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El Senado aprobó el proyecto de ley “Renacer”, apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones “libres y justas” en Nicaragua, frente a las medidas adoptadas por el dictador Daniel Ortega.
Así lo informó este viernes uno de los promotores de esta propuesta, el senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Bob Menéndez, en su cuenta de Twitter.
En un comunicado, dicho comité legislativo explicó que la propuesta sirve para aumentar de forma drástica el compromiso diplomático de Estados Unidos frente a las “tácticas represivas” de Ortega para intimidar y arrestar a los candidatos opositores a las elecciones del 7 de noviembre.
El llamado proyecto de ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Asimismo, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la Unión Europea, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta).
La iniciativa sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados americanos relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.
Otros puntos de la propuesta están centrados en los lazos entre Rusia y Nicaragua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables.
Renacer fue presentado en marzo pasado por Bob Menéndez del partido demócrata y el senador republicano Marco Rubio.
En el actual proceso electoral, las autoridades de Nicaragua han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios de Ortega, también ha cancelado la personalidad jurídica de dos partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, que estableció un mayor control en la estructura de los comicios a favor de los sandinistas.
Ortega, un exguerrillero septuagenario, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones generales del 7 de noviembre.
