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Salario, Congresistas colombianos

El suculento salario de los congresistas colombianos

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La política colombiana es costosa, aunque quizás sea mejor decir que es cara. Una cosa puede resultar costosa, pero al mismo tiempo valer para quien la adquiere lo que por ella paga. Caro es todo aquello que adquirimos, generalmente de manera forzosa o porque no tenemos otra opción, teniendo la sensación de que no vale el precio que pagamos. Es decir, cuando la diferencia entre el valor percibido y el precio pagado, el excedente del consumidor, es mínima o inexistente.

Para quienes no viven de ella, la política profesional es un servicio público: el servicio de estudiar, analizar, discutir, proponer y tomar decisiones de interés colectivo. Dependiendo del beneficio directo que se obtenga de las ejecutorias de los profesionales de la política, las valoraciones variarán de un individuo a otro. Por eso, la única forma razonable de escapar a la interminación de las valoraciones subjetivas es establecer el costo del trabajo de los políticos profesionales con relación a la capacidad de pago de la sociedad que los emplea; es decir, con relación al PIB – per cápita.

En 2019, cada congresista colombiano recibió 124.800 dólares, lo que era poco más de 19 veces el PIB – per cápita de ese año, cifrado en 6.500 dólares. ¿Mucho? ¿Poco? No hay otra forma de saberlo sino comparándonos con otros países.

El gráfico 1 presenta una comparación en términos absolutos de los salarios en dólares de los legisladores de 24 países del mundo, 13 de ellos de América Latina. Los de Colombia ocupan el sexto lugar entre la muestra seleccionada, después de Italia, Chile, Estados Unidos, Japón y Austria. En América Latina, aparecen en el segundo lugar, superados solamente por los colegas chilenos y por encima de países más ricos como México, Brasil, Uruguay, Argentina y Panamá.

Gráfico 1.

Esto nos lleva a la segunda comparación importante: el salario de los congresistas comparado con el PIB per cápita de cada país, que se muestra en el gráfico 2.

Ahí sí nuestros congresistas son imbatibles en el mundo entero: su remuneración anual equivale a más de 19 veces el PIB per cápita de Colombia. Después vienen, aunque bastante atrás, ocho países latinoamericanos. Los parlamentarios de los países europeos tienen remuneraciones mucho más bajas en relación con el PIB per cápita de sus países. El promedio aritmético simple de las remuneraciones de los legisladores de los 24 países incluidos en la muestra es 6,8 veces el PIB per cápita; el de los 13 países latinoamericanos es 9,9 veces.

Es una lástima que en este caso no funcione la competencia y no se pueda recurrir a la importación de servicios legislativos más baratos. Plantear esta posibilidad es menos escandaloso de lo que parece puesto que, a fin de cuentas, importamos servicios judiciales cuando las controversias comerciales se dirimen en cortes y tribunales internacionales.  

El asunto de la remuneración de los congresistas ha salido nuevamente a la palestra pública con ocasión de la expedición del decreto 1779 de 2020 mediante el cual, al tenor del artículo 187 de la Constitución, se fija en 5,12 % el incremento del salario de los congresistas para 2020. Esto ha provocado las más diversas reacciones, pero el hecho es que no hay nada que hacer al respecto. Pero si está en manos de la Presidencia de la República hacer algo para 2021, no solo en relación con los congresistas, sino también con todo el sector público.

De acuerdo con la ley 4 de 1992, corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial de los empleados públicos del Ejecutivo nacional, el Congreso, la Rama Judicial, el ministerio público, la Fiscalía, la organización electoral, la Contraloría nacional, los miembros del Congreso y los miembros de la Fuerza Pública. Con base en esta norma, el Gobierno expide anualmente los decretos que establecen el aumento de los salarios de la administración pública.

La ley no establece la cuantía de dicho incremento, pero existe la costumbre inveterada de hacerlo igual o semejante al del salario mínimo legal. Basta con que el Gobierno rompa con esta costumbre y proceda a establecer ese incremento teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 dicha ley.

En particular, en la coyuntura actual del país, sumido en una profunda recesión y graves limitaciones fiscales, el Gobierno nacional debería enfatizar en los tres siguientes criterios:

Competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales. Es evidente que la situación de la economía no admite incrementos en la remuneración de los trabajadores que excedan la inflación anual que está en 1,5 %. A esa condición debe ajustarse la remuneración de los servidores públicos

El aumento de esa remuