Alrededor de 200 puertorriqueños protestaron contra el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) este lunes frente al Tribunal federal de San Juan, capital del Estado Libre Asociado.
Esto a propósito de que la jueza Laura Taylor Swain llevará a cabo las vistas sobre el Plan de Ajuste de Deuda de Puerto Rico para determinar su validez y entrada en vigor.
Los manifestantes eran en su mayoría miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), entre ellos los legisladores Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, quienes acompañaron a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), reportó la agencia EFE.
“Vinimos a denunciar la legislación que se aprobó y demostrarle al país, al tribunal y a la jueza, que hay un gran sector de la población que se opone a este modelo económico, que intenta imponer el tribunal, que no es más que empobrecer al país”, expresó Márquez.
La jueza federal Taylor es la encargada de la reestructuración de la deuda pública de la isla de Puerto Rico, un tema controvertido que ya ha causado reacciones desde todos los sectores.
“Esa deuda es ilegal y no la vamos a pagar”, “No se cuadra el presupuesto violando nuestros derechos” o “Cuando un pueblo va pa’ lante no hay Gobierno que lo aguante” fueron algunos de los lemas que exclamaron los manifestantes, mientras otros cargaban pancartas con mensajes alusivos a la protesta.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Puierluisi, firmó y convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda el pasado 26 de octubre, previamente aprobado por el Legislativo.
El Plan de Ajuste de la Deuda, la respuesta a la declaración de quiebra de Puerto Rico del año 2017
A la fecha, Puerto Rico mantiene una disputa legal luego que en 2017 el otrora gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció que la isla se declaraba en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de $70,000 millones.
Para ese entonces se acogió al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica o Ley Promesa, que reestructura las deudas de manera similar a las normas americanas de protección por bancarrota, paraliza demandas judiciales y pone en manos de tribunales las decisiones sobre los pagos pendientes.
Con este plan la deuda pública se reduciría de aproximadamente $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones, comunicó el Senado en declaraciones escritas.
A juicio de la economista Heidie Calero se trata de “un respiro” para cumplir con las obligaciones ante los bonistas.
“El Plan de Ajuste tiene el aval de la mayoría de los acreedores, reduce significativamente el principal de la deuda pública, el servicio de la deuda está más o menos como en $1,150 millones, que es mucho menos de los $3,000 millones que tendríamos que pagar sin el ajuste. Y eso no incluye lo que tendríamos que pagar por otras deudas, pues en el servicio de la deuda están incluidos los bonos de Cofina”, sostuvo la experta en entrevista con El Nuevo Día.
Asimismo, Calero dijo que la aprobación del plan también permitiría desembolsar unos $7,000 millones en efectivo a los bonistas. Algo que servirá para “endulzar la píldora porque desde hace casi cuatro años no reciben un solo centavo”.
No obstante, aunque las piedras de tranca para la aprobación de la Ley del PAD eran el recorte de pensiones y la asignación de fondos a la universidad pública, la senadora del Partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, aseguró que los problemas van mucho más allá.
Rodriguez Veve aseguró que este PAD obliga a devolverle a los bonistas el 85 % de la deuda. Por lo tanto, evidentemente el recorte del principal de la deuda es verdaderamente insuficiente y es inconveniente para la isla.
