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El castrocomunismo continúa con sus juicios falsos. Los cubanos que participaron, o están acusados de participar, en el Levantamiento Popular del 11 de julio (11J) han sido exhibidos por los tribunales canguro de la dictadura. Las masivas protestas del 11J, en las que cientos de miles de cubanos, de forma espontánea, rompieron su silencio y exigieron públicamente la libertad y el fin del dominio marxista-leninista en más de 72 localidades de toda Cuba, siguen atormentando a los gobernantes de la isla. A lo largo de los años, el régimen castrista ha empleado diversas herramientas para ejercer presión y obtener concesiones de Estados Unidos. La inmigración ha sido una modalidad. El presidio político cubano ha sido otro.
Maykel Castillo, rapero cubano también conocido como Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual de performance, son actualmente los presos políticos más preciados de la dictadura comunista. El lunes 30 de mayo, diez meses después de ser detenidos por participar en el 11J, sus casos fueron “atendidos”. Castillo se enfrenta a una condena de diez años y Otero Alcántara, a siete. Tanto el rapero y compositor (Castillo), como el artista plástico (Otero Alcántara) han adquirido notoriedad internacional. Esto provoca un ataque de pánico en el régimen castrista. También eleva su cotización como piezas de negociación, según el castrocomunismo.
Ambos disidentes formaban parte del Movimiento San Isidro, un grupo compuesto por artistas, periodistas e intelectuales que expresaban públicamente sus críticas al régimen marxista. La canción “Patria y Vida”, premiada con un Grammy Latino, se convirtió en el vibrante himno nacional del levantamiento del 11J. El hecho de que el grueso de los cubanos que salieron a la calle durante aquellas históricas manifestaciones hayan nacido durante el cautiverio socialista, hace que estos dos presos políticos sean especialmente importantes para el castrismo. El atractivo cultural de Castillo y Otero Alcántara les permitió ir más allá de los escenarios tradicionales de la oposición/disidencia política y transmitir un ethos cívico a la juventud cubana. El sacrificio patriótico de las anteriores generaciones de luchadores por la libertad de Cuba, fue inculcado con sutileza en su mensaje.
En la audiencia del lunes, diplomáticos de los Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia intentaron asistir como observadores, pero se les negó la entrada. Esperaron pacientemente durante casi dos horas sin éxito. Los medios de comunicación internacionales también fueron excluidos. También se prohibió la presencia de ONG occidentales. Solamente se permitieron los medios de propaganda aprobados por el régimen.
Los domicilios de los miembros de la oposición y de los disidentes fueron bloqueados por la policía política. La idea de otra reunión pública del tipo 11J, aunque más contenida, es suficiente para asustar al comunismo cubano. También se bloqueó Internet a las personas consideradas por el régimen marxista de la isla como ideológicamente conflictivas.
Tres días antes de la vista, la abogada de Castillo designada por el régimen, Ginett del Solar Vega, fue apartada del caso. No se dio ninguna explicación coherente. Sin embargo, no es que cualquier abogado pueda hacer una diferencia significativa dentro del contexto del legalismo socialista, incluso los propios abogados defensores del sistema, tan insignificantes como son, encuentran obstáculos para representar a un acusado. El nuevo abogado asignado, como era de esperar, no dijo mucho a favor de Castillo. Como ha sido una tradición desde el inicio de la estructura legal comunista de Cuba, cualquier remota posibilidad de imparcialidad judicial, está sistemáticamente fuera de lugar.
Al igual que el comunismo cubano ha hecho funcionar históricamente la carta de la inmigración para impactar a las administraciones americanas, la necesidad surgió de nuevo después del 11J. Al anunciar en noviembre pasado que los cubanos podrían salir por Nicaragua sin necesidad de visado y obtener de México garantías de que no serían acosados, se produjo el éxodo previsto, rompiendo las cifras de inmigración anteriores. El reciente anuncio de la administración Biden de flexibilizar las sanciones contra el castrocomunismo es una reacción directa de que la estratagema del éxodo siempre funciona. Curiosamente, se trata de una política exclusivamente fletada cuando hay un presidente demócrata en el Despacho Oval.
La negociación del paquete de ayuda financiera del régimen castrista con Biden, a cambio de garantías de que La Habana “regulará” de algún modo la estampida de la isla, es parte de la ecuación. El otro componente será la población política cubana presa, a cambio de mayores concesiones. La ineptitud de la administración Biden, junto con su inercia en el apoyo a la libertad cuando el pueblo cubano se levantó el 11J, será falsamente etiquetada por este presidente apaciguador como “apoyo” a una sociedad civil inexistente y a grupos de oposición/disidentes.
En algún momento, la dictadura comunista aceptará liberar a todos o a una parte de los presos políticos del 11J. Biden reclamará la “victoria” y la dictadura marxista dirá que está actuando por motivos “humanitarios”. El resultado final de ese acuerdo con Washington será una mayor transferencia de riqueza americana al comunismo cubano. El sistema de prisiones políticas de Cuba siempre ha tenido una puerta giratoria. Unos salen y otros entran. Castillo y Otero Alcántara estarán, sin duda, entre los negociados. Por eso el régimen castrista maneja sus casos de manera tan meticulosa, dictatorialmente hablando.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.