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Protestas en Colombia. Radiografía de las Protestas

Radiografía de las protestas en Colombia: qué ocurre y por qué

La reforma tributaria fue el detonante de las protestas en Colombia, pero sus razones son muchas y están entrelazadas con varios intereses políticos

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La pandemia no dio tregua en Colombia y mientras las salas de los hospitales están por reventar y los médicos deciden a quién permitir el tan preciado oxígeno, las nuevas cuarentenas vuelven a decimar el ya frágil tejido económico colombiano mientras crece la frustración por el lento avance del plan de vacunación.

Desde que comenzó la emergencia del Covid-19, los colombianos han visto con pesar cómo su país retrocedía 20 años en su historia y volvieron a recordar la imagen de una Colombia sumida en la pobreza, desigualdad y guerra, como en los nefastos años ’90.

Mientras tanto, la popularidad del presidente de Colombia, Iván Duque, cae en picada por lo que los colombianos definen a la administración como un desgobierno y llaman al mandatario un “títere” de su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La cuarentena de casi 6 meses del 2020 para contener la Covid-19 dejó como saldo miles de empresas en quiebra. En 2021 la tasa de desempleo es del 14 % y 3 millones y medio de personas cayeron en la pobreza. A pesar de las estrictas cuarentenas, el país no logra contener la expansión del virus y ajusta más de 75,000 muertes por coronavirus.

En Colombia van más de 75,000 muertos por la pandemia, el plan de vacunación avanza con lentitud y los Unidades de Cuidados Intensivos superan el 90 % de ocupación en las ciudades principales. (EFE)
En Colombia van más de 75,000 muertos por la pandemia, el plan de vacunación avanza con lentitud y las Unidades de Cuidados Intensivos superan el 90 % de ocupación en las principales ciudades. (EFE)

Mientras que las cuarentenas dejaron a millones en la pobreza, el conflicto armado se intensificó en las zonas rurales y el anillo de la cocaína se cerró cada vez más sobre el país. Este anillo inicia en el sur de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo, limítrofes con Ecuador. Continúa luego de forma paralela a la Cordillera Oriental, pasando por los departamentos de la Orinoquia —Caqueta, Meta, Casanare y Arauca— para terminar en la región del Catatumbo, en los límites con Venezuela.

Los actores del conflicto armado —que van desde las disidencias de las antiguas FARC hasta grupos descendientes del paramilitarismo y los antiguos cárteles— han recuperado presencia a lo largo del territorio colombiano y extienden sus negocios que no solo se limitan al narcotráfico sino también a la extorsión, secuestro, minería ilegal, robo, desplazamiento forzoso de personas, tráfico de petróleo y asesinato.

En Colombia más del 43 % de la población se encuentra en la pobreza y con un un desempleo cercano al 15 %. (EFE)
En Colombia más del 43 % de la población se encuentra en la pobreza y cuenta con un un desempleo cercano al 15 %. (EFE)

El asesinato se ha vuelto una práctica común entre los grupos para establecer su dominio en las zonas en las que hacen presencia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 2016 y 2020 más de 753 miembros de juntas comunitarias, maestros, personas pertenecientes a diversas ONG’s y representantes políticos, conocidos en el país como líderes sociales, han sido asesinados a mano de estos grupos de narcotraficantes.

La política de seguridad de Duque se percibe como ineficiente e impopular entre muchos sectores del país, mientras enfrenta una fuerte oposición de la izquierda que se ha apoderado de las banderas políticas del asesinato de los líderes sociales, acusando al Gobierno colombiano de inoperancia y hasta de complicidad con los asesinatos.

La oposición recurre al nefasto recuerdo de los asesinatos de Estado durante el Gobierno de Álvaro Uribe; conocidos como falsos positivos, para deslegitimar la administración actual. Este fenómeno que comenzó en los ’80 con el tiempo fue escalando a lo largo de la estructura de algunas unidades en el Ejército. Se conoce a estas víctimas como falsos positivos, pues fueron civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por las unidades militares, quienes eran premiadas con incentivos como permisos de descanso para toda la tropa, y promociones o asensos para los oficiales.

