El otro día ocurrió algo increíble, The Washington Post le dio tribuna a uno de los temas, a nivel ecológico, más graves de las últimas décadas en todo el mundo: los crímenes ambientales que perpetra el régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela.
Fue gratificante ver cómo una ONG venezolana, como SOSOrinoco (allí trabaja Cristina Burelli, coautora del artículo publicado en el Post), de las que más ha alzado su voz para denunciar lo que ocurre en la Amazonía, alcanzó una tribuna tan importante para publicar un artículo de opinión que no se limitó a denunciar los crímenes que se cometen a lo largo y ancho de la zona, la pérdida de soberanía y todos los desmanes que cometen Maduro junto a sus secuaces—, sino para ir al grano: «El mundo debe actuar para detener la destrucción ambiental en Venezuela».
Ese es el título de su artículo y no puede ser más preciso y claro. Sin embargo, el mundo no ha hecho demasiado para poner al régimen criminal de Maduro contra la pared por sus atropellos.
«La ruina política y económica de Venezuela, antaño uno de los países más ricos de América Latina, es ya una historia conocida. Mucho menos conocidos son los impactos catastróficos de la crisis en el medio ambiente del país», reza el inicio del artículo.
«Se necesita urgentemente una acción internacional —primero para estabilizar la caída, y luego para reconstruir las instituciones ambientales funcionales. La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5), que se celebrará en Nairobi, podría ofrecer una vía para revertir la insostenible trayectoria medioambiental de Venezuela».
Burelli en el Post.
Es conocido que los venezolanos padecen hambre, no tienen agua, energía eléctrica, combustible, servicios medianamente decentes, una escasez de productos básicos insólita y un régimen genocida que ha provocado el mayor éxodo de migrantes para un país latinoamericano. Pero lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco, el Parque Nacional Canaima y toda la Amazonía venezolana es un tema desconocido para la mayor parte del planeta. Uno que inmiscuye a todos. O debería.
Probablemente usted ni siquiera sepa de lo que hasta aquí se ha abordado. Aquí un breve resumen que luego se profundizará: al sur del Río Orinoco, en una gran extensión territorial de Venezuela donde se encuentra el Parque Nacional Canaima y el Arco Minero del Orinoco, el régimen de Maduro está perpetrando y facilitando una serie de crímenes ambientales y ecológicos sin precedentes. Van desde la explotación indiscriminada de recursos minerales a partir de la minería ilegal, hasta una serie de actividades criminales como masacres contra pueblos originarios y criollos que viven en la zona, ecocidios, etnocidios, neoesclavitud y contrabando de todo tipo de sustancias o minerales.
Todo esto está dañando los ecosistemas del Parque Nacional Canaima —patrimonio de la humanidad, cabe recordar— y arruinando por completo la vida de miles de pueblos indígenas venezolanos y criollos que viven en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Pero el mundo está ignorando sistemáticamente esta trágica situación. Esto se menciona muy bien en el artículo de Burelli:
«Los grupos de derechos humanos y medioambientales venezolanos han alzado la voz, pero nadie parece prestarles atención. Las organizaciones medioambientales internacionales, amenazadas e incapaces de operar, huyeron de Venezuela. Se espera un liderazgo más firme por parte de la UNESCO ante la evidencia de que el Parque Nacional de Canaima está asediado por la minería ilegal».
Agrega: «Mientras el mundo se reúne para la reunión de la UNEA-5 en Nairobi, existe una plataforma para enfrentarse al régimen de Maduro y detener el ecocidio que está ocurriendo en Venezuela. Si la comunidad internacional, y especialmente el nuevo liderazgo de Estados Unidos, se toma en serio el medio ambiente y la sostenibilidad de la Amazonia, los abusos y la destrucción en Venezuela deben ser una parte clave de la agenda y la estrategia».
El artículo denuncia una realidad: a nadie le está importando lo que ocurre en Venezuela, ni a nivel político, social, económico ni ambiental. En este ensayo se expondrán algunos puntos por los que debería ser importante.
Deforestación y contaminación indiscriminada
Los crímenes ambientales en Venezuela han sido sobradamente denunciados por ONG, políticos e incluso medios locales e internacionales, pero no ha sido un tema que cale hondo en la opinión pública.
En el artículo, Burelli explica de forma clara uno de los mayores problemas ambientales de la actualidad: cómo la actividad minera ilícita está azotando al Parque Nacional Canaima.
