La Legislatura en Puerto Rico aprobó este miércoles un aumento del salario mínimo en tres fases para llegar a $10.00 la hora.
La Cámara de Representantes y el Senado acordaron para el 1 de enero de 2022 aumentar el salario mínimo a $8.50 dólares la hora; para el 1 de octubre de 2022 a $9.00 dólares la hora; y para el 1 de octubre de 2023, se incrementará a $10.00 dólares la hora, explicó el presidente de los representantes Rafael “Tatito” Hernández.
“En el día de hoy reiteramos nuestro compromiso de hacerle justicia salarial a nuestros trabajadores y de garantizarles mejores condiciones laborales a nuestro pueblo. Este es el resultado de un proceso constante de diálogo, de trabajo en equipo y de consenso para dar paso a una legislación que, sin dudas, tendrá un impacto positivo en el país”, expresó el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.
Torres García anunció que se creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo que fungirá como ente independiente con peritaje para promover la productividad y competitividad en el sector laboral de Puerto Rico.
Indicó que estará compuesta por dos representantes de los trabajadores, dos representantes de los intereses de los patronos, un economista recomendado por el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Asociación de Economistas; un economista experto en asuntos laborales recomendado por el Instituto de Relaciones del Trabajo de la UPR; y un representante del interés público.
“Este es un buen día para el país y un paso de avanzada para asegurarle a nuestros trabajadores y trabajadoras una compensación justa y adecuada por las labores que realizan a diario. Del mismo modo, es la reafirmación de que, cuando se trabaja en unidad, se buscan puntos de encuentro y se fomenta la participación, logramos acuerdos que benefician a todos los puertorriqueños”, manifestó Torres García.
Previamente, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi hizo la propuesta producto del informe del Grupo Asesor que establecía un aumento al salario mínimo a $8.50 la hora, a partir de enero del próximo año. Además de un segundo aumento a $9.50 la hora en el mes de julio de 2023 y un tercer aumento a $10.50 la hora en el mes de enero de 2025.
“Estos dos aumentos estarían sujetos a que se cumplan con ciertas métricas de estabilidad y desarrollo económico para garantizar que no se pierdan empleos y se afecte la economía”, explica una nota de prensa compartida por La Fortaleza.
De acuerdo con el comunicado, el Grupo Asesor está integrado por tres organizaciones sindicales, representantes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); además de representantes de la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la Asociación de Contratistas Generales y por tres economistas.
A principios del mes de julio, Antonio Fernós Sagebién, economista con doctorado en finanzas en Tulane University, Nueva Orleans y especializado en finanzas corporativas y mercados de deuda municipal, llamó a los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo a considerar ver esta situación como algo de equidad más que de justicia.
«Hay que tener cautela no vaya a ser que [con el aumento al salario mínimo] le hagamos más daño a un sector tratando de mirar esto como que es bueno para todo el mundo en todo momento. Creo que es hora de dejar de mirar esto como una cuestión de justicia y más como una cuestión de equidad. Aquí todavía hay industrias en específico en Puerto Rico que ganan muy bajo como lo son la agricultura y algunos servicios, como en el área de restaurantes, barras y demás que cobran menos de $3 la hora», explicó en declaraciones a Telemundo Puerto Rico.
«Puede haber un disloque todavía peor y se pueden terminar perdiendo muchos más empleos [en comparación] a la equitatividad que se quiere dar a un sector», añadió.
Fernós Sagebién propuso que cualquier tipo de aumento debe evaluarse industria por industria, considerando el contexto de la pandemia y los beneficios de desempleo que ofrece el Gobierno, para evitar el que denominó «desempleo de lujo».
