Read in English
A finales de octubre, The Wall Street Journal publicó una exclusiva revelando que la Administración Biden estaba planificando entregar cientos de millones de dólares a inmigrantes ilegales cuyas familias fueron separadas en la frontera.
“El Gobierno estudia pagos de US$ 450,000 por persona afectada por la política de tolerancia cero de la administración Trump en 2018”, se lee en el reportaje del WSJ. Esta noticia causó un gran revuelo en Washington, generando una respuesta inmediata por parte de los congresistas del Partido Republicano, quienes impulsaron un proyecto de ley para bloquear supuesto el plan de Biden.
El proyecto de ley establece que el fiscal general no podrá realizar pagos a inmigrantes ilegales “que se deriven directamente de su violación de las leyes de inmigración, incluidas las leyes que penalizan el cruce ilegal de fronteras y que hacen que un inmigrante sea inadmisible por intentar entrar ilegalmente a un país en un puerto de entrada”, de acuerdo con Fox News.
El proyecto está siendo impulsado y copatrocinado por republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el miembro de rango del Comité Judicial, Jim Jordan, y otros 135 congresistas, entre ellos Mike García (R-CA).
“Seguimos advirtiendo al presidente Biden de la crisis muy real en nuestra frontera sur, y él repetidamente no escucha. Desde que el presidente asumió el cargo ha habido 1,4 millones de cruces fronterizos ilegales y más de 10.000 individuos arrestados con condenas penales”, dijo García en un comunicado de prensa enviado a El American.
“Esta propuesta de utilizar los fondos de los contribuyentes para pagar a los individuos que entraron ilegalmente en Estados Unidos hasta seis veces la media de los ingresos anuales de los hogares estadounidenses es irresponsable y equivocada”, siguió el representante.
“Estos pagos propuestos, que podrían ascender a US$ 1 millón de dólares por familia y a US$ 1,000 millones de gasto gubernamental en general, sólo echarán más leña al fuego. Esto va a agravar la crisis actual, incentivando a más personas a cruzar ilegalmente la frontera y dando poder a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales para que la utilicen en su beneficio”.
Mike García vs. la administración Biden
El representante García ha sido uno de los legisladores más críticos con Joe Biden en cuanto a las políticas fronterizas de la administración demócrata. En junio pasado, el congresista se trasladó hasta la frontera sur junto con otros legisladores para evaluar la situación.
En ese viaje, a García se le negó “el acceso al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC)”, a cargo del Departamento de Justicia (DOJ) y manejado directamente por la Administración para el Control de Drogas (DEA), lo cual generó críticas a la administración Biden por falta de transparencia.
García, en reiteradas ocasiones, fue severo al evaluar las políticas fronterizas de la administración Biden porque el distrito 25 de California, que él representa, se ve muy afectado por el tráfico de drogas y la inseguridad generada por las bandas criminales que se aprovechan de los cruces ilegales.
“Las implicaciones de nuestra frontera sur abierta se extienden más allá de nuestras comunidades fronterizas, como hemos visto en el Distrito 25 de California con los cultivos ilegales de marihuana que se apoderan de las comunidades del Alto Desierto. Estas operaciones de cultivo ilegal son trabajadas por un 95 % de inmigrantes ilegales y dirigidas por organizaciones criminales internacionales”, dijo García en el comunicado de prensa.
“No podemos seguir impulsando políticas que pongan a Estados Unidos en último lugar. Tengo la esperanza de que esta legislación ponga fin a esta propuesta de pago”, reiteró.
Mientras los republicanos presentaban el proyecto de ley y los medios publicaban artículos sobre el supuesto plan de pagos, el presidente Biden calificó los reportes de “basura” cuando Peter Doocy, de Fox News, le consultó al respecto.
“¿Si siguen enviando esa basura? Sí, pero no es cierto”, dijo Biden. “US$ 450.000 por persona, ¿es eso lo que estás diciendo? Eso no va a ocurrir”.
Según el WSJ, los pagos podrían alcanzar el millón de dólares por familia lo que equivaldría a US$ 1,000 millones en total. Sin embargo, el propio medio recalcó que muchas familias recibirían pagos menores, pues las negociaciones entre el Gobierno federal y los abogados que representan a las familias aún no terminaron.
El New York Times también sacó un artículo sobre el plan de pagos e informó que “unos 5.500 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur bajo la política de ‘tolerancia cero’”.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
Contacto: [email protected]