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Puerto Rico: crean petición para revocar ley que flexibiliza condenas a presos

“La vida de nuestros hijos no vale 25 años o 15, no se hace justicia soltando a criminales a la calle, sentenciados y convictos”, comentan los creadores de la solicitud

Allegados a las víctimas de crímenes en Puerto Rico han creado una petición en la plataforma change.org para que el Senado revoque el Proyecto 437, aprobado este jueves por la mayoría del legislativo.

La ley ha generado controversia en madres, padres y familiares de víctimas de la violencia de Puerto Rico porque consideran que beneficia al convicto y no es cónsono con la sentencia.

“El objetivo de ley 437 no es justamente velar y proteger los derechos de las víctimas y mucho menos de los familiares. Este proyecto atenta contra la seguridad física y emocional de los padres y familiares que hoy sufren la pérdida de un ser querido. (Es) estar mediante un proceso legal por años para luego ver cómo le conceden la libertad”, dice la motivación de la petición.

Este proyecto aprobado por el Senado y que pasará a la Cámara de Representantes para su debate, flexibiliza los criterios que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) en Puerto Rico evalúa a fin de otorgar el beneficio de la libertad condicional por la mayoría de los delitos, siendo el asesinato uno de los que se aplicará de forma retroactiva.

“La vida de nuestros hijos no vale 25 años o 15, no se hace justicia soltando a criminales a la calle, sentenciados y convictos. Comiencen a trabajar la rehabilitación desde adentro”, comentan los creadores de la solicitud.

Hasta el cierre de esta edición, más de 1,200 personas han firmado la solicitud. Sin embargo, se desconoce si tendrá alguna reacción para el gobernador Pedro Pierluisi o el Legislativo de Puerto Rico.

Según la Comisión de lo Jurídico del Senado, este proyecto de ley es un primer paso para impulsar la rehabilitación y reintegración social de quienes han delinquido.

Entre las claves para optar a esta nueva modalidad de libertad condicional bajo palabra está tener 15 años desde su reclusión y 5 cuando se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. La fórmula representa el 75 % del tiempo de condena, pero nunca más de 15 años.

En condenas de asesinato, el tiempo con el proyecto del Senado se reduce de 35 a 25 años, y de 15 a 10 años si es un menor procesado y sentenciado como adulto, el tiempo de reclusión mínimo antes de que la persona pueda ser considerada para dicho privilegio, reseñó Noticel.

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