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Hasta hace muy poco la administración de Biden culpaba insistentemente a la OPEP y a sus aliados por la presión alcista en los precios de la energía. Y la OPEP, liderada por lo productores árabes, tenía demasiados motivos para ignorar los llamados de Washington a extraer más petróleo. En Riyadh, Biden reconoció el papel vital de la OPEP en la estabilización de los mercados petroleros mundiales. El Biden que en la campaña de 2019 se comprometió a hacer de Arabia Saudita un estado paria se refiere ahora al reino saudita hoy como “socio estratégico”. Arabia Saudita no ha cambiado. Cambiaron los precios de la energía que empeoran la inflación que ocasionan las malas políticas de Biden, y las prioridades de los electores reflejadas en las encuestas. El cambio climático dejó de ser prioridad para un electorado angustiado por el costo de vida.
En su informe Net Zero 2050 de hace un año, la Agencia Internacional de Energía (IEA) recomendó no invertir en nuevo suministro de combustibles fósiles, fuera de los proyectos ya comprometidos, a partir de 2021. Y no hay nuevos campos de petróleo y gas, ni nuevas minas de carbón o extensiones de minas, como recomendó la IEA. Y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Escocia, 21 países se comprometieron a detener el financiamiento público de proyectos de combustibles fósiles para fines de 2022, mientras la contracción económica por los cierres durante la pandemia de COVIC-19 hacían caer las inversiones en energía alrededor de 20 %. Un año después, el aumento de los precios de la energía y el fracaso de la energía verde, complicados por la dependencia europea del gas ruso en medio de la guerra en Ucrania, fuerzan a Washington y Bruselas a retroceder desordenadamente a corto plazo.
En julio, los legisladores de la UE votaron hipócritamente a la inversión en gas natural y energía nuclear como “verde”, poniendo a la par la única energía no fósil que desmantelaban previamente, pese a ser la única económicamente viable y técnicamente confiable, con el combustible fósil del que depende más críticamente Europa. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo en marzo a representantes de la industria petrolera americana que la prioridad era más suministro de petróleo y gas ahora mismo. Y el Grupo de los 7 acordó en Alemania un aumento a corto plazo del suministro usando reservas y trabajando con aliados. La OPEP finalmente les responde, lógicamente muy poco.
Los gobiernos del G7, con Washington a la cabeza, buscan desesperadamente soluciones a corto plazo bajar los precios de la energía. Pero el negocio del petróleo y el gas funcionan con inversiones de largo plazo. Excepto en la producción por fractura hidráulica en esquisto, poner más petróleo y gas en el mercado implicaría una enorme inversión intensiva en capital con muy largos períodos de recuperación. Los inversores comprometerán ese capital únicamente si están seguros que la demanda seguirá ahí por años. Y los mismos gobiernos que hoy piden más inversión y producción de petróleo y gas siguen comprometidos a acabar con la demanda de esos combustibles fósiles en los próximos años.
Qatar intentó firmar un contrato de suministro de gas natural a largo plazo con Alemania, pero Berlín, atada al gas ruso, del que declara que no quiere depender, se niega por “motivos ambientales. Qatar venderá a China, y a otros mercados asiáticos, con contratos a largo plazo para asegurar el suministro durante muchos años. Noruega anunció en mayo de 2022 que si Europa se comprometía a comprar a largo plazo podía reemplazar al gas ruso. No hay compromiso.
Ni los productores de petróleo y de gas de esquisto de los Estados Unidos se arriesgan ahora a invertir capital en poner más petróleo en los mercados, pese a que tienen más margen que los productores tradicionales para operar a corto plazo. Seamos claros, apenas en julio Biden emitió una orden ejecutiva para que los vehículos eléctricos sean la mitad de los automóviles nuevos para 2030 en los Estados Unidos. Y la Unión Europea mantiene intactos sus objetivos “verdes” para 2030 y 2050.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros