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Pierluisi solicitó apoyo a Biden para resolver el conflicto obrero-patronal en los muelles

En palabras de Pierluisi, el impacto negativo que ha tenido el paro en la cadena de distribución de bienes y servicios de Puerto Rico ha sido grande.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, solicitó apoyo este domingo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la Federal Mediation and Conciliation Service y al National Labor Relations Board para resolver el conflicto obrero-patronal que se mantiene en los muelles del Puerto de San Juan entre la empresa Luis Ayala Colón, Sucrs. Inc, los fomentadores del paro, y la unión de trabajadores International Longshoremen’s Association.

En palabras de Pierluisi, el impacto negativo que ha tenido el paro en la cadena de distribución de bienes y servicios de Puerto Rico ha sido grande.

“Se han evaluado todas las leyes aplicables para determinar las alternativas de intervención del gobierno con miras a terminar esta controversia que ha estado afectando nuestra economía. (…) Al día de hoy, después de dos días más de intensas negociaciones, lamentablemente las partes no han logrado llegar a un acuerdo. Dado que la situación ha creado un impacto significativamente negativo en la cadena de distribución de bienes en Puerto Rico y el comercio interestatal e internacional, he recurrido a solicitarle al presidente Biden que invoque las disposiciones de la Ley Taft-Hartley para que el gobierno federal evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial”, sostuvo el gobernador.

Pierluisi solicitó apoyo a pesar que el pasado viernes espetó que no se involucraría personalmente en la problemática porque se trataba de un conflicto meramente privado.

Previo a tomar esta determinación se evaluó el derecho aplicable al conflicto obrero patronal que determina que el Gobierno está impedido bajo la ley federal y estatal de solicitar un interdicto judicial para detener el paro en lo que las partes continúan sus negociaciones.

La Ley 50 del 4 de agosto de 1957 y la Ley Federal Norris-La Guardia establecen que un gobierno estatal no puede intervenir en un conflicto obrero-patronal privado, salvo que ocurran actos ilegales o de violencia. Ante esto, la intervención del gobierno se ve limitada a actuar únicamente como mediador. Al invocar a la Ley Taft-Hartley se busca que el gobierno federal intervenga y evalúe la posibilidad de proveer un remedio inmediato a la controversia.

“Continuaremos evaluando todas las alternativas de acción a nuestro alcance para que finalmente termine este conflicto y logremos reestablecer la importación y exportación de bienes en el puerto de San Juan”, enfatizó el primer ejecutivo.

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