El pueblo soberano acaba de pronunciarse y su voto fue rechazar el borrador de una nueva Constitución. Y no cualquier diferencia. Para Chile fue abrumador. Por sobre lo esperado. Ahora se le debe escuchar. Aunque suene redundante, lo primero es lo primero, es decir, por ningún motivo se debe repetir lo que ya fue rechazado. Esa es la primera decisión, y la única que corresponde en democracia.
Lo que fue rechazado fue tanto el proceso constituyente como también su borrador constitucional, la propuesta de una radical refundación del país y la imposición de un modelo contrario a su historia y evolución bicentenaria.
El país sigue dividido y polarizado, y la pregunta es ¿qué se debe hacer? La respuesta es una sola: toda salida debe basarse en la institucionalidad republicana, ya que eso fue lo que se pidió en el plebiscito, aprobar la propuesta de nueva Constitución o rechazarla, que significaba seguir por el camino institucional existente. Rechazada la propuesta, las reformas que se quiera, pero sin violencia y por la vía establecida en la ley.
El rechazo es indicación suficiente de que no se quiere volver a transitar por el camino de la convención constituyente, ya que, entonces como ahora, las potestades constitucionales estaban en el Congreso. Solo fueron delegadas temporalmente, y ya se pronunció el país al respecto. Ese atajo ya fue clausurado.
El único camino que se debe tomar es el del respeto al Estado de derecho, toda vez que la ley y la constitución disponen que en caso de ganar el rechazo se mantiene la Constitución vigente, la que lleva la firma del presidente Lagos. En otras palabras, en el proceso que acaba de culminar en el plebiscito, solo existió delegación del poder constituyente, y por ello fue “convención” y no “asamblea” constituyente.
Ese poder ha regresado al Congreso y, al respecto, no hay nada que discutir, nada. El único y gran problema es la muy mala opinión que la ciudadanía tiene de esa clase política, y en una forma que es transversal, ya que alcanza a todos los sectores y partidos, por lo que no corresponde que se vista con ropajes que no le corresponden. Ojalá no exista un secuestro por parte de una partitocracia, que no es sino una distorsión de la democracia. Lo que se requiere de la clase política es que esta oportunidad la aproveche para rehabilitarse, actuando con mesura, serenidad, oyendo al pueblo y siguiendo el Estado de derecho.
El nuevo Congreso fue electo junto con Boric. Después del plebiscito, es este órgano el que debe abordar los temas constitucionales, incluyendo o partiendo por aquellos que siguen pendientes. Lo que se necesita es ensayar una vía diferente a la que fue rechazada. En otras palabras, buscar la colaboración en vez de la confrontación, buscar una constitución que sea percibida como la casa de todos y no la imposición del programa ideológico-político de un sector a todo el país.
El proceso rechazado se inició con violencia, por lo que esa amenaza sigue pendiente, cual espada de Damocles, pero las instituciones democráticas no se deben dejar intimidar y deben responder con la fuerza de la ley. Como existe un nuevo contexto, la violencia callejera no debería asustar, sino que, de manifestarse, debe ser pasajera y de alcance limitado, por lo que los demócratas no se dejen amedrentar.
En todo caso, el gran tema pendiente es cómo abordar la frustración y la rabia de amplios sectores, la que es real. Ello debe hacerse con la narrativa de la verdad, ante la imposición de un relato muchas veces falso sobre los hechos, y de la emoción sobre la razón.
Esa es la realidad, y en el ejercicio de sus facultades, del Congreso se espera que haga una propuesta. Al respecto, existe un buen ejemplo, ya que, en el otro plebiscito de significación histórica, en 1988 los chilenos le dijeron no a la pretensión del general Pinochet de permanecer en el poder, en otro intento refundacional que también fue rechazado.
El país estaba entonces también dividido y polarizado, pero a partir de entonces la transición chilena tuvo la capacidad de encontrar un consenso sobre la base de la democracia y el mercado, lo que le dio a Chile algunos de los mejores años de su historia, a partir de los 90.
Hoy, la alquimia sería un acuerdo que permitiera acceder al desarrollo y al Estado de bienestar a los que se aspira, los que deben ser vistos en forma positiva, como una evidencia del éxito modernizador que ha tenido lugar en Chile. La alquimia es hacerlo en forma que sea sostenible, y el único camino de éxito probado es el de la generación de recursos y adopción de las políticas públicas que permitan financiar lo que se desea, no con realismo mágico, sino con seriedad y gradualidad, lo que requiere una economía que crezca, a la que además ahora se le agrega la exigencia de hacerlo con mayor igualdad.
