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Por Álvaro Grajales
NO CONOCER la historia parece ser el camino claro para repetirla. Esta frase parece ser la triste realidad que nos espera a los colombianos en el campo económico con el nombramiento de José Antonio Ocampo como nuevo ministro de Hacienda.
No es la primera vez que el señor Ocampo participa de un gobierno en carteras importantes. En la década de los noventa tuvo un papel protagónico como director del Departamento de Planeación Nacional y como ministro de Hacienda, en el Gobierno del expresidente de izquierda Ernesto Samper, quien es recordado por el proceso 8,000 (investigación por recibir dineros del narcotráfico).
En la administración Samper, Ocampo tuvo a cargo dos tareas importantes: la primera, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo denominado “El salto social” entre 1994 y 1996; la segunda, como ministro de Hacienda y Crédito Público entre 1996 y 1997. Sin embargo, el “salto social” se convirtió en el salto al vacío, pues su gestión se puede resumir en crisis fiscal, emergencia económica, inflación, desempleo y pobreza.
Uno de los principales problemas del famoso “salto social” fue que no quedó claro cómo se iba a financiar el plan sin que se afectará la estabilidad de la política macroeconómica, algo que, a la final, se terminó afectado.
La falta de planeación de Ocampo, tanto en el DNP como en el Ministerio de Hacienda, llevaron a que la administración Samper intentara imponer, a través del Decreto 080 de 1997, “la emergencia económica y social”. Empero, dicho decreto fue declarado inexequible por la Corte constitucional, al considerar que el Estado de Emergencia Económica y Social solo procede:
“ante hechos sobrevinientes de carácter extraordinario cuyos efectos perturbadores o amenazantes del orden económico, social o ecológico, sean graves e inminentes, y que no puedan enfrentarse mediante los poderes ordinarios del Estado, se pueda acudir al método excepcional de gobierno monocrático de la economía que se conoce con el nombre de estado de emergencia”.
Pese a los intentos de Ocampo por justificar la emergencia económica en su intervención en sede de revisión, la Corte, asertivamente expresó:
“Erróneamente se piensa que la supervivencia del sistema económico y social sea asunto que incumbe exclusivamente al estado de emergencia, como si durante la normalidad aquél estuviera exento de librar la misma batalla, y las autoridades competentes no tuvieran en sus manos una parte no desestimable de su destino y la responsabilidad consiguiente de obrar con diligencia y tino”.
Dicho de otra forma, la Corte le dijo al gobierno que la crisis económica era predecible y en 3 años no habían tomado cartas en el asunto. La cuestión es que durante el tiempo que la emergencia económica estuvo vigente, no solucionó los problemas de fondo de las finanzas públicas. Lo anterior llevó a la creación de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, cuyas recomendaciones se quedaron en letra muerta.
Otro punto relevante es que en los programas de inversión social de la administración César Gaviria —donde Ocampo fue Ministro de Agricultura — y la de Samper —donde Ocampo fue el director del DPN y Ministerio de Hacienda — no se evidenció diferencia, pues ambos se caracterizaron por un alto nivel de gasto en funcionamiento, es decir, burocracia.
De hecho, Ocampo tuvo una tarea importante que debió ejecutar desde Planeación Nacional y, posteriormente, desde Hacienda, que fue la Red de Solidaridad Social, calificada por la Contraloría General de la Nación (1995) y por la Unidad Investigativa de El Tiempo (1996) como ineficiente, con alta carga burocrática y altos costos de funcionamiento.
Ante los malos manejos de la economía por parte del sector central, al ministro Ocampo se le ocurrió plantearle al Congreso una reducción de las transferencias a las entidades territoriales, en vez de reducir el tamaño del sector central. Ya saben los actuales alcaldes a qué atenerse con el nuevo ministro, en caso de crisis económica.
Otros hechos importantes de la gestión de Ocampo son: (i) aumentó el desempleo en 9 puntos porcentuales, aumentó el déficit en la cuenta corriente, el déficit comercial y no logró disminuir el déficit fiscal; (ii) en la encuesta de opinión industrial de 1997 realizada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el 74 % de los interrogados calificó la situación de su empresa como regular o mala; (iii) el desempeño de la pequeña y mediana empresa tampoco fue positivo. En el primer semestre de 1996, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) registraba una pérdida de 30,000 empleos causada principalmente por la desaceleración económica y las altas tasas de interés; y (iv) nunca cumplió con las metas de inflación.
Para algunos, el nombramiento es señal de tranquilidad, empero, con su historial, genera más incertidumbre y con su nuevo jefe el panorama macroeconómico no parece positivo.
Álvaro Grajales es abogado colombiano con énfasis en Análisis Económico del Derecho.
