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Informe de la SIP señala falta de transparencia del Gobierno de Puerto Rico

falta de transparencia, El American

El informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló la falta de transparencia y el derecho de acceso a información pública por parte del Gobierno de Puerto Rico durante el año pasado.

El documento presentado con motivo de su 77 Asamblea General Virtual, indicó que el Departamento de Salud de la isla limitó la información sobre la pandemia del Covid-19, pues luego de que en un tiempo dieran las estadísticas diarias, la agencia decidió detallarlas en promedio, reseñó la agencia EFE.

La SIP destacó la renuncia por falta de transparencia de dos miembros del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud (SMICRC), y dos directoras, entre ellas, Fabiola Cruz.

“Cruz entonces recomendó a Yonaica Plaza a dirigir el ente, pero esta posteriormente también renunció al puesto, denunciando que su trabajo para el Departamento de Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información”, destacó la agencia.

En su carta de renuncia, Plaza aseguró que la información no sale a la luz de manera clara y que sus principios profesionales y personales no le permitían continuar haciendo el trabajo de manera “eficiente y organizada”.

El informe de la SIP recordó que en agosto otros tres miembros del SMICRC renunciaron ante la falta de transparencia del Departamento de Salud y que el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ocultó durante cuatro meses las causas de pérdida de acreditación del Programa de Neurocirugía, a pesar de los reclamos de los medios, entre ellos el diario El Nuevo Día.

Señaló también que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) acudió a los tribunales en contra de los secretarios de Desarrollo Económico y de Hacienda. Esto ante la negativa de los funcionarios a divulgar información relacionada con inversionistas residentes y los incentivos contributivos que reciben.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó a la Policía la divulgación de información sobre el uso de fuerza por parte de los agentes, pero limitó que se divulguen datos personales de víctimas, testigos y menores de edad.

No obstante, el Poder Judicial negó acceso a información judicial bajo pretexto del “derecho a la intimidad” en casos de feminicidios. Esto aunque los familiares de las víctimas exigían la divulgación de la información.

Asimismo, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo rechazaron cuatro peticiones de reconsideración presentadas por los gremios periodísticos.

Bajo este contexto se formó la Alianza Pro-Transparencia, creada por el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. La finalidad es fiscalizar al Poder Judicial de la forma que se fiscaliza a las otras ramas de Gobierno.

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