En su informe del 2020, con el que se actualiza el informe enviado a la UNESCO en 2018, SOSOrinoco señaló que el régimen de Maduro está acelerando todavía más la actividad minera en Canaima.
La contaminación que genera la minería ilegal a raíz de la extracción del oro es una de las consecuencias más graves. SOSOrinoco determinó que un 70 % del curso del río Caroní —el segundo más importante de Venezuela, detrás del Orinoco— podría estar contaminado con el mercurio utilizado en la minería aurífera.
Esa contaminación minera produce grandes cantidades de sedimentos que le generan graves problemas al país, pues gran parte de las aguas dulces de Venezuela están en zonas afectadas por la minería. Entonces, tal y como se señala en el artículo del Post, estas enormes cargas de sedimentos «están diezmando los embalses y la capacidad de generación de energía hidroeléctrica».
De acuerdo con el informe de 2020 de Wataniba, «La actividad minera ha generado daños irreversibles en las cuencas hidrográficas de un área que dispone del 80 % de agua dulce del país».
No hay que ir muy atrás para recordar los apagones en Venezuela que dejaron a gran parte del país a oscuras, pero claramente ese no es el único problema. Las aguas contaminadas están generando enfermedades, alteran la vida de los indígenas al afectar sus fuentes de aguas y alimento, lo que a su vez destroza sus ecosistemas.
«La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y sus organizaciones de base agrupadas en la COIAM, han evidenciado la situación y destacan la contaminación que existe en los ríos y cursos de agua de toda la Amazonía, donde el mercurio y otras sustancias tóxicas que usan en la minería se encuentran entre los principales agentes contaminantes, lo que provoca que ya no se pueda tomar agua y que las comunidades indígenas se vean obligadas a tener que buscar el vital líquido mucho más lejos de donde habitan», reza el informe de Wataniba.
«Además, esto limita sobremanera sus quehaceres y su alimentación, dado que la pesca, una de sus principales formas de sustento, está directa y seriamente afectada. Muchas enfermedades han surgido a raíz de esta problemática, provocando muertes de niños por diarreas, parasitosis y desnutrición».
Por si fuera poco, a estas enfermedades hay que agregarle la malaria o paludismo. Provocada, en gran parte, por el auge de la minería ilegal. La situación, dice Wataniba, «ha conllevado también a procesos de desplazamiento de comunidades indígenas hacia otros territorios dentro de Venezuela y fuera del país».
Hay otro dato importante mencionado en el artículo del Post. Según «Mongabay y Global Forest Watch, la minería ilegal, la tala y la recogida de leña para cocinar supusieron la pérdida de más de 3.2 millones de acres de selva tropical entre 2001 y 2018, una de las tasas de deforestación más altas de América tropical». Esta situación complica todo el ecosistema de la zona sur del Orinoco, con todo lo que ello implica.
«El informe de RAISG de 2018 y el mapa de la huella minera de SOS Orinoco sitúan a Venezuela a la cabeza de la lista de países amazónicos con mayor número de minas ilegales. Se han detectado cientos de sectores mineros, incluyendo 59 conglomerados de minería ilegal de oro en el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y otras áreas protegidas, que albergan a 27 comunidades indígenas».
Burelli en el Post.
Pero hay otros motivos que incluso trascienden al medio ambiente y se trasladan al terreno de los derechos humanos y del crimen organizado.
Actividades ilícitas vinculadas al régimen de Maduro
El botánico Francisco Deslacio, el periodista Fritz Sánchez y el diputado Américo de Grazia conversaron con El American y aportaron testimonios, denuncias y datos interesantes en torno a tres cuestiones: 1) cómo la minería ilegal está relacionada con una serie de actividades criminales del régimen de Maduro y aliados; 2) por qué esto está llegando a niveles de ecocidio y etnocidio sistemáticos; 3) por qué toda esta situación no afecta únicamente a Venezuela.
El Arco Minero del Orinoco, a modo de resumen, nació como un «proyecto de desarrollo estratégico nacional» creado por el chavismo en 2016. Está en el norte del estado Bolívar, pero para ser más precisos, al sur del Orinoco. Es la zona más rica en minerales de toda Venezuela. Oro, cobre, diamante, hierro, torio y coltán son algunos de los minerales explotados por el régimen de Maduro, el crimen organizado y grupos irregulares extranjeros mediante la minería ilegal.