En muchas regiones rurales del país los grupos narcotraficantes amedrentan a la población a través del asesinato selectivo mientras deslegitiman al Estado colombiano. (EFE)
En muchas regiones rurales del país los grupos narcotraficantes amedrentan a la población a través del asesinato selectivo mientras deslegitiman al Estado colombiano. (EFE)

Desde que asumió la presidencia Iván Duque, los partidos de oposición han organizado manifestaciones y paros nacionales durante repetidas ocasiones que culminaron con numerosas manifestaciones en 2019 y que continuaron durante el 2020, hasta que llegó la pandemia.

El país permaneció relativamente libre de manifestaciones durante las cuarentenas —exceptuando la temporal aprehensión de Uribe en un juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos.

La calma llegó a su fin en septiembre cuando un abogado pasado de copas, Javier Ordoñez, murió sofocado en un cuartel de la policía, conocido como Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Colombia.

Las manifestaciones por la muerte de Javier Ordoñez no se hicieron esperar y dejaron un resultado de 53 CAI’s incinerados o vandalizados, cientos de heridos entre policías y manifestantes y 13 personas que murieron bajo el fuego de la policía. Las autoridades denunciaron la participación de grupos con vínculos a las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las manifestaciones de septiembre a octubre del 2020.

La reforma tributaria

Aunque la situación pareció volver a “la normalidad” por un tiempo, y el país continuó su paso por la pandemia con cuarentenas durante las festividades navideñas, el comentario de un incauto ministro de Hacienda —que poco antes había anunciado a una nueva reforma tributaria que gravaría con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a toda la canasta básica— causó indignación nacional y detonó la acogida masiva de las protestas convocadas originalmente por los sindicatos de maestros y organizaciones de trabajadores.

En el programa de Vicky Dávila, una de las periodistas más influyentes del país, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desatinó al decir cuánto valía una docena de huevos, mientras hablaba de las bondades de la nueva reforma tributaria que el Gobierno radicó al Congreso. El desatino del ministro causó indignación y las redes sociales se inundaron de memes mofándose de la ignorancia de Carrasquilla, pero más importante aun, acusándolo a él y a la administración de Duque de indiferencia con los colombianos.

Los colombianos vieron con un asumo de burla e indignación la equivocación del ministro de hacienda en prensa. (EFE)
Los colombianos vieron con un asomo de burla e indignación la equivocación del ministro de hacienda en prensa. (EFE)

La reforma tributaria apenas ingresó al Congreso no tenía posibilidad de sobrevivir, pues hasta el propio partido de Gobierno, Centro Democrático, anunció que no la apoyaría. La izquierda usó al incauto ministro, a la reforma y a la corrupción del Estado como catalizadores para convocar a un paro nacional y se adhirió a las manifestaciones programadas para el 28 de abril.

Colombia se percibe en la mente de los propios colombianos como un país sumamente corrupto donde persiste la idea que hasta casi 50 billones de pesos colombianos se pierden por corrupción (aproximadamente $14,000 millones de dólares). Una muestra de esto fue la consulta anticorrupción del 2018 que no fue aprobada por no alcanzar el umbral mínimo de votos requeridos. Así, la alusión a una reforma tributaria para tapar el hueco que deja la corrupción causó aun más indignación en el ya estresado pueblo colombiano.

Muchos partidos políticos y figuras de la opinión pública manifestaron que el pueblo colombiano no estaba preparado para una reforma tributaria tras la pandemia. (EFE)
Muchos partidos políticos y figuras de la opinión pública manifestaron que el pueblo colombiano no estaba preparado para una reforma tributaria tras la pandemia. (EFE)

Paradójicamente, la reforma tributaria pasada por el Gobierno era la reforma más estructurada en años por un Gobierno, pues permitía dejar al Estado con superávit y aumentaba el recaudo en más de 34 billones de pesos ($9,400 millones de dolares).

