El alcalde del municipio San Sebastián en Puerto Rico, Javier Jiménez Pérez, decretó este martes que no cumplirá ninguna orden ejecutiva sobre la vacunación obligatoria contra el COVID-19.
Jiménez Pérez aseguró que no acatará ninguna medida que busque “atentar contra los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos”, por lo que no obligará a las empresas del municipio con más de 50 empleados a solicitar certificado de vacunación.
“Respetamos el derecho a la privacidad médica y la dignidad de cada ser humano, por lo que NO solicitaremos evidencia de vacunación contra COVID-19, o prueba de COVID-19 negativa en NINGUNA de nuestras facilidades municipales. La entrada y el servicio que brindamos a nuestra gente no será condicionado al estado de vacunación o prueba negativas de COVID-19″, señaló el texto difundido en redes.
“Igualmente, toda persona o concesionario que alquile alguna de nuestras facilidades municipales, no podrá discriminar requiriendo evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para el disfrute de dichas facilidades” agregó.
Tampoco se requerirá vacunación obligatoria para niños entre 5 y 11 años a través del programa “Head Start”, porque esa corresponde a una “decisión de los padres”.
Las declaraciones de Jiménez Pérez también aseguran que “atentan contra los principios de una democracia”, en relación con la obligatoriedad de la vacuna que Pierluisi exige.
“Cada individuo debe tener la libertad de escoger qué tratamiento y medidas de protección sanitaria acoge en favor de su salud física y mental”, explicó.
Por último, la minuta expresa que Pierluisi y su gobierno “atentan contra los derechos” de los ciudadanos y señalan la orden ejecutiva como “dictatorial e irracional”.
“Una vez más, el gobierno de Puerto Rico atenta contra los derechos y la dignidad de nuestros ciudadanos a través de los mandatos dictatoriales e irracionales para combatir la pandemia del COVID-19. Han sembrado en nuestro pueblo una semilla de división y han promovido insistentemente la segregación, estigmatización, marginación y deterioro de la salud física y mental de miles de personas que por las razones que sea, han tomado la decisión de no vacunarse”, cierra el texto.
Jiménez Pérez no es el único alcalde en Puerto Rico que no exige vacunación o certificado. La alcaldesa de Naguabo y miembro del Partido Popular Democrático (PPD), Miraidaliz Rosario Pagán, también ha expresado públicamente su inconformidad con las regulaciones de Pierluisi y ha dicho públicamente que no está vacunada.
La decisión del alcalde de San Sebastián se da un día después de que el gobernador Pedro Pierluisi presentara una nueva orden ejecutiva en la que exigió que todo menor de 5 a 11 años tendrá que tener la vacuna como requisito para recibir educación presencial, salvo por las excepciones religiosas o médicas, así como también exigir certificado de vacunación o prueba PCR de menos de 72 horas de vigencia para aquellas empresas que cuenten con más de 50 empleados.
