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No es frecuente que la exembajadora de USA en Naciones Unidas, Nikki Haley, y la columnista de The Washington Post, Jennifer Rubin, estén de acuerdo en algo, pero recientemente ambas admitieron —a pesar de sus diferencias ideológicas— reservas mutuas sobre la complicidad de Biden con la izquierda radical de su partido.
Utilizando un premeditado doble sentido en su artículo de opinión, Rubin ha lanzado este aviso para navegantes: “Si Biden mantiene la línea dura contra los elementos más progresistas de su partido, los ex republicanos podrían encontrarse sorprendentemente cómodos en el Partido Demócrata”. Haley, como de costumbre ha sido más contundente: “El socialismo está siendo más aceptado en 2020 y está en camino de convertirse en la política económica predeterminada para los políticos demócratas”.
En esencia, ambas están en lo cierto.
Biden no es solo rehén de la izquierda radical, que además admite con gusto, sino que es rehén de sus despropósitos. Sin haber llegado a la Casa Blanca, el líder demócrata ya ha comprometido la acción de su gobierno con una serie de políticas económicas de corte socialista que suponen un enorme gasto público y un mayor recorte de los derechos de los ciudadanos.
Una de las ideas más ingenuas es que los políticos son capaces de resolver todos los problemas a través del sortilegio dialéctico de sus discursos. Para darse aires de estadista, Biden dice que reducirá el número de personas encarceladas para convertirlas en miembros productivos de la sociedad. ¡Qué bien suena eso!
La agenda de Biden está repleta de muchas consignas, pero de muy pocas explicaciones coherentes.Y como no podía ser de otra forma, utiliza la más antigua de las mentiras marxistas: la única manera de erradicar las desigualdades y las disparidades raciales y de género, así como la brecha salarial y la crisis del cambio climático, es subiendo los impuestos a los más ricos.
Ni más ni menos, la misma fórmula aplicada por Roosevelt con su New Deal y sobre el que cada vez más economistas e historiadores coinciden en afirmar que fueron aquellas políticas populistas las que eternizaron la Gran Depresión que llega hasta nuestros días.
El engaño del impuesto para ricos
A los progres les encanta jugar con las aspiraciones de la gente: “sanidad gratuita para todos”, “aumento del salario mínimo nacional”, “acabar con la brecha entre ricos y pobres”. Y mientras más inalcanzables sean estos deseos, mejores son para incluir en su lista de reyes magos, sin importarles las repercusiones económicas que podrían tener cuando se conviertan en imperativo legal.
Durante su campaña presidencial, Biden anunció como parte de su programa económico un aumento impositivo para quienes ganen más de 400,000 dólares al año. Concretamente, propuso un alza de la carga tributaria desde 37 % a 39.6 % para aquellos contribuyentes que ganasen más de $1 millón al año.
Sin embargo, algunos expertos ya han alertado que esta medida será insuficiente por lo que el nuevo gobierno se verá obligado a incrementar los tributos a todas las rentas para salvar el gasto público que se prevé se dispare en los próximos años. Es decir, las clases medias serán las grandes sacrificadas y tendrán que rascarse el bolsillo para pagar el enorme boquete que se producirá en las cuentas públicas.
El sector empresarial muestra también sus preocupaciones con la fiscalidad. Biden ha anunciado que elevará el impuesto a las empresas del 21 % —tipo mínimo al que lo había bajado Trump en 2017— al 28 % que existía durante la etapa de Obama. De aumentar los impuestos y las cargas regulatorias para los creadores de empleo —como todo parece que ocurrirá—, las empresas de todos los tamaños tendrán más dificultades para generar riqueza y puestos de trabajo.
¿Son los ciudadanos y las empresas los responsables del déficit público? Por supuesto que no. La culpa hay que achacársela a las administraciones elefantiásicas que viven del dinero del contribuyente y que en el caso de la estructura de la administración que prepara Biden, batirá récord para cumplir con la batería de medidas electoralistas.
