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El allanamiento sin precedentes de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida la semana pasada es una muestra más de que la democracia está en peligro en los Estados Unidos. Ni más, ni menos. Fue una demonstración de fuerza, similar a las que se llevan a cabo por regímenes autocráticos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que claramente tiene como objetivo criminalizar al principal líder opositor del actual presidente del país.
Jamás en la historia de los Estados Unidos el FBI había realizado una redada en el hogar de un expresidente. Y cuesta creer que haya habido una justificación válida para hacerlo.
Solo un peligro inminente a la seguridad de la nación pudiera excusar una acción como esta, y recuperar documentos clasificados, que fue la razón articulada por el Gobierno para pedir la orden de registro, definitivamente no llega a ese nivel. Dicen que algunos de los documentos supuestamente tenían información sobre armas nucleares, pero eso de por sí no significa que hubiera un riesgo próximo a la seguridad del país. ¿Si lo hubiera habido, por qué no condujeron la redada antes? La orden fue emitida un viernes, pero ejecutada el siguiente lunes.
También llama la atención que Trump haya sido tratado de una manera tan dura por retener documentos clasificados cuando oficiales de alto nivel de pasadas administraciones que incurrieron en conducta similar nunca fueron tratados así. Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, por ejemplo, y en violación de la ley, mantuvo un servidor privado para correos electrónicos en el que se encontraron más de 100 mensajes que contenían material clasificado, 65 de ellos etiquetados como “secretos” y 22 “altamente secretos”. No obstante, su casa nunca fue allanada a media noche por decenas de agentes del FBI y ella no fue procesada criminalmente.
De igual manera, el FBI no realizó una redada en la residencia de Sandy Berger, el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Bill Clinton, después que se robara varias copias de un documento clasificado del Archivo Nacional en Washington.
Choca ahora escuchar al fiscal general Merrick Garland decir que el Departamento de Justicia “cuando es posible” busca las maneras menos intrusivas para incautar evidencia, cuando es obvio que el FBI podía haber obtenido los documentos que estaban buscando de una manera más civil. Las autoridades federales ya estaban en comunicación con los abogados del presidente Trump y fácilmente podían haber solicitado que todo el material clasificado les fuera entregado inmediatamente.
Está claro que lo que buscaba Garland era crear un teatro para humillar al expresidente y hacerlo pasar ante la opinión publica como un criminal.
Es posible, además, que la búsqueda de documentos clasificados haya sido una mera excusa para realizar un registro amplio de la propiedad para tratar de encontrar evidencia comprometedora de algún otro delito no relacionado.
Expresidente Donald Trump hace comentarios durante la America First Agenda Summit in Washington 2022, del America First Policy. (EFE)
Es evidente que la clase dirigente del país ve a Donald Trump como una amenaza a sus intereses globalistas y “progres”. Su agenda de America First (Estados Unidos Primero), de defensa de la soberanía del país en asuntos económicos, migratorios y de política exterior y seguridad nacional, y sus posturas a favor de la cultura e historia de Estado Unidos, así como de los valores familiares y religiosos, claramente han puesto en riesgo el avance del programa ideológico y de gobierno que las elites políticas, económicas y culturales quieren imponerle al país.
Por eso han usado todas las herramientas a su alcance, particularmente el poder del Estado, para destruirlo. Hay que reconocer que en el presente el liderato de agencias como el Departamento de Justicia y el FBI está ideológicamente comprometido y responde a los intereses de la clase dirigente.
La evidencia de esto es abundante. Recordemos que Trump y sus colaboradores fueron investigados por el FBI por una posible conspiración con el Gobierno ruso para descarrilar la candidatura de Hillary Clinton a la Presidencia, a pesar de que no existía evidencia creíble que la justificara. La investigación del fiscal especial Robert Mueller concluyó que no había evidencia alguna de la supuesta confabulación con los rusos.
El Departamento de Justicia también ha tenido como blanco a colaboradores de Trump, procesándolos criminalmente por delitos que en el pasado no habían provocado la radicación de cargos y montando redadas humillantes para arrestarlos, en ocasiones incluso informando a sus medios favoritos antes de realizarlas. Recientemente, el Departamento de Justicia presentó cargos en contra de aquellos asesores del expresidente que optaron por no comparecer ante la parcializada comisión que investiga los eventos del 6 de enero, pese a que en más de cuarenta años no había acusado a nadie por no presentarse a testificar ante un comité congresional.
El uso del aparato gubernamental para perseguir a la oposición política es algo que esperamos de países tercermundistas, no de los Estados Unidos. La redada a la residencia del expresidente Trump es la gota que derramó el vaso. Si los republicanos retoman el control del Congreso en noviembre, deberían investigar los abusos de las agencias de investigación criminal del Estado y legislar las reformas necesarias para despolitizarlas.
Alfonso Aguilar es de Senior VP and Political Director de El American, exjefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos durante la administración del presidente George W. Bush y presidente del Latino Partnership for Conservative Principles. // Alfonso Aguilar is the Senior VP and Political Director of El American and former head of the Office of United States Citizenship during the administration of President George W. Bush and president of the Latino Partnership for Conservative Principles.