Culminó el trabajo de la Convención Constituyente. Luego de casi un año hay una nueva propuesta de Constitución que será aprobada o rechazada por el pueblo chileno el próximo 4 de septiembre.
Chile ha llegado a ser el país más competitivo de América Latina, también llegó a ser el país más estable y desarrollado de la región; sin embargo, con la posibilidad de cambiar su Constitución todas esas alusiones podrían quedar en el recuerdo, en medio de lo que especialistas vislumbran como un futuro oscuro.
Si bien la mayoría de los chilenos votó a favor de una nueva Carta Magna, tras casi un año de la Convención, esa mayoría ahora se manifiesta decepcionada en medio de escándalos y erradas decisiones que desdibujaron el proceso que se suponía implicaba seriedad, compromiso, y sobre todo, la redacción de un texto que representara a todos los chilenos.
De hecho, las recientes encuestas que revelan que la mayoría de los encuestados están a favor del rechazo, ubican la confianza en la Convención en su punto más bajo.
La redacción del nuevo texto ha enfrentado desde el inicio una serie de polémicas que han debilitado la credibilidad en la Convención y la confianza sobre si la nueva Carta Magna cumplirá con lo que verdaderamente quieren y necesitan los chilenos.
Un importante número de artículos, que ya han sido aprobados por el pleno, han provocado polémica y empujaron un arduo debate entre representantes y sectores del país. Entre ellos los vinculados con la plurinacionalidad, territorios autónomos, sistemas de justicia, el aborto o la inexpropiabilidad de los fondos previsionales.
“La Convención fue configurada para hacer de la propuesta de Constitución un documento en donde se refleja lo peor de la élite política, con ideas fracasadas, con el socialismo del siglo XXI como norte. El borrador busca eliminar la igualdad ante la ley, relativizar el derecho de propiedad, terminar con instituciones claves del estado de derecho, como el poder judicial, la autonomía del Banco Central y el fin del Senado”, dijo a El American Javier Silva Salas, analista político y co-fundador de Ciudadano Austral.
Una Convención entre escándalos, mentiras y disfraces
La instalación de la Convención en la que se dudó sobre el uso de los símbolos patrios, también se convirtió en escenario de irrespeto y de gritos. Durante el primer día, mientras un cuarteto de cuerdas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) intentaba interpretar el himno nacional, constituyentes gritaban e interrumpían sin importar que se trataba de niños encargados de iniciar una sesión supuestamente solemne.
Posteriormente, durante sesiones donde los constituyentes tenían la responsabilidad de convertir a la Convención en un organismo serio, encargado de redactar las futuras leyes del país, los convencionales Giovanna Grandón y Cristóbal Andrade entraron al edificio del Congreso en Santiago disfrazados del pokémon ‘Tía Pikachu’ y ‘Dino Azulado’, justificando su performance en nombre ‘del pueblo’.
Los chilenos también recuerdan la votación del convencional Nicolás Núñez (Federación Regionalista Verde) en la comisión de Medio ambiente, que al emitir su voto en público gritó que en ese momento “se estaba duchando” porque se “ha metido al baño”.
Núñez fue el mismo que en octubre tomó la guitarra y se puso a cantar: “Yo soy constituyente, Jaime Bassa está rico y crujiente, yo soy un constituyente…”
A estos escandalosos momentos se suma uno aún más grave. Se trata de la renuncia del convencional Rodrigo Rojas Vade, tras reconocer públicamente que no padecía de cáncer, enfermedad que aseguró tener y que fue un pilar en su campaña para llegar a la Convención.
Las normas más polémicas aprobadas por la Convención
Además de una instalación y un cierre de la Convención, llenos de omisiones hacia los símbolos patrios, de meses llenos de escándalos, mentiras y disfraces, al hacer su trabajo, los constituyentes aprobaron leyes que ponen en tela de juicio el futuro del país.
Adiós al Senado: Una de las normas más discutidas tiene que ver con la eliminación del Senado y una nueva estructura del Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones.
No será un país, sino una plurinación: Según el borrador, las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales tendrán “personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República”.
Justicia “especial” para los indígenas: Otro de los artículos que también generó debate es el vinculado con el de “pluralismo jurídico”. La norma permite la creación de tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían coordinados en un Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, sus críticos apuntan a que esto generaría un sistema paralelo de justicia que terminaría con el principio de “igualdad ante la ley” y beneficiará desmedidamente a los pueblos originarios.
Propiedad privada y expropiación con “justo pago”: El texto de la Convención establece en el artículo 20 del punto 256: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.
Este artículo ha generado en la población más dudas que respuestas, y en general ha causado preocupación entre la clase trabajadora que siente que en cualquier momento su vivienda, su tierra o su negocio, podría ser expropiado bajo el alegato de “ser de utilidad pública”.
Pero el miedo de perder una propiedad no es el único riesgo que está establecido en el texto, pues cuando se habla de indemnizar por el “justo precio” no se detalla cómo, quién y en base a qué sería calculado el monto de pago.
¿Y los ahorros de los trabajadores?: El caso particular de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) genera una total incertidumbre, pues el nuevo texto no hace referencia alguna a ellas, dejando un gran vacío sobre qué sucederá con el dinero de los trabajadores.
Se trata de un vacío que posteriormente, de ser aprobado el nuevo texto, podría ser interpretado a conveniencia por el gobierno o funcionarios de turno.
Chile bajo riesgo
“Hay muchos riesgos, entre ellos el fin de la igualdad ante la ley, porque consagra la división entre indígenas y no-indígenas para acceder, ya no al poder judicial, sino a los denominados “sistemas de justicias”; además, dentro de los no-indígenas se hace la separación entre hombres y mujeres, porque se instruye a los tribunales a hacer una justicia con enfoque de género, que no es más que privilegiar a un determinado grupo por sobre otro”, explicó Silva Salas.
“Se relativiza el derecho de propiedad, ahora el Estado ya no pagará precio de mercado al expropiar, sino que lo hará con “precio justo”, algo que suena bonito, pero que, desde la época de los escolásticos tardíos sabemos no existe, tal como lo dijo Diego de Covarrubias y Leyva”, agregó.
“Se acaba la autonomía del Banco Central, lo que significa que ahora se convertirá en una impresora de dinero. No hay que ser un experto en economía para entender que eso significa hambre y miseria. La inflación será un fenómeno del que no saldremos en décadas”, dijo.
“Se acaba con el sistema de capitalización individual, por lo que se abre un forado en términos económicos y además se le expropiará a los trabajadores el fruto de su trabajo, que antes iba destinado al ahorro individual para la vejez”, sentenció.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo