La representante del partido político Proyecto Dignidad de Puerto Rico, Lisie Burgos Muñiz aseguró este viernes que obligar a la gente a vacunarse contra el COVID-19 sería entrar en “conflictos ético-legales”, porque “todo el mundo tiene derecho a decidir”.
Las declaraciones las realizó la funcionaria de Proyecto Dignidad en un comunicado luego que algunos funcionaros comentaran la posibilidad de hacer de la vacunación un requisito indispensable en sectores como educación.
“Todo el mundo tiene derecho a decidir si se vacuna o no, pero esto debe hacerse de forma informada y voluntaria. Si lo anterior no se da, estamos incumpliendo la Ley y nuestra Constitución”, aseguró la funcionaria de la Cámara de Representantes.
Por último, la representante de Proyecto Dignidad especificó que las tres vacunas que actualmente se usan en la isla —Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson— funcionan bajo una autorización especial de uso de emergencia de la Agencia Federal de Drogas (FDA), por lo que obligar a estudiantes, maestros y relacionados al sector educativo a colocarse una vacuna que no ha finalizado sus ensayos médicos es ilegal y atenta contra las leyes federales y estatales.
“Es evidente que en esta etapa en que se encuentran las tres vacunas nadie puede prestar un consentimiento libre y voluntario a la vacunación. Por lo tanto, el obligar a la población a recibir la vacuna contra el COVID-19 mediante intimidación, coacción y amenaza es un atentado contra la dignidad del ser humano.”, añadió.
Las declaraciones de Burgos Muñiz llegan luego de que el pasado miércoles 21 de julio el secretario del Departamento de Educación, Eliecer Pares, señalara que estaban “evaluando y discutiendo” el tema de la vacunación obligatoria.
Sin embargo, dejó claro que es “el secretario de Salud es el que tiene la facultad de tomar una determinación como esta”.