La explotación de minerales en el Arco Minero trajo una deforestación sin precedentes en un corto tiempo. Esto ocasionó un ecocidio sistemático en toda la zona y dejó trágicas consecuencias para los pueblos originarios, como violaciones contra los derechos de los indígenas que fueron in crescendo produciendo un etnocidio sistemático.
Otro punto es que esta actividad minera generó una serie de actividades ilícitas que ha transformado el territorio en una zona de terror. Por ello el Arco Minero es una de las más temidas del país, pues el hampa y las guerrillas extranjeras operan libremente bajo la complacencia de las fuerzas del régimen chavista.
En síntesis, el hampa común y las guerrillas se disputan la zona, oprimiendo a los pueblos originarios y a muchos venezolanos que han encontrado en la minería ilegal una vía para subsistir en medio de una crisis económica sin precedentes. La única ley que existe es la que impone la criminalidad, creando una cultura de la violencia que solo ha llevado muerte.
Ahora, ¿por qué el régimen de Maduro permite y auspicia este desastre ambiental? Por muchas razones. El chavismo usa la minería ilegal como un arma económica, política y geopolítica.
El régimen permite que aliados internacionales políticos —Turquía, Irán, China, Rusia— y otros más ideológicos —guerrillas colombianas, Cuba— operen en territorios al sur del Orinoco para explotar los recursos naturales de esta zona.
Este auge de la minería ilegal o, mejor dicho, su proliferación indiscriminada, porque desde la época de Chávez se llevaba adelante sin remordimiento, se dio como consecuencia de la quiebra de la industria petrolera. Por ende, para el régimen el Arco Minero del Orinoco representa una fuente de riqueza importante para financiar sus actividades criminales y las de sus aliados.
Una de las empresas que funge como explotadoras de los recursos es Wall Marketing, que se encarga de trabajar el coltán a cielo abierto. Este mineral no aporta nada al fisco venezolano pese a que lleva años explotándose. Misma situación ocurre con el diamante. El que sí aporta algo de dividendos es el oro, que reporta al Banco Central de Venezuela a través de la empresa estatal CVG Minerven.
Lo primero que hay que destacar con respecto al coltán es que quien maneja el negocio es Nicolás Maduro Guerra, nada más y nada menos que el hijo del tirano. Fue esto lo que llevó a que Américo de Grazia, diputado de la Asamblea Nacional, llamara al hijo del dictador «El Zar del Coltán».
El coltán no tiene ningún tipo de concesión para ser explotado, pero el oro sí, y es exclusivamente para la empresa estatal CVG Minerven. Lo que no se dice es que esta compañía la está operando Mibiturven, que es minería binacional turco-venezolana.
de Grazia —opositor al régimen conocido por sus denuncias sobre los atropellos del chavismo en el estado Bolívar— aseguró que Mibiturven «de turca no tiene absolutamente nada, el propietario es Alex Saab, solo que la registró en Turquía (…) y usan a Turquía como mascarón de proa para sacar al oro de Venezuela» —Hay que recordar que Saab, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos mientras es retenido por la justicia de Cabo Verde, es un hombre vital para el chavismo, pues presuntamente es uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro—.
El proceso de extracción aurífera ha dejado consecuencias terribles en todo el país, no solo por la contaminación, sino también en niveles de inseguridad. Por ejemplo, en la región de El Callao, una zona famosa por la actividad minera y por sus carnavales, el contexto social es terrorífico, la inseguridad uno de los grandes males que afecta a los habitantes. Un dato relevante es cómo la explotación laboral se ha vuelto cotidiana y están utilizando a los jóvenes como parte del proceso.
Según el periodista Ebus Bram, en su estudio Venezuela, el paraíso de los contrabandistas, aproximadamente un 45 % de los mineros de El Callao son niños y adolescentes. Estos jóvenes, al igual que todos los mineros de la zona, están siendo sometidos a condiciones laborales precarias y extremadamente dañinas para la salud por las sustancias químicas utilizadas.
Esta situación se repite en diversas zonas mineras. Los indígenas, a raíz de que sus tierras ancestrales fueron invadidas, se vieron obligados a «trabajar» en la minería para subsistir. Estos trabajos son forzosos directa o indirectamente; en algunos casos obligan a los indígenas a meterse en el negocio, en otros, los propios operadores los inducen a ello, pues en las zonas mineras se comercia con oro casi todos los servicios básicos. La minería termina siendo el único sustento.
En el Arco Minero, de acuerdo con palabras que en su momento proporcionó el diputado de Grazia, operan varios grupos armados y organizaciones que velan por los intereses del chavismo. El primero de ellos, que ayuda a todas las partes asociadas con la tiranía, es el Cartel de los Soles, que maneja la droga y el contrabando de estupefacientes en el territorio.