El camino es un Pacto por Chile, al cual concurran todas las fuerzas que lo deseen, y que deje afuera solo a las fuerzas antidemocráticas, las que, por lo demás, difícilmente van a querer estar. Este acuerdo nacional requiere alianzas amplias para una gran reforma constitucional que sea para todos y no solo para un grupo, y, por lo tanto, un papel importante pasa por una fuerza clave, pero hoy irrelevante, el centro político.
A modo de ejemplo, hay temáticas que deben figurar si o si, ya que su momento histórico ha llegado y, aunque con alguna tardanza, hay consenso al respecto. Sería el caso de la descentralización y regionalización del país, como elemento de integración y no de separación, a diferencia de lo que ocurrió en la convención. También algo tan necesario como pendiente, la multiculturalidad y el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, es decir, una nación que cree en la diversidad, y que todas las diferentes culturas tienen un lugar al interior de la nación chilena, tal como ocurre en algunas de las mejores democracias del mundo, lo que difiere de la plurinacionalidad que fue rechazada, sobre la base del fundado temor que podría conducir al separatismo.
Este Pacto y las reglas del juego constitucionales debe mirar al siglo XXl y no a los temas de 1973, incluyendo la dictadura posterior. En otras palabras, integrar a la Constitución las realidades creadas por un conjunto de transformaciones que han tenido lugar en Chile y el mundo, un tributo a lo que ha sido exitoso.
El Estado resultante debe ser uno que se defina por una democracia de calidad, es decir, exactamente lo que no se tiene en la región; en otras palabras, no basta con que ahora funcionen las instituciones, sino que estas deben hacerlo en buena forma para responder a la ciudadanía y que esta se sienta interpretada. Ello pasa también por aceptar algo que es difícil en nuestra América Latina, la idea del mercado como el mejor y comprobado asignador de recursos. Hablamos, por lo tanto, de una economía y no de una sociedad de mercado, toda vez que, en una democracia, lo financiero no debe ser lo único a considerar, al existir áreas de la vida social donde son otros los factores que predominan, partiendo por la ética.
En el Chile de hoy existe violencia, anomia, pero también ha habido expansión del consumo y movilidad social, y quienes lo tienen más claro son los muchos latinoamericanos que llegan como migrantes. Hay también exceso de individualismo, y diversas inseguridades y miedos, partiendo por el sufrimiento de las víctimas de la insurrección, todavía de baja intensidad, que se vive en la Araucanía. Todas razones que explican por si solas la necesidad de un gran Pacto.
Esta nueva etapa que se abre necesita repetir las veces que sea necesario que está equivocado el presidente Boric cuando pide una nueva convención constituyente, ya que ello no corresponde, ni legal ni políticamente. Es, además, poco ético repetir lo que hicieran otros como Evo Morales y Hugo Chávez, de insistir nuevamente con algo rechazado en votación, hasta que por fin les resulta.
Por el contrario, al no haber consenso, lo recomendable es el único camino a la vez coincidente con el Estado de derecho, la democracia y la institucionalidad republicana, y este se radica hoy en el Congreso, el que decidirá si se nombra o no a una comisión de expertos que aporte lo que no hubo en la convención fracasada. Por un lado, conocimiento de lo que es y de lo que no es una constitución como documento jurídico y. por el otro, lo más importante y propio de la democracia, la disposición a buscar acuerdos, para asegurar la resolución pacífica de las diferencias.
El plazo no debiera superar los nueve meses, y un plebiscito final debe permitir que el electorado se manifieste en forma vinculante, como el único soberano, sin meterle mano a la urna vía paridad o escaños reservados, usando solo la igualdad esencial de ser todos ciudadanos, y que todos los votos valgan lo mismo. El aprendizaje ha sido duro y razón tenía Ayn Rand cuando advertir que “puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad”.
Ahora, tal como dice la canción, a mirar al futuro con “optimismo y fe” para este Pacto por Chile, que, en lo personal, es aquello en lo que siempre he creído y postulado.
Este artículo forma parte de un acuerdo entre El American y el Interamerican Institute for Democracy.
Ricardo Israel es un reconocido escritor, bogado, analista político y académico chileno. Fue candidato presidencial de su país en 2013. Actualmente hace parte del directorio del Interamerican Institute for Democracy // Ricardo Israel is a renowned Chilean writer, lawyer, political analyst and academic. He was a presidential candidate in his country in 2013. He is currently a member of the board of directors of the Interamerican Institute for Democracy