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Luego de meses de tensiones y peleas entre Big Tech y varios políticos conservadores, especialmente Donald Trump, los gigantes tecnológicos de Silicon Valley decidieron cruzar el Rubicón y suspendieron indefinidamente las cuentas del presidente saliente de los Estados Unidos alegando que su contenido podría incitar a la violencia y violaban los términos y condiciones de sus plataformas. Para algunos, esto es ir más allá de los privilegios otorgados por la Sección 230 de la Communications and Decency Act de 1996.
A simple vista, el tema fue discutido dentro de los clásicos campos partidistas que se han vuelto rutinarios en la hiperpolarizada política contemporánea. Los liberales (en el sentido americano de la palabra) más acérrimos salieron inmediatamente a celebrar la decisión, mientras que conservadores denunciaron esta decisión como el principio del fin de la libertad de expresión en Estados Unidos y pidieron eliminar la Sección 230 que protege a estas plataformas de demandas. Sin embargo, esto no es un tema que se debe ver exclusivamente desde las perspectivas partidistas que son comunes en el foro público. Es un tema mucho más complejo y profundo que debe debatirse sin dejar que las pasiones del momento nublen el razonamiento.
La decisión de Twitter y otros gigantes tecnológicos sienta un muy mal precedente. No lo dice Trump ni el movimiento conservador, lo dijeron Angela Merkel (a quien nadie puede acusar de simpatizante de Trump), Alexei Navalny, político opositor ruso, y el mismísimo CEO de Twitter, Jack Dorsey. Y no es difícil ver por qué es negativo que un conglomerado de empresas tecnológicas decidió reducir considerablemente la capacidad de un funcionario público, y no cualquier funcionario público, de comunicarse con la población.
Incluso si te sientes aliviado por no tener que escuchar a Trump por unos días (créanme, comparto el sentimiento), la decisión de la semana pasada deja mucha tela que cortar y abre preguntas sobre el futuro de la libertad de expresión en una sociedad que cada día depende más de las redes sociales para comunicarse.
Libertad de expresión como bien intrínseco
Inmediatamente luego de la decisión de Big Tech, se dijo que la Primera Enmienda es referente a la censura del gobierno federal y no es aplicable a entidades privadas, lo cual legalmente es cierto. Sin embargo, pretender que una aseveración que explica la letra de la ley pueda cerrar el debate del rol de Big Tech en el foro público es superficial, para empezar. Nadie dice que la acción de Twitter fue ilegal, el debate es si fue adecuada.
La primera enmienda está diseñada para prohibir al gobierno federal censurar a sus ciudadanos. Ahora, nos debemos preguntar: ¿Por qué consideramos que la censura gubernamental es tan corrosiva para las libertades de un país? La respuesta, bastante obvia, es que como sociedad consideramos que la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas son bienes intrínsecos que deben ser preservados. Consecuentemente, como el Estado es la entidad que tiene más capacidad coercitiva para detener el libre flujo de ideas es que hemos decidido imponer fuertes limitaciones legales a su capacidad de detener este bien común que llamamos libertad de expresión.
La primera enmienda tiene un propósito: defender el libre intercambio de ideas, y como se asume que el Estado tiene las mayores herramientas para restringir ese derecho es que los Padres Fundadores utilizaron un lenguaje dirigido al gobierno federal. Sin embargo, sólo porque el Estado es la entidad que tiene la mayor capacidad de restringir la libertad de expresión (es más, la puede extinguir si así quisiera) no significa que no haya otros actores que puedan restringir también este derecho, con menor fuerza que el Estado tal vez, pero restricción, al fin y al cabo.
Los eventos de la semana pasada nos dejan una realidad clara, la Big Tech tiene un inmenso poder de dirigir la conversación en la esfera pública. En menos de dos días, el presidente Donald Trump fue suspendido de: Twitter, Facebook, Instagram (comprada por Facebook), Snapchat, YouTube, Twitch, Shopify, TikTok, Pinterest, entre otras compañías.
Es decir, Trump al parecer no podrá ver los streams de Call of Duty de Ninja en Twitch ni revisar en Pinterest la nueva decoración que usará para remodelar su suite en Mar-a-Lago una vez salga de la Casa Blanca. Es indiscutible que el poder que tienen unos CEOs de restringir sustancialmente la capacidad de una figura pública de expandir su mensaje a la población es problemático. Especialmente, porque nadie los eligió y no hay manera de hacerlos responsables ante el público.
Un argumento que esgrimen aquellos que defienden este bloqueo es que en realidad no afecta la libertad de expresión porque los usuarios simplemente se pueden mudar a otras plataformas con reglas menos estrictas sobre la moderación de contenido. También dicen que lo que están haciendo estas empresas está protegido por la Sección 230. En efecto, muchas personas decidieron abrirse cuentas en Parler. Sin embargo, tanto Apple como Google decidieron retirar el App de sus tiendas y Amazon suspendió el acceso de esa página web a sus servidores, efectivamente eliminándola del internet.
¿Cómo podemos seguir argumentando que el libre mercado ofrecerá soluciones para contrarrestar los excesos de la Big Tech si el acceso a ese mercado está siendo restringido por la Big Tech?
