El presidente Joe Biden ha firmado decenas de nuevas órdenes ejecutivas siguiendo su progresismo marcado y enfocado en revertir todo lo que la administración Trump hizo. El Gobierno de Biden-Harris busca resolver la cuestión racial en USA a través de una expansión de la ya gigante burocracia americana y cuatro de las más recientes órdenes se destacan por presuntamente promover la «igualdad racial».
Los criterios —basados en nociones ideológicas y no sistemáticas— aportan la justificación perfecta para el aumento masivo del peso estatal sobre los que viven realidades no tan buenas. Los problemas que la dupla demócrata busca resolver, más que ser productos del eterno «privilegio blanco», son en realidad causados por no adecuar las instituciones a los cambios demográficos y políticos que han estado ocurriendo en suelo americano durante estas últimas décadas.
La diversidad es nuestra fuerza: la media verdad de Biden
«Las comunidades diversas e inclusivas fortalecen nuestra democracia», se lee en los primeros párrafos de la primera de cuatro órdenes ejecutivas promulgadas. El Memorando sobre la reparación de la historia de prácticas y políticas de vivienda discriminatorias de nuestra nación y del Gobierno federal busca solucionar el problema de las viviendas y una injusticia perpetrada por el Estado contra las minorías.
El memorando ordena que se «examine los efectos de las acciones regulatorias de la administración Trump que socavaron las políticas y leyes de vivienda justa». Más adelante, el Gobierno Biden afirma que «las personas de color están sobrerrepresentadas entre las personas sin hogar» y que la brecha de riqueza racial está más acentuada que cuando se promulgó la Ley de Vivienda Justa.
Pero, de acuerdo con un ensayo de Troup Howard de la Universidad de Utah y Carlos Avenancio-León de la Universidad de Indiana, los hogares afroamericanos pagan un 13 % más en impuestos a la propiedad cada año que los hogares blancos en una situación financiera similar. Según el informe, las casas de propiedad de afroamericanos se avalúan a valores más altos que su precio real de venta.
«Durante la era de Jim Crow, los funcionarios blancos locales manipulaban rutinariamente las evaluaciones de impuestos a la propiedad para sobrecargar y castigar a las poblaciones negras y como una exención fiscal oculta para la nobleza blanca terrateniente». Con impuestos altos y desfasados, es lógico que los estándares de vida sean bajos; las familias no poseen ingresos suficientes como para tener acceso a una mejor calidad de vida, y con esta expansión burocrática más cuesta arriba se les hace a los afroamericanos mejorar la situación.
Biden acentúa el tribalismo
La medida que el presidente Biden ha tomado referente a las tribus nativas americanas persigue la acentuación de las identity politics. En el Memorando sobre consultas tribales y fortalecimiento de las relaciones entre países el demócrata les ordena a agencias gubernamentales trazar un plan para incorporar las necesidades de los nativos americanos en su toma de decisiones.
Biden, que llena su decreto con términos como «soberanía tribal», busca darles mayor presencia a las tribus americanas al darle más peso a las estructuras gubernamentales que complican, en realidad, las comunicaciones entre el Gobierno y los ciudadanos. «Las naciones tribales de indios americanos y nativos de Alaska son gobiernos soberanos reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos, tratados, estatutos, órdenes ejecutivas y decisiones judiciales», explica.
Ante esto, la activista Allie Young asegura que los nativos americanos deberían ser «siempre priorizados porque estaban primero que todos» —a diferencia de la igualdad ante la ley que propone el Estado de derecho. «Es difícil liderar las comunidades nativas cuando no eres uno [nativo americano]», continuó.
Combatir antirracismo con… ¿decretos?
La tercera de las cuatro órdenes ejecutivas pretende combatir el racismo que ha surgido contra ciertas minorías a raíz de la pandemia por el coronavirus. El Memorando condenando y combatiendo el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico en los Estados Unidos establece como política de la Administración «condenar y denunciar los prejuicios y discriminación antiasiáticos».
Como ha sido su costumbre, en el memorando el presidente Biden le achaca este mal al expresidente Trump por haberse referido a la COVID-19 como «virus chino». «El Gobierno federal», estipula, «debe reconocer que ha jugado un papel en la promoción de estos sentimientos xenófobos a través de las acciones de los líderes políticos, incluidas las referencias a la pandemia COVID-19 por la ubicación geográfica de su origen».
La orden llama al Departamento de Salud a profundizar «sensibilidad hacia las comunidades asiáticas y pacífico isleñas en la respuesta COVID-19 [por parte] del Gobierno federal».
No más cárceles privadas
La cuarta orden del presidente Biden busca mejorar el sistema de justicia criminal terminando contratos con cárceles privadas. Arguye, apoyándose en un reporte del Departamento de Justicia en 2016, que estas prisiones «no mantienen los mismos niveles de seguridad para las personas en el sistema o para el personal correccional».
Ahora bien, el The New York Times publicó un artículo que demuestra lo contrario. Basándose en el informe del inspector general del Buró de Prisiones, se demuestra que las prisiones privadas son más baratas y, además, son las que menos problemas presentan.
En el informe se reconoce que la demografía juega un papel clave a la hora de entender el problema de las prisiones. La oficina del inspector comparó cárceles privadas ocupadas por una comunidad de reclusos demográficamente homogéneos (predominantemente de México), generalmente afiliados a pandillas y destinados a ser deportados, apenas sus sentencias sean culminadas, a cárceles públicas con poblaciones bastante mixtas, demográficamente hablando, donde hay menos vínculos con pandillas.
Por lo tanto, el informe las cifras utilizadas por el presidente Biden vendrían con defectos considerables a la hora de sopesar las realidades en ambas instituciones. Además, en el informe se revela que las cárceles privadas son mucho más eficientes a la hora de incautar teléfonos y que en ellas existe una tendencia menor al consumo de drogas en comparación con las cárceles públicas.
El empeño de Biden en ignorar las cifras —o de manipularlas— persigue objetivos más allá de la realidad que se exponen en ellas, porque los decretos no siguen a cabalidad un sentido objetivo, con bases de peso. Más allá de presuposiciones ideológicas, el afán antirracista de Biden está costándole tiempo valioso para resolver problemas, más burocracia y generando menos eficiencia al Gobierno americano y, por consecuencia, a los ciudadanos.
Rafael Valera, Venezuelan, student of Political Science, political exile in São Paulo, Brazil since 2017 // Rafael Valera, venezolano, es estudiante de Ciencias Políticas y exiliado político en São Paulo, Brasil desde 2017