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Gobernador de Puerto Rico firmó el plan de ajuste de la deuda

Plan de Ajuste de la Deuda, ley, El American

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Puierluisi, firmó y convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda (PAD) la noche de este martes.

”La reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso que nuestra gente espera y merece. Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente”, dijo el gobernador en un hilo de tuits.

Respecto a la polémica sobre si el Plan de Ajuste de la Deuda pone en peligro las pensiones de los funcionarios y la financiación de la universidad pública, dijo que no claudicará en la lucha para defender las pensiones de los retirados, para proveer los fondos que la Universidad pública necesita y para garantizar que los municipios puedan servirle a los ciudadanos.

Previamente, la medida fue aprobada en la Cámara de Representantes y el Senado de la isla.

El Senado avaló el segundo Informe de Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1003 que crea la ley “para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”, informaron en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la Cámara de Representantes respaldó la ley con 34 votos a favor, 12 en contra y dos abstenidos, una determinación que se conocía desde antes, a diferencia de la del Senado.

El plan de ajuste de la deuda, la respuesta a la declaración de quiebra de Puerto Rico del año 2017

A la fecha, Puerto Rico mantiene una disputa legal luego que en 2017 el otrora gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que la isla se declaraba en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de $70,000 millones.

Para ese entonces se acogió al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica o Ley Promesa, que reestructura las deudas de manera similar a las normas americanas de protección por bancarrota, paraliza demandas judiciales y pone en manos de tribunales las decisiones sobre los pagos pendientes.

Con este PAD la deuda pública se reduciría de aproximadamente $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones, dijo el Senado en declaraciones escritas.

A juicio de la economista Heidie Calero se trata de “un respiro” para cumplir con las obligaciones ante los bonistas.

“El Plan de Ajuste tiene el aval de la mayoría de los acreedores, reduce significativamente el principal de la deuda pública, el servicio de la deuda está más o menos como en $1,150 millones, que es mucho menos de los $3,000 millones que tendríamos que pagar sin el ajuste. Y eso no incluye lo que tendríamos que pagar por otras deudas, pues en el servicio de la deuda están incluidos los bonos de Cofina”, sostuvo la experta en entrevista con El Nuevo Día.

Asimismo, Calero dijo que la aprobación del plan también permitiría desembolsar unos $7,000 millones en efectivo a los bonistas. Algo que servirá para “endulzar la píldora porque desde hace casi cuatro años no reciben un solo centavo”.

No obstante, aunque las piedras de tranca para la aprobación de la Ley del PAD eran el recorte de pensiones y la asignación de fondos a la universidad pública, la senadora del Partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, aseguró que los problemas van mucho más allá.

Rodriguez Veve aseguró que este PAD obliga a devolverle a los bonistas el 85 % de la deuda. Por lo tanto, evidentemente el recorte del principal de la deuda es verdaderamente insuficiente y es inconveniente para la Isla.

Además, indicó que obliga a pagar intereses altísimos que no reflejan su valor real en el mercado de bonos en Puerto Rico, que queda sin la oportunidad de refinanciar por los próximos 11 años y deja al país desprovisto de un mecanismo de protección de quiebra.

 “Nos pondrá en la posición de resolver cualquier impago bajo las bases exclusivas del contrato. Predecir quién ganará no debe ser muy complicado”, expresó la senadora.

En una vista poco usual, la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, rechazó este lunes aplazar el inicio de las vistas de confirmación del PAD, proceso pautado para comenzar el 8 de noviembre.

También ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal que no retire el PAD por recomendar el recorte de las pensiones.

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