclavitud o las restricciones de la época de Jim Crow, los datos subyacentes están definitivamente de su lado. Un estudio sobre los datos COVID de unos 40 estados, realizado por la Kaiser Family Foundation, muestra que la tasa de vacunación entre los blancos es mayor que la de las poblaciones hispanas o negras en todos los estados estudiados.
Mientras que casi la mitad de la población blanca (49 %) ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID, sólo el 43 % de los hispanos y el 38 % de los afroamericanos han hecho lo mismo. Los datos varían considerablemente entre estados, ya que algunos como Luisiana no muestran diferencias significativas entre las distintas etnias, mientras que otros como Iowa muestran una diferencia significativa en la población vacunada de blancos, negros e hispanos.
Massachusetts, que es el estado donde se encuentra Boston, presenta de hecho una de las diferencias más marcadas en las tasas de vacunación entre blancos y minorías. Según los datos de la Fundación Kaiser, mientras que el 69 % de los blancos se ha vacunado al menos una vez, sólo el 58 % de los negros y el 53 % de los hispanos han hecho lo mismo.
En el caso concreto de Boston (condado de Suffolk), la disparidad es aún peor, ya que mientras el 64 % de los blancos están al menos parcialmente vacunados, sólo el 52 % de los negros y el 55 % de los hispanos han recibido al menos una vacuna. En otras palabras, la alcaldesa tiene mucha razón, exigir una prueba de vacunación para las actividades cotidianas perjudicaría desproporcionadamente a los americanos de raza negra.
Cuando los demócratas tachan una política de racista, suelen utilizar el argumento de que afectaría de forma desproporcionada a las comunidades negras o hispanas. Ese es el razonamiento para calificar las políticas de identificación de votantes o de endurecimiento de la delincuencia como tácticas racistas. Si siguen esa misma lógica, entonces la implementación de un mandato gubernamental que restringiría desproporcionadamente la libertad de movimiento de las comunidades minoritarias también debería ser racista.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.