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Por Miguel Lagos:
Una de las preocupaciones que emergía con respecto a mucha de la violencia que se ha visto en las protestas sociales en América —desde el norte en EE.UU. hasta el sur en Chile— en los últimos doce meses, va mostrando cada vez más evidencias que las alejan de la especulación.
Estamos hablando de las relaciones de cooperación entre extremistas políticos y criminales para perpetrar acciones de violencia politica —como el terrorismo urbano o el terrorismo low cost—.
Se trata de actores extremos organizados con objetivos políticos e ideológicos que recurren a otros actores criminales para activar desafíos violentos (incluyendo incendios y saqueos) articulados y sistemáticos.
Por ejemplo, en las últimas protestas violentas de septiembre en Colombia las autoridades (Ministerio de Defensa) comunicaron la existencia de un entramado de organizaciones influenciadas por las “disidencias” de las Farc y el ELN así como y por el MIR chileno. La existencia de narcoterroristas infiltrados no es novedad; no obstante la letalidad se incrementa cuando surge la advertencia de la aparición de una suerte de “modelo” operativo que “subcontrata” células criminales urbanas para recalentar los conflictos sociales.
«Las organizaciones, que existen al menos desde el año 2015, ‘se preparan para actuar cuando encuentran momentos de agitación’ (…) e identifican su actividad como un ‘trabajo barrial’ que busca, primero, ‘adoctrinar a jóvenes y darles entrenamiento armado para actividades urbanas’ y, segundo, ‘desarrollar un modelo de subcontratación de células urbanas criminales’», anotaba un informe periodístico sobre la base de documentos oficiales de Inteligencia colombiana (El nexo anarquista entre las protestas antipoliciales en Colombia y el estallido chileno. El Liibero. 10/10/2020. Chile).
Como vemos, este tipo de nexos suponen la actuación de fuerzas político delictivas (dentro de crecientes redes transnacionales) que podrían ir acumulando cada vez más efectividad dentro de la incontrolable “conflictividad social” que amenaza la seguridad regional y hemisférica.
La manifestación resultante de estos vínculos politicos delictivos es la del desarrollo de actos de terrorismo urbano. Actos que no solo suponen violencia ejecutada sino también amenazas de violencia con el fin de intimidar y neutralizar a quienes no se suman a la agitación y los disturbios. Las agresiones constantes a la sana competencia y las libertades politicas se despliegan.
Importante es señalar que no toda protesta supone fines tóxicos u oscuros. Mucho depende de los contextos donde se desenvuelven (no es lo mismo radicalizarse por ejemplo en Venezuela que hacerlo en Chile o en Perú); y de hecho integran demandas y reclamos legítimos que lamentablemente se degradan al ser penetradas por los violentistas. En esa vía, es imperativo que quienes buscan cambios en democracias libres denuncien y se distancien de quienes optan por destruir la naturaleza pacífica de las movilizaciones ciudadanas.
Como se ha dicho la letalidad creciente se encuentra en que las tensiones sociales en el continente ameticano (como además ha estado ocurriendo en Europa según los especialistas Rajan Basra y Peter Neumann. 2017) parecen estar superponiendo o fusionando poco a poco medios de acción extremistas y criminales.
El resultado: el socavamiento progresivo de los sistemas políticos y económicos dentro de los países que les son adversos o poco propicios para sus proyectos de poder ilimitados y totalitarios.
Miguel Lagos es analista político y columnista focalizado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento. @_mlagos_.
