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Por Vianca Rodríguez*
Lo recuerdo como si fuera ayer. María tocó tierra en Puerto Rico un 20 de septiembre del 2017, a solo dos semanas luego del impacto del huracán Irma, del cual miles de puertorriqueños todavía se encontraban intentando recuperar. Nunca nos imaginamos que terminaría causando el daño y, por ende, el trauma que todavía nos espanta a todos 5 años después. Los que vivimos un mes o más sin electricidad y agua sabemos de lo que hablamos. Nunca falla cada temporada de huracanes, cuando todos tenemos sentimientos encontrados porque nos sentimos paralizados. Por eso cuando tocó Fiona, solo esperamos lo peor —cada vez más sentimos que somos condenados a lo más perjudicial—.
Cuando me dicen que en la diáspora la temporada de huracanes “no es tan mala como lo pasamos nosotros”, se me hace difícil creer y pensar que hay otros estados con mejores manejos de emergencias y desastres naturales. Sin embargo, la realidad es que la diferencia es entre el cielo y la tierra —en cada condado de Florida— al esperar el huracán Ian. Todos se movilizaron rápidamente para implementar planes de contingencia: la división de manejo de emergencias en el estado, el gobernador y cada oficial electo y funcionario de cada ciudad hizo todo lo posible por evitar mayores daños.
Requirieron limpiar los alcantarillados, instalaron presas temporales alrededor de las estaciones de bombeo de agua, reforzaron aún más los sistemas de acueducto, instalaron refugios adicionales apropiados y las comisiones de servicios públicos y eléctricos están listos desde antes que tocara tierra para reactivar estos servicios esenciales lo más pronto posible y permisible sin arriesgar más vidas.
Este tipo de acciones —en colaboración con las agencias federales— es lo que permite que estados como Florida puedan reconstruirse debidamente y, en la mayoría de los casos, más rápido que Puerto Rico. Lo lamentable de la situación en Puerto Rico es que, además de ser prevenible una y otra vez, nos encontramos hablando de lo que está mal y fallando en la corrección cada año, luego de que un huracán arrasa la isla. Albert Einstein una vez dijo que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados.
No hablar del status quo y cómo el estatus legal colonial del Estado Libre Asociado (ELA) contribuye al problema es ignorar un camino legítimo a la recuperación. El ELA de Luis Muñoz Marín es lo que nos ha traído a esta situación. Venderles la idea a millones de puertorriqueños y a otros ciudadanos americanos en la diáspora de que podemos tener nuestro pastel y comerlo también es la idea tóxica que ha contribuido a que los esfuerzos hasta el momento hayan sido en vano.
No hablar sobre cómo oficiales electos en el Congreso estadounidense han aprobado o eliminado legislaciones a beneficio (o falta de) del pueblo puertorriqueño muestra las consecuencias cuando no tenemos oficiales con voz y voto para legislar y votar a favor (o en contra) de elementos que podrían cambiar el rumbo de la isla.
La disparidad en ayuda económica pos-Maria de recuperación/reconstrucción comparada con Harvey en Texas e Irma en Florida muestra que algo está mal. A ellos no les aplica el acto proteccionista y arcaico llamado Jones que previene cualquier competencia y ayuda foránea a llegar a la isla sin previa aprobación del Gobierno federal, lo que contribuye a precios más altos en los productos que los puertorriqueños consumen. Es este acto lo que actualmente está previniendo que llegue a la isla un buque de las Islas Marshall con 300,000 barriles de diésel y combustible necesario para la recuperación pos-Fiona.
Los casos insulares a los cuales regimos el estatus de Puerto Rico hasta el día de hoy necesitan revisión desesperadamente. La misma Corte Suprema que decidió Plessy v Ferguson también resolvió los casos insulares que justifican el trato desigual de los territorios “no incorporados” como Guam y Puerto Rico. Mientras a Plessy le llegó su época de corrección a través de Brown v Board of Education; a Puerto Rico todavía no le ha llegado su momento de rectificación —a pesar de expresar firmemente el apoyo por la estadidad en los últimos 3 referendos—.
Tenemos que optar por una transformación multisectorial. Necesitamos otra operación “Manos a la obra”, pero distinta, que debería comenzar con la inmediata admisión de Puerto Rico como estado. Es por esto que el Congreso tiene que considerar el proyecto de ley HR 8393, conocido como la Ley del Estatus de Puerto Rico, que finalmente podría brindar un referéndum vinculante sobre el cual el Congreso tendría que actuar sí o sí, si los votantes volvieran a elegir la estadidad.
Deberíamos de volver a implementar leyes e incentivos contributivos como lo fue la Sección 936, que por más de 80 años de su existencia ofreció oportunidades de trabajo, incentivos económicos y, sobre todo, ayudó a elevar el estándar de vivienda, el producto doméstico bruto (GDP) y el nivel de alfabetización en toda la isla. Una transformación en la economía necesita literalmente toda mano de obra —desde el sector privado, las farmacéuticas, hasta el sector agrícola—, e incorporar a los pequeños y medianos comerciantes.
Es una hipocresía descarada criticar los pocos incentivos contributivos que quedan en Puerto Rico mientras los de la izquierda gritan que “nos están matando”. Los únicos que nos están matando son los que nos condenan a limitarnos las posibilidades de transformar la economía de la isla a base de juegos políticos, mientras que esos mismos llamados “independentistas” se mudan a los estados como Florida y Texas para disfrutar de los mismos incentivos —como no tener que pagar impuestos a los ingresos estatales—.
Es por esto que en estados como Florida logran obtener los fondos necesarios para actuar mejor ante desastres naturales y reforzar la infraestructura existente, porque cuentan con incentivos contributivos necesarios, especialmente para aquellas compañías que han ido al estado con propósitos de acelerar el desarrollo en zonas rurales y para establecer trabajos.
Por otro lado, tenemos un gobierno local que, a pesar de su nivel especial de autonomía, ha fallado una y otra vez en demostrar que pueden ofrecer opciones y motivar la competencia en los sectores públicos como los servicios de electricidad y agua para que, naturalmente, a través de la dinámica oferta y demanda, los consumidores puedan ver precios más bajos en sus facturas mensuales. Al contrario, cada día que pasa muestra lo ineficiente que es bajo el Estado Libre Asociado.
El gobierno local también tiene que ofrecer incentivos a los que se quedan, comenzando con no hacerles la vida difícil a los pequeños y medianos comerciantes que son realmente el backbone de la isla: los emprendedores.
Lo más relevante de todo es que mientras uno puede evacuar a otro estado, si así lo desea, estando en Florida, los que están en Puerto Rico no tienen la misma dicha. No les queda de otra que simplemente enfrentarlo. Y es por esta obvia razón que reformar la infraestructura en toda la isla es necesaria, que solo vendría con un cambio de estatus. Solo así la época del trauma puede acabar de una vez por todas.
*Analista política conservadora y panelista en el programa nocturno de ViX, Línea de Fuego. Reside en Doral, FL. Obtuvo su bachillerato en ciencias políticas de la Uiversidad Estatal de Arizona (Arizona State University) y actualmente está completando su maestría (MPA) en administración pública (Public Administration) en la misma universidad.