La ocupación extranjera no solo se da por el factor económico-político con Turquía, Rusia o China, sino también por el ideológico y criminal. Las guerrillas de ideologías marxistas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), trabajan y operan libremente. Según cuenta de Grazia, estos grupos «trabajan como filiales de Cuba para conseguir recursos económicos y financiar actos de terrorismo en la región».
También están las milicias proiraníes representadas en los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas. Ellos velan por los intereses del régimen de Teherán y son franquicias de Irán protegidas por el exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Mano de obra esclava
El periodista Fritz Sánchez, especializado en medio ambiente, y que ha seguido las denuncias de los habitantes en las zonas indígenas, conversó con El American para detallar las consecuencias directas de la ocupación de guerrillas y hampa organizadas en las zonas mineras. Uno de los más graves es la neoesclavitud.
«La opacidad en las zonas mineras genera que muchos indígenas hayan sido, literalmente, secuestrados por un tiempo específico para trabajar en la mina en condiciones inhumanas», dijo Sánchez. «Yo fui testigo de cómo se ha incrementado esta espiral de neoesclavitud al observar cómo la comunidad Sanema es utilizada como portadora de insumos mineros y de combustible a cambio de gramas de oro que a su vez tiene que utilizarlas para pagarles a los mismos mineros para acceder a alimentos y medicinas».
El periodista comentó que en el Arco Minero es muy común que a los adolescentes indígenas sean utilizados para prestar servicios sexuales. En zonas como el Caura los niños también son utilizados como «mulas» de carga.
Pueblos indígenas masacrados
Por esta misma espiral de violencia en las minas, a lo largo y ancho del sur del Orinoco, se han registrado múltiples asesinatos por el control de la zona. Como el perpetrado en agosto de 2018, cuando guerrilleros asesinaron al capitán indígena Misael Ramírez y a su hijo de 18 años, junto a 4 indígenas más, para tomar el control de la mina el Silencio, que está en la desembocadura de río Matu, en el Municipio Cedeño del estado Bolívar.
Casos como el de Dorangel se han repetido sistemáticamente durante años. El American tuvo conocimiento, gracias a la ayuda del equipo de trabajo del diputado de Grazia, de un total de 11 masacres contra los pueblos originarios.
Una de las más escandalosas y extrañas fue la Masacre de Irotatheri en la comunidad Yanonomai de Irotatheri, en el Alto Orinoco-Alto Ocamo. Los testigos encontraron cuerpos quemados cuando visitaron a la comunidad que está ubicada en la región Momoi-Venezuela, cerca de la frontera con Brasil. Se presume que 80 personas, aproximadamente, fueron asesinadas por un grupo de garimpeiros. Solo se detectaron tres supervivientes que se encontraban «cazando y al llegar a la aldea encontraron a los miembros de la comunidad calcinados».
El chavismo negó que tal masacre ocurriera y llegó a calificarla de noticia falsa, al igual que lo hizo la organización Survival International, que luego de su investigación determinó que «no se produjo ningún ataque de buscadores de oro sobre la comunidad de Irotatheri», pero calificó la respuesta de las autoridades venezolanas como vergonzosa. Sin embargo, representantes de Horonami, una organización del pueblo Yanomami en Venezuela, declararon que vieron «los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos ‘garimpeiros’ huyendo de la comisión que caminaba por la selva».
«Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, nombre actual de la Policía Técnica Judicial) que venían en la comisión, también fueron testigos de esto». El hecho todavía no ha sido esclarecido.
El problema con estas masacres es que se tienen pocos datos y certezas. Es muy difícil confirmar la información, por eso las masacres contabilizadas siempre tienen cifras oficiales y extraoficiales. Por ejemplo, está la Masacre de Guasipati, ocurrida el 10 de febrero de 2018 en la comunidad de Guasipati, municipio Roscio, estado Bolívar. La cifra oficial afirma que fueron asesinadas 20 personas aproximadamente, entre indígenas y criollos. La extraoficial reporta que fueron 30.
También está la Masacre de Kumarakapay, entre el 22–28 de febrero de 2019, en la comunidad de San Francisco de Yuruaní, en el municipio Gran Sabana, Santa Elena de Uairén, Wará y Pacaraima. Las víctimas oscilaron entre 14–25 miembros de la comunidad indígena pemón.