Las decisiones conjuntas (no estoy diciendo que fueron coordinadas) de suspender a Trump e inclusive eliminar la posibilidad de que otra plataforma surgiera como alternativa nos demuestra que, aunque la Big Tech sigue sin tener las mismas capacidades que tiene el Estado de restringir la libertad de expresión (Jeff Bezos no puede arrestarte… todavía), sí poseen suficientes armas para restringir sustancialmente el flujo de ideas e información. Por ende, aunque es absurdo exigir que Twitter y Facebook sigan los mismos parámetros que el Estado en el tema de libertad de expresión, también es iluso pensar que no necesitan ningún tipo de control o procedimientos estándares.
Precisamente, esta falta de consistencia de Twitter y otras compañías ha sido duramente cuestionada, como debe ser. ¿En qué mundo se justifica que Trump haya sido suspendido por llamar a la violencia mientras líderes sanguinarios como Nicolás Maduro o el Ayatollah Khamene’i siguen con sus cuentas intactas?
Reforma de la Sección 230 ¿es el remedio peor que la enfermedad?
Estas libertades que tienen las redes sociales ser derivan de la Sección 230 de la Communications and Decency Act de 1996. Básicamente, este inciso les permite a varios gigantes tecnológicos (que en ese momento eran compañías muy pequeñas) no tener responsabilidad legal sobre el contenido que suban sus usuarios, mientras que también les da la libertad de monitorear el contenido publicado en sus plataformas y eliminarlo si se considera que viola los términos y condiciones de la compañía. Es decir, si una cuenta anónima en Twitter decide publicar contenido difamatorio contra una persona o contenido violento, Twitter no puede ser demandado por ello.
Por varios años, la Sección 230 pasó desapercibida y sirvió como una herramienta para que las redes sociales lograran moderar el contenido de sus foros y evitar la intrusión de contenido grotesco que pudiese ensuciar la imagen de sus plataformas. Claro está, esta libertad de las compañías de suspender contenido que considerasen inaceptable asume que dichas decisiones son tomadas en buena fe. Muchos estamos dudando ahora que la Big Tech esté actuando en buena fe.
Por estas razones, varios han propuesto una reforma total (o incluso la eliminación) de la Sección 230. Aunque es algo necesario, en mi opinión, cualquier reforma de la Sección 230 debe ser ponderada cuidadosamente ya que existe la posibilidad de que, en el nombre de asegurar la libertad de expresión en las redes, una reforma mal calibrada puede terminar dañándola aún más.
Si se anula completamente la Sección 230 y se abre la puerta de que compañías como Facebook e Instagram sean responsables legalmente de cualquier contenido que sea publicado en sus plataformas, entonces podemos esperar que dichos entes van a ser sumamente cuidadosos en las opiniones publicadas en sus redes para evitar cualquier litigio legal. En práctica, la Big Tech puede terminar censurando aún más contenido que ahora.
Por otro lado, mantener la situación actual es verdaderamente insostenible. La Big Tech no puede seguir (como dicen en inglés) “having their cake and eating it too.” O es un foro público neutral donde solo se limite contenido abiertamente reprensible (contenido gore o pornográfico, por ejemplo) o deciden dar de una vez el paso final y convertirse en una publicadora de contenido, adhiriéndose a las reglas que siguen los medios de comunicación tradicionales.
Pero la Big Tech no va a dar este paso voluntariamente. Por tanto, necesitamos discutir seriamente alternativas legislativas para resolver este tema y preservar la libertad de expresión en este nuevo ambiente dominado por las redes sociales, que como dije al principio, es un bien intrínseco para toda sociedad que quiera llamarse libre.
Yo no soy abogado ni pretendo ser un experto en los complicados tecnicismos legales necesarios para construir una reforma viable de la Sección 230 que asegure el intercambio de ideas. Sin embargo, considero que se puede construir una reforma viable si se siguen los siguientes principios:
- Bajo una nueva Sección 230, las redes sociales no deben ser responsables legalmente del contenido publicado por sus usuarios. Esto solo crearía incentivos para incrementar la censura.
- Se deben establecer límites legales más claros y definidos sobre qué tipo de contenido puede ser moderado por las compañías y que dichos procesos sean consistentes y transparentes. Específicamente, la Sección 230 le da la habilidad a Big Tech de restringir el acceso a material que ellos consideren como “otherwise objectionable”, lo cual es un término legal bastante vago que le brinda bastante espacio para maniobrar a estas compañías para controlar el contenido en las plataformas sin seguir un proceso transparente o muy coherente. Cualquier reforma de la sección 230 debe resolver este vacío legal en específico.
- Los funcionarios públicos, políticos o personalidades de alta relevancia pública deben tener la libertad de expresar sus opiniones al público, inclusive si dichas ideas no nos gusten. Cualquier declaración de un líder político (especialmente un jefe de gobierno) es automáticamente una noticia y no debe ser censurada.
- Cualquier reforma de la sección 230 debe ser acompañada de las regulaciones anti-monopolio que están siendo consideradas en estos momentos. La suspensión de Parler de internet es solo una muestra de que, en estos momentos, el mercado está dominado por un grupo pequeño de compañías que puede suspender, si así lo desea, cualquier plataforma.
Puedes estar en desacuerdo o pensar que las declaraciones de Trump el 6 de enero fueron incendiarias e irresponsables (yo opino lo mismo). Pero la manera de contrarrestarlo no es suspenderlo de Twitter indefinidamente y esperar que su retórica desaparezca por arte de magia, sino confrontarlo directamente en el foro público, por más agotador que sea. Si estas en contra de una idea, enfrentarla es de valientes, censurarla es la vía fácil.
