El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado advirtió este jueves a los habitantes de la isla que si no pueden “poner de su parte” habrán nuevas restricciones por el COVID-19.
Según reseñaron medios locales, Mellado apuntó que el aumento de casos podrían propiciar que el sistema de salud colapse, por lo que instó a la gente a cuidarse contra el virus.
“Los contagios siguen aumentando y no podemos permitir que el sistema de salud colapse. Necesitamos que todas las personas pongan de su parte para controlar este virus, de lo contrario, no habrá otra alternativa que implementar nuevas restricciones”, dijo Carlos Mellado.
La declaraciones del secretario llegan luego que el Departamento de Salud informara que actualmente se encuentran 556 casos de hospitalizados por COVID-19, la cifra más alta desde el pasado mes de abril. Asimismo, Mellado también informó de una sumatoria de 44 muertes desde el pasado lunes.
“La pandemia no se ha acabado y la variante Delta está ocasionando un repunte aun peor del que vimos al principio de la pandemia. Todos tenemos que actuar con prudencia y debemos cooperar para frenar los contagios”, declaró el funcionario.
De aplicarse nuevas restricciones en Puerto Rico, esta sería la tercera vez que el Gobierno toma una medida similar. En el pasado, dos órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi condicionaron la vida de los habitantes de la isla.
La primera de ellas exigía a los funcionarios públicos la vacunación obligatoria antes del 16 de agosto y tener las dos dosis antes del 30 de septiembre a razón del aumento de casos en la isla y el estancamiento de la campaña de inmunización, según expresó Pierluisi en su momento.
La segunda orden se refirió a que se debe continuar con el lavado de manos para evitar el contagio y la propagación del virus, así como también una cuarentena de 14 días para aquellos que entraron en contacto con personas infectadas y que no estén vacunadas. Además, también solicitaba que en los eventos de la “nueva normalidad”, los asistentes presentaran una prueba negativa de COVID-19 o su certificado.
Ambas medidas fueron ampliamente criticadas en Puerto Rico y calificadas como “dictatorial” por autoridades como el alcalde de San Sebastian, Javier Jiménez Pérez. Por su parte, el Proyecto Dignidad denunció que obligar a la vacunación es “ilegal” y atenta contra el derecho al libre albedrío.
Todas estas medidas tuvieron su consecuencia legal luego que 131 personas demandaran al Estado por su política contra el COVID-19.