Un caso que se hizo famoso fue el ocurrido la noche del 27 de junio del 2020. En otro intento de masacre los militares del régimen de Maduro entraron a la comunidad pemón de San Antonio de Morichal disparando a matar.
Los pemones, que buscaban salvar sus vidas, cruzaron por una trocha la línea fronteriza con Brasil y se resguardaron en la comunidad Kawi. Las fuerzas del régimen pasaron ilegalmente la frontera y efectuaron disparos en territorio brasilero. Los pemones lograron capturarlos, desarmarlos y amarrarlos; los militares fueron entregados a las autoridades brasileras y, posteriormente, devueltos a Venezuela.
El etnocidio en los territorios del estado Bolívar se han llevado adelante mediante masacres o forzando el desplazamiento de comunidades que se resisten a la implementación de actividades ilegales en sus habitas.
El 23 de febrero, la periodista venezolana Sebastiana Barráez publicó un reporte para Infobae sobre cómo los indígenas de la Gran Sabana y La Paragua decidieron tomar «las tierras demarcadas como indígenas y que han venido siendo invadidas por grupos armados irregulares que las usan para ejercer la minería ilegal. La decisión la dejaron plasmada en un acta, luego de no haber recibido respuesta institucional alguna por parte del Estado Venezolano».
El término etnocidio también aplica por la contaminación de los ecosistemas donde los aborígenes habitan. Y no solo pierden su salud o sus vidas, sino también su cultura.
¿Una zona que puede perderse para siempre?
La deforestación indiscriminada es uno de los mayores crímenes ambientales que se ha visto en algún país y puede generar perdidas ecológicas devastadoras para Venezuela. Según el reconocido botánico Francisco Delascio, en el escudo de la Guayana, estado Bolívar, donde prácticamente se localiza la mayor parte del Arco Minero, se localiza también una de las más grandes masas de bosques tropicales que existe en el planeta, y que representa prácticamente el 80 % de la superficie de bosques de Venezuela.
Todo esto está en peligro por la tala masiva y todo lo que se va deforestando será imposible de recuperar, en especial por las características de los suelos de Guayana.
El botánico también explicó que una de las cosas que más le preocupa es que la zona puede quedarse sin agua:
«Olvidamos que lo más importante de allí no es solamente lo que yace en el subsuelo, no es solamente esas riquezas geológicas, lo más importante de allí es que, sin la vegetación, toda esa región tan interesante como es la región de Guayana, que es una región hídrica, forestal, turística; va a quedar sin agua, y sin agua no hay vida».
Resulta que esa eventual desaparición no es únicamente perjudicial para Venezuela, pues a medida que todos esos volúmenes de sustancias perjudiciales, como el mercurio y otros químicos, vayan cayendo a las aguas pasarán por todo el Orinoco y saldrán al mar.
Desde allí llegarán a toda la costa venezolana, donde los manglares, que son refugios de peces y de otras especies que sirven de alimento o contribuyen al mantenimiento general de la naturaleza, van a estar afectadas, explicó Delascio. Todo ese grupo de corales, por ejemplo, va a ser contaminado. Entonces no va a haber lugar donde los alevines y juveniles de múltiples especies tengan lugar para la limpieza. Y a través del Mar Caribe esta contaminación va a llegar a la zona norte caribeña.
Esto puede ocurrir en un futuro si la contaminación sigue llevándose adelante sin ningún tipo de freno.
Conclusiones
Haga memoria y recuerde cómo el mundo se puso en velo primero por los incendios en Australia y luego lloró por los incendios en la Amazonía de Brasil. Y cómo luego el planeta —medios, ciudadanos comunes, presidentes, organizaciones— apuntaron con ferocidad contra el presidente Jair Bolsonaro.
Recuerde esos dos hechos puntuales y, ahora, intente recordar ¿cuándo un #SalveArcoMinero o #SosAmazoniaVenezolana se hizo tendencia a nivel global? Nunca sucedió.
El régimen chavista ha llevado adelante ecocidio y un etnocidio sistemático. Ambos provocados por actividades criminales que afectan a toda la región mediante el financiamiento de actividades ilícitas. Turquía, China, Irán, Cuba, guerrillas, Rusia, todos aliados del régimen, se benefician, de una u otra forma, de la minería ilegal en Canaima, el Arco Minero y otras zonas al sur del Orinoco.
El mundo, mientras tanto, echa la vista hacia otro lado. Las denuncias ya no son suficientes para hacerle frente a esta tragedia.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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