El proyecto planteaba flexibilizar la regla fiscal (que limita al Estado incurrir en más deuda pública), hacer permanente el programa “Ingreso Solidario” (una renta básica focalizada creada durante la pandemia que gira entre $22 y $80 dólares a los hogares más pobres mensualmente) y poder cumplir el servicio de deuda de Colombia que ascendió al 62 % del PIB en el 2020. Hoy las calificadoras de riesgo amenazan con bajarle el grado de inversión al país, encareciendo el costo de los préstamos del Estado.

Protestas en Colombia, El American
La reforma tributaria fue el detonante para que miles de personas secundara el llamado a las protestas el 28 de abril. (EFE)

La reforma establecía un impuesto marginal progresivo a las rentas superiores a los 2,800,000 pesos ($760 dólares), mientras gravaba las pensiones del 1 % más rico en el país, además establecía un impuesto temporal al patrimonio por 2 años, elevaba el impuesto a los dividendos del 10% al 15 %, y fijaba un impuesto temporal a los ingresos altos de más de 10 millones de pesos al mes ($2,600 dólares).

Además también incluía una disminución al impuesto de renta a las empresas pasando del 32 % al 24 % para pequeñas empresas y al 30 % para medianas y grandes. El proyecto de ley de igual manera eliminaba las deducciones para rentas exentas y las tarifas preferenciales. Por último, la reforma contemplaba un aumento a los impuestos al carbono, al impuesto local de los vehículos, peajes urbanos y a los plaguicidas.

Protestas en Colombia, El American
Miles de personas salieron a marchar el 28 de abril en contra de la reforma tributaria, pero especialmente, el gobierno de Iván Duque. (EFE)

Aunque muchos economistas vieron con buenos ojos el diseño de la reforma, los partidos políticos en el país no quisieron apoyarla, considerando que afectaba demasiado el bolsillo de los colombianos. La administración Duque respondió retirando la inclusión del IVA en la canasta básica, pero ya era demasiado tarde.

La izquierda decidió ignorar todos los postulados de la reforma que grababan a los ciudadanos más ricos y exigió que se retiraran y, además, demandó: la renuncia del ministro de Hacienda, el establecimiento de una renta básica de emergencia para más de 32 millones de hogares con un salario mínimo ($260 dólares), que el Banco de la República emitiera dinero para pagar la renta básica, que se establecieran aranceles para proteger la producción nacional, y finalmente, que se extendiera un subsidio de nómina a las micro y pequeñas empresas. El paro estaba en marcha.

Las protestas

El 28 de abril todas las ciudades del país vieron cómo miles de personas, a pesar de la pandemia, marchaban contra la reforma tributaria, protestando por la situación del país y por el «desgobierno» que muchos colombianos manifiestan sentir. No pasó demasiado tiempo hasta que se desataran los disturbios.

En Bogotá los manifestantes bloquearon los accesos a las vías del sur de la ciudad y hubo fuertes protestas en el centro de la capital, los llamados “primera línea” (aquellas personas que abren camino en las marchas) se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía colombiana ante las puertas del Congreso. En Medellín, varias tiendas de un reconocido centro comercial fueron saqueadas, el edificio del Banco de la República terminó con los vidrios rotos por pedradas, y la oficina de Catastro quemada.

En Cali los disturbios ocasionaron el cierre de varias vías, el robo de una reconocida cadena de supermercados, el incendio de varias centrales de bancos y el robo de vehículos a las afueras de la ciudad. En algunas partes, los comerciantes preocupados por los saqueos recibieron a tiros a los vándalos.

Ese mismo día el paro vería su primer muerto, Marcelo Agredo, un joven de 17 años que en medio de las manifestaciones en Cali pateó a un policía que estaba siendo atacado por varias personas. El uniformado le disparó mientras huía.

Aunque muchos manifestantes hicieron todo lo posible para controlar la vandalización de las protestas, los saqueos y la destrucción, todo fue en vano y tanto Gobierno como alcaldías llamaron a un toque de queda.

