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CDC, desalojos, El American

Propietarios de inmuebles con dificultades financieras, mientras CDC amplía la prohibición de desalojos

Cualquier propietario que no cumpla con la medida del CDC puede ser amonestado con multas de hasta 200,000 dólares y podría enfrentar un proceso penal

Por Brittany Hunter

Con tantos americanos sin trabajo e incapaces de pagar sus alquileres, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés) instituyeron una prohibición de desalojo en todo el país de las propiedades de alquiler residencial.

La moratoria expiraba inicialmente el 31 de enero, pero el recién elegido presidente Joe Biden, en su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva que prorrogaba la prohibición de desalojo hasta finales de marzo por lo menos.

En virtud de esta moratoria, los inquilinos que no paguen el alquiler o la hipoteca están protegidos contra el desalojo, siempre que presenten una declaración formal a sus propietarios, demostrando que sus dificultades financieras están relacionadas con el COVID-19.

Cualquier propietario que no cumpla con la medida del CDC puede ser sancionado con multas de hasta 200,000 dólares, enfrentar a un proceso penal e incluso ser obligado a cumplir una condena tras las rejas.

Nadie quiere que aumente la población de personas sin techo, pero ¿qué pasa con los propietarios que también tienen facturas que pagar y bocas que alimentar? Parece que se olvida a estas personas cuando se observa a las víctimas de la crisis financiera en todo el país.

En el noreste de Washington D.C., Archie Djabatey es propietario de un edificio de cuatro unidades en el que también reside. Según The Washington Post, este hombre de 35 años compró el edificio con el sueño de construir un legado que pudiera transmitir a sus futuros hijos, una aspiración que desde entonces ha quedado en pausa con la moratoria de los desalojos.

La crisis de los desalojos ha sido una situación única para Djabatey, porque sus vecinos son también sus inquilinos. “Quieres ayudar, pero también es un negocio”, dijo, “así son las cosas”.

En febrero del año pasado, justo un mes antes de que la pandemia cambiara casi todos los aspectos de nuestras vidas, Djabatey tuvo que presentar una demanda de desalojo contra uno de sus inquilinos después de que éste no pagara el alquiler. El inquilino no sólo era moroso, sino que también había estado consumiendo drogas en la propiedad y tenía extraños entrando y saliendo de su unidad a todas horas, convirtiéndose en una molestia para los demás residentes.

El tribunal se puso acertadamente del lado de Djabatey. Pero el proceso de desalojo se detuvo en seco cuando el COVID-19 empezó a extenderse por todo el país. Diez meses más tarde, y el inquilino en cuestión sigue viviendo en el apartamento sin pagar el alquiler, mientras viola los términos de su contrato de alquiler y está protegido contra el desalojo. Esta moratoria no sólo es un problema para otros residentes, sino que también le está robando al propietario del edificio 1,002 dólares al mes. “Salen de mi bolsillo. Estoy en una situación muy apretada”.

La historia de Djabatey es sólo una de muchas. Los abogados de la Pacific Legal Foundation hablaron con una propietaria de Luisiana que explicó que tenía problemas para pagar su hipoteca debido a la pérdida de ingresos. Como resultado, ya no podía permitirse lo esencial, como su medicinas recetadas, todo ello debido a la moratoria de desalojo.

Pero Luisiana y Washington D.C. no son las únicas regiones con una estricta moratoria de desalojos.

El término en inglés “landlord” puede evocar imágenes de propietarios de complejos que se aprovechan de sus inquilinos y los dejan con viviendas ruinosas e inhabitables. Sin embargo, en el sur de California, donde el desalojo está prohibido para cualquier inquilino que pueda pagar al menos el 25 % de su alquiler o hipoteca, el 70 % de los propietarios de edificios de alquiler son dueños de menos de 50 unidades. Estos pequeños propietarios están preocupados por cómo se mantendrán a flote financieramente con las moratorias de desalojo que se amplían continuamente.

Los propietarios de Nueva York están lidiando con las mismas preocupaciones, ya que el estado aprobó recientemente lo que The New York Times llamó “las leyes anti-desalojo más completas de la nación”.

La ordenanza pone en pausa cualquier procedimiento de desalojo ya presentado en los tribunales y prohíbe a los propietarios iniciar cualquier nuevo procedimiento hasta por lo menos el 1ero de mayo.

En Oregón, el recién aprobado proyecto de ley 4401 de la Cámara de Representantes amplía las prohibiciones de desalojo hasta el 30 de junio de 2021. Desde entonces, varios propietarios han presentado una demanda contra la gobernadora Kate Brown, Portland y el condado de Multnomah en respuesta a la nueva ley.

Muchos abogados constitucionalistas han cuestionado por qué el CDC está tomando decisiones políticas en el mercado inmobiliario residencial, dado que la Constitución no le autoriza a hacerlo. Sólo el Congreso tiene el poder de crear y aprobar leyes.

La Ley de Servicios de Salud Pública sí otorga al CDC la autoridad para tomar medidas para frenar la propagación del virus, pero sólo autoriza a la agencia a “disponer la inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminación de plagas, destrucción de animales o artículos que se encuentren infectados o contaminados… y otras medidas”.

El CDC ha ampliado esa autoridad alegando que permitirle a los propietarios que desalojen a  inquilinos morosos o destructivos, exacerbará la propagación del virus.

Por muy bien-intencionadas que sean las moratorias para el desalojo, estas políticas suelen provocar más consecuencias imprevistas que resolver los verdaderos problemas. No está claro cuántas personas habrían sido realmente desalojadas en 2020 sin las prohibiciones. Durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, a pesar de los temores de desalojos masivos y falta de vivienda, las tasas de desalojo se mantuvieron relativamente igual que antes de la crisis.

Estas moratorias hacen recaer la carga de la vivienda únicamente sobre los propietarios, perpetuando las dificultades financieras a las que ya se enfrenta el país. Hay políticas más efectivas y razonables que protegerían a los que realmente están luchando contra las dificultades relacionadas con la pandemia, a la vez que asegurarían que los propietarios no pierdan sus ingresos.

Mucha gente está teniendo dificultades ahora mismo, pero no se le pide a todo el mundo que cargue con un peso tan grande sobre sus hombros. “Nadie le pide a los restaurantes y supermercados que den comida gratis, así que ¿por qué las agencias gubernamentales, sin autoridad para legislar, le piden a los propietarios que presten un servicio sin compensación?”, afirmó el abogado Ethan Blevins del PLF.

Como ocurre con muchas crisis nacionales, el gobierno está tomando el poder dondequiera que pueda justificarlo, ignorando la separación de poderes garantizada en la Constitución.

El PLF ha presentado demandas en nombre de propietarios en dificultades en Ohio y Luisiana, pero los propietarios de todo el país siguen sufriendo las consecuencias de las acciones tomadas por del CDC.

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