La Coalición Pro Consentimiento Informado anunció en una entrevista para Radio Isla 1320 que retarán en tribunales la decisión de este miércoles del gobernador Pedro Pierluisi de hacer la vacunación obligatoria contra el Covid-19 para todos aquellos que trabajen en el ejecutivo.
La declaración la realizó el abogado Adrián Díaz, vocero de la Coalición, afirmando que no es posible obligar a los puertorriqueños a inocularse con una vacuna experimental.
“Es que hay que entender que esta es una cuestión procesal. O sea, aquí no se puede emitir una orden ejecutiva para extenderle poderes a un secretario y para que el secretario a su vez empiece a hacer cosas que su propia ley orgánica no le permite. Entonces, si tú estás ante un proceso de evaluación de un producto (la vacuna), como te dije al principio, tendremos que pensar que no se puede tratar esto como si fuese una vacuna autorizada”, expresó Díaz.
Tras las declaraciones, el abogado radicará un recurso este jueves con el que retarán en tribunales al Gobierno de Puerto Rico afirmando que la vacuna es experimental y no existe un fondo de compensación para efectos secundarios o adversos por la vacuna.
El punto de vista de Díaz coincide con el de la representante del partido político Proyecto Dignidad de Puerto Rico, Lisie Burgos Muñiz, quien había asegurado hace una semana que obligar a la gente a vacunarse contra el COVID-19 sería entrar en “conflictos ético-legales”, porque “todo el mundo tiene derecho a decidir”.
Por su parte, Radio Isla decidió llamar a la primera médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, quien desmintió las informaciones y señalamientos del jurista.
“Eso no es cierto. Eso es lo que se llama en inglés ‘misleading’ (engañoso). Están dando un información para guiar decisiones de la manera incorrecta y con información incorrecta. Las vacunas no son experimentales”, señaló Cardona.
Díaz y la Coalición Pro Consentimiento Informado retarán en tribunales al Gobierno de Puerto Rico apenas un día después que el gobernador Pierluisi decretara a través de la orden ejecutiva 2021-058 que todos los trabajadores públicos del Ejecutivo deberán vacunarse obligatoriamente o aceptar realizarse pruebas PCR cada semana, esto, buscando reducir los contagios de Covid-19 en la isla.