Manifestantes intentan devolver los televisores robados a una cadena comercial durante las marcha del 28 de abril.

Los ánimos se caldearon aun más en las protestas del 30 de abril cuando un capitán de la policía, Jesús Alberto Solano, fue asesinado a puñaladas por vándalos en el municipio de Soacha, al sur de la capital. Ese día una joven denunció haber sido violada por un miembro del ESMAD.

A pesar del toque de queda, las manifestaciones siguieron y se intensificaron el primero de mayo durante el Día del Trabajo. En Cali y su área metropolitana, donde más fuerte había sido el conflicto entre manifestantes y la policía, comenzó a llegar personal militar.

En Medellín los manifestantes arengaron la resistencia ante la policía de los manifestantes en Cali con fuertes proclamas como: «Cali, amigo, Medallo está contigo», y en Bogotá regresaron los enfrentamientos con el ESMAD.

En algunas ciudades comenzaron a circular vídeos de grupos criminales donde advierten que a cualquier vándalo o encapuchado que se encuentre en las manifestaciones le darían de baja.

Los bloqueos ya han hecho mella en el abastecimiento. En algunas ciudades colombianas, comenzando por Cali, ya empezó a escasear el combustible y alimentos, pues la Vía Panamericana —una de las principales autopistas del país—, tiene varios bloqueos por manifestantes que impiden la circulación del transporte de mercancías mientras que las entradas a muchas ciudades se encuentran cerradas.

Al paro se le han unido muchas organizaciones con intereses particulares por presionar al Gobierno, como es el caso del gremio de los taxistas que el fin de semana pasado convocó a manifestaciones masivas en la capital, con el objetivo de que la administración Duque desistiera de regular las plataformas de transporte como Uber o InDriver.

En Cali, epicentro principal de los disturbios, los bloqueos continúan, mientras circulan varias denuncias de uso desmedido de las fuerza —desde disparos a manifestantes, hasta el uso de fusiles por parte de la policía en algunos barrios.

El Gobierno terminó retirando por completo la reforma tributaria y pidió al Congreso que tramitara una nueva reforma. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia junto con el viceministro.

A pesar del retiro de la reforma tributaria, los representantes de la izquierda en el Congreso manifestaron que el paro continuará indefinidamente hasta que el presidente Duque ceda en sus exigencias, o hasta el 2022, un año electoral para el Congreso y la presidencia. Las encuestas, hasta ahora, posicionan como vencedor al principal caudillo de la izquierda, Gustavo Petro.

En las redes sociales varios de los manifestantes solicitan ayuda para poder resistir a la policía. Entre las cadenas, los activistas piden víveres como agua y comida, kits de primeros auxilio, cascos, pinturas y globos para tirar a la policía, como así también objetos contundentes para protegerse.

En Cali la policía denuncia que fueron atacados con armas de fuego, mientras que los manifestantes denuncian abuso policial. En el sector de Siloé hubo intercambio de disparos por más de una hora y media lo que dejó un saldo de 5 muertos.

Mientras el paro continua y la administración Duque trata de restablecer el control, las vidas que cobra la situación política en Colombia se acumulan. Hasta el momento de redacción de este artículo, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirma que los disturbios y la respuesta policial ha dejado un saldo de 19 muertos (18 civiles y un policía), y más de 846 heridos, entre los que se incluyen 306 civiles. En tanto, el Gobierno de Duque insiste en preservar la asistencia militar y la oposición en continuar el paro hasta el 2022.

1 comment
  1. Extraído del Manifiesto Comunista: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando POR LA VIOLENCIA todo el orden social existente…”. En Colombia TODAS las vertientes de izquierda están empleando TODAS LAS FORMAS DE LUCHA para tomarse por la fuerza lo que no han podido por las urnas: desinformación, acusaciones falsas para desprestigiar a la fuerza pública, VIOLENCIA GENERALIZADA y echarle la culpa al gobierno. Van tras la libertad de Colombia, ESE ES EL OBJETIVO DE LAS “PROTESTAS”.

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