fbpx

Perú: fuerzas parapoliciales urbanas de Castillo podrían atentar contra los opositores políticos

La opinión pública peruana tendrá que ponderar con seriedad y estar cautelosa si se pretende empoderar a ciertos grupos altamente ideologizados y politizados como ‘vigilantes de la seguridad ciudadana’ en las zonas urbanas

Cuando el proyecto político cívico militar de Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela vía el voto electoral, algunos sectores sociales que lo encumbraron dieron forma a los ‘colectivos civiles’ y chavistas en las ciudades.

Estos grupos se presentaron como los ‘vigilantes de la seguridad ciudadana’, los ‘luchadores contra la delincuencia’ menor y hasta contra el micronarcotráfico que envolvía a los barrios urbanos (paralelamente el régimen se iría convirtiendo en una narcodictadura encabezada ahora por Nicolás Maduro y según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2020, y por cuyos miembros existen recompensas vigentes de captura internacional).

No ausentes de una mentalidad ideológica y política afín al ‘nuevo’ socialismo del siglo XXI, estas estructuras de control social ‘contra el crimen’ deformaron (muy calculadamente por el régimen que iba concentrando cada vez más poder) en los famosos ‘colectivos armados’ prochavistas llamados a defender los avances de la revolución en nombre de una mal entendida ‘justicia social’.

Conectados al poder gubernamental incluso económicamente estas fuerzas sociales vivas desataron tácticas violentas y de terror con fines políticos configurando una suerte de guerrillas urbanas impunes que dieron el paso de actuar en las calles contra las prodemocráticas oposiciones al chavismo. Así, la libertad política y de expresión en los barrios urbanos fueron cada vez más cercenadas en paralelo a lo que ocurría en el terreno de las precarias libertades económicas. Era, y sigue siendo hasta hoy, un operativo de represión —sumado a los aparatos represivos oficiales— muy bien pensado y montado en todos los flancos —incluyendo el uso de los entes judiciales como arma de persecución política— para apuntalar el ‘proceso revolucionario’ dentro de una distorsionada democracia que no supo defenderse ni prever lo que vendría.

Como anotamos hace ya poco más de ocho años (“Los Tupamaros venezolanos”, 25/3/2013. Expreso. Perú), en el país de Bolívar operaban y siguen grupos extremistas que incluso habrían armado puentes de colaboración con otros movimientos fuera de sus fronteras y cercanos al castrochavismo internacional.

Uno de estos comandos que decían ‘complementar’ el trabajo policial contra la delincuencia y que actuaba en la capital, Caracas, era el de los Tupamaros emerretistas, el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un símil del grupo terrorista peruano) ‘capítulo Venezuela’, dirigidos por el desaparecido Alberto ‘Chino’ Carías (como bien ha recordado recientemente el periodista peruano Fernando Lucena, el ‘Chino’ Carías estuvo en Perú en enero de 2009 en un evento donde también lo acompañaron elementos muy cercanos a uno de los actuales voceados para asumir el premierato en el gobierno de Pedro Castillo. (Panorama, 18/7/2021. Perú).


Esta fuerza parapolicial emerretista en suelo venezolano contaba con varios brazos —entre ellos ‘La Vega’ con más de cien hombres— y aseguraba tener alianzas con las FARC de Colombia (que hoy vía sus ‘disidencias’ accionan infiltrados en las protestas sociales en Colombia contra el Gobierno democrático de Iván Duque) además de otras células por todo el país.

En esas iniciales circunstancias de la era ‘democrática’ chavista, también existían otros grupos similares: La Piedrita, Alexis Vive, etc., que actuaban con total impunidad ejerciendo ‘control social’ y político en los ‘territorios revolucionarios’ asignados.

Con el tiempo algunos grupos desaparecieron mientras otros mutaron o volvieron a surgir con otros nombres. Estas fuerzas explican mucho el hecho de la sobrevivencia del régimen hasta la actualidad por el miedo que ejercen contra la ciudadanía y sus anhelos de libertad.

Hoy que en Perú empieza a lanzarse la propuesta para viabilizar la presencia de las rondas rurales en las zonas urbanas cabe detenerse sobre los riesgos que ello implica.

Rescatable es, por supuesto, la labor pertinente que estas rondas rurales han tenido contra la delincuencia, el abigeato en el campo (aunque no han estado ausentes los abusos y errores); ahí donde la autoridad oficial no llega o lo hace tarde. Pero es distinto trasladar su actividad a los conglomerados urbanos; sobre todo cuando muchos de estos actores (en contraste con los Comités de Autodefensa campesinos que enfrentaron, y no se aliaron, a Sendero Luminoso o sus organismos generados) han sido promotores abiertos de la candidatura de Pedro Castillo. Una candidatura que se presta a asumir gobierno y cuyos representantes principales, en casi todos los medios de comunicación, les cuesta o se resisten a llamar dictadura a lo que hoy ocurre, por ejemplo, en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La opinión pública peruana tendrá que ponderar con seriedad y estar cautelosa si se pretende empoderar a ciertos grupos altamente ideologizados y politizados como ‘vigilantes de la seguridad ciudadana’ en las zonas urbanas.

Y es que en paralelo y con facilidad pueden ser convertidos en factores de intimidación y soplonaje contra los opositores políticos de un régimen que sin rubor va ratificando su voluntad de ser furgón de cola de la extrema izquierda transnacional y dictatorial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Previous Article
Puerto Rico aprobó, el american newsroom puerto rico

Gobierno de Puerto Rico aprobó ley contra difusión de material sexual

Next Article
moratoria de evicción

La extensión de la moratoria de evicción de Biden no tiene ningún sentido económico

Related Posts
Total
1
Share