Los sectores progresistas se molestan viviblemente cuando los conservadores llaman “socialista” a Joe Biden. Pero no deberían hacerlo. Es verdad que el presidente electo no defiende abiertamente la propiedad estatal sobre los medios de producción, pero Biden bajo la apariencia de un modelo socialdemócrata, se manifiesta en contra de los fundamentos del libre mercado y ve en la lucha de clases —ahora disfrazada de lucha por la equidad racial— un instrumento estratégico para llevar a cabo reformas de calado en el andamiaje constitucional y jurídico de la nación.
Ello explica por qué lo que quiere impulsar Biden en el terreno económico —siguiendo la agenda de Obama— es más sutilmente desleal: el control público de la economía aun cuando la propiedad quede nominalmente en manos privadas. De esta forma, su gobierno podrá establecer las directrices de los precios en el mercado, las políticas de salario mínimo y demonizar las empresas cuando no se adapten a sus exigencias y hasta introducir alguna simbólica limitación al comercio internacional —China será el blanco elegido en este primer fuego cruzado amigo— para “salvar” puestos de trabajo americanos.
China, la gran beneficiada
China es el mayor beneficiario de deuda pública americana. Y también es uno de los mayores suministradores de medicamentos. ¿Qué propone Biden además en su programa económico? Reducir el costo de los fármacos recetados a los beneficiarios del Medicare, autorizando al gobierno a negociar esos precios y eliminar la norma que fija el valor del mercado de las medicinas, cuestiones que actualmente están prohibidas por ley.
¿Qué pasa cuando el gobierno fija los precios de las medicinas por debajo del precio del mercado?
Las grandes compañías farmacéuticas invierten enormes cantidades de dinero en investigaciones para desarrollar nuevos medicamentos. Si se establece un precio por parte del gobierno que no cubra sus costos de ensayos clínicos y producción, habrá menos investigación y menos fármacos para hacer frente a las enfermedades.
Quienes presionan desde el Gobierno de Biden a favor del imponer límites al precio de las medicinas es muy probable que no se paren a considerar las consecuencias de ese tipo de controles y muchos menos a profundizar en las razones históricas que explican por qué un sector tan controvertido ha dado tanto prestigio científico al país.
Este asunto, como tantos otros, probablemente acabe en nuevas cargas tributarias para la población.
Casi siempre, los más firmes partidarios del control de los precios son los mayores oponentes al aumento en la producción de medicamentos. Durante el Gobierno de Obama, una gran parte de la producción de medicinas se desplazó a China para abaratar sus costes. Desde entonces, Estados Unidos sufre una desventaja creciente frente al monopolio que ejerce la potencia comunista en la cadena de suministro mundiales de medicamentos. De hecho, muchos ingredientes imprescindibles para la fabricación de fármacos esenciales proceden casi exclusivamente de fábricas chinas. Una circunstancia que ha afectado peligrosamente al mercado nacional.
¿Por qué razón las farmacéuticas de buena parte del mundo llevan a cabo una buena parte de sus investigaciones en Estados Unidos? Después que se destruyeron los incentivos que les permitía investigar en sus propios países, se aprovechan ahora de las protecciones que existen aquí a las patentes y la ausencia de controles de precios. Estas son las ventajas que Biden pretende cargarse ahora con su política de precios.
Otra de las panaceas que se ha sacado de su chistera el político demócrata es que aumentará el salario mínimo nacional de $7.25 a $15 la hora al 2026.
En Europa las leyes del salario mínimo suelen ser más bondadosas que en Estados Unidos. Sin embargo, por lo general, las tasas de desempleo son allá más elevadas y perdurables, sobre todo entre los empleados más jóvenes, sin experiencia y menos calificados.
En cambio, los negros y los latinos en general, y en especial los jóvenes, serían los más afectados por la “fórmula mágica” de Biden que generaría más precariedad laboral y menos creación de empleo por parte de las empresas.
El intervencionismo del Estado crea la ilusión de que la gente obtiene algo gratis pero siempre es a cambio de vender su voluntad.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”