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LA RAZÓN por la que la economía de la República Socialista Democrática de Sri Lanka se desplomó al punto en que las protestas masivas de ciudadanos desesperados derribaron al Gobierno, forzando a huir del país al presidente Gotabaya Rajapaksa, fue que este eligió lanzar su “grandioso experimento” socialista de agricultura ecologista justo en el momento en que la desarticulación de la estructura dinámica del capital globalizado, ocasionada por los draconianos cierres ante el COVID-19, situaban a su país ante su peor crisis financiera en décadas.
En otro momento la pérdida de cosechas que arruinó a los pequeños agricultores habría demostrado la inviabilidad de la “agricultura ecológica”, pero tal vez no había derrocado al Gobierno, suponiendo que la cúpula socialista hubiera tenido más recursos para importar alimentos y la sensatez de abandonar su fallido experimento ecologista. Pero lo que desató las incontrolables protestas masivas fue que millones de personas en Sri Lanka ya no pudieran comprar alimentos, medicinas y combustible en medio de una pobreza que empeoraba velozmente. Entre junio de 2021 y junio de 2022 los precios de los alimentos escalaron 80 % mientras un gobierno socialista, que perdía al mismo tiempo ingresos por exportaciones agrícolas y turismo, no podía importar suficientes alimentos.
Sri Lanka es una economía agrícola subdesarrollada a la que Rajapaksa lanzó al experimento suicida de las teorías de la nueva izquierda ecologista occidental: agricultura orgánica y sustitución de los criterios de rentabilidad económica por los “más elevados” de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG).
Rajapaksa anunció en abril de 2021 que Sri Lanka sería la primera agricultura totalmente orgánica del mundo contemporáneo. Prohibió la importación y el uso de fertilizantes químicos, prometiendo la nueva economía autosuficiente recomendada por el radical ecologismo occidental. Dos millones de agricultores de Sri Lanka fueron forzados a no utilizar fertilizantes y plaguicidas, condenando la agricultura del país al desastre.
Mientras arruinaba a millones de agricultores con sus delirios ecologistas, el Gobierno de Sri Lanka acumulaba una gigantesca deuda externa con Beijing por los préstamos de la iniciativa de la Ruta y la Franja de la Seda (BRI), lo que, acompañado de la caída del turismo durante la pandemia del COVID-19, dejaba al país con más deuda, menos ingresos, una economía contraída, desempleo creciente y costos del transporte disparados desde mayo de 2022 en 128 %.
Un tercio de las tierras agrícolas de Sri Lanka estaban inactivas en 2021 debido a la prohibición de los fertilizantes. Más del 90 % de los agricultores de Sri Lanka utilizaban fertilizantes químicos y tras su prohibición 85 % sufrieron pérdidas en sus cosechas. La producción de arroz cayó 20 % y los precios se dispararon 50 % en medio año. Sri Lanka paso de autoabastecerse de arroz a importar 450 millones de dólares del vital cereal en pocos meses. Al menos 15 de los cerca de 22 millones habitantes del país dependían, directa o indirectamente, de una agricultura que estaba siendo destruida por el experimento ecologista de la cúpula socialista en el poder.
En regiones como Rajanganaya, donde la que la mayoría de los agricultores explota pequeñas parcelas de dos acres y medio, los pequeños agricultores perdieron entre el 50 % y el 60 % de sus cosechas, dejando al país sin toneladas de arroz y verduras en seis meses. Pero el mayor impacto económico lo ocasionó la caída de la producción de té, que antes de 2021 generaba 1,300 millones de dólares anuales en exportaciones, los que a su vez pagaban no menos del 71 % de las importaciones de alimentos. Las exportaciones de té se desplomaron un 18 % entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 cayendo a su nivel más bajo en 20 años.
En mayo de 2022, Sri Lanka dejó de pagar 77 millones de dólares de su deuda externa, un pequeño incumplimiento que puso al país en dificultades para pedir más dinero prestado, por lo que el Gobierno devaluó la moneda, la inflación aumentó un 30 % y el Gobierno socialista se quedó sin divisas para importar combustible, alimentos y medicinas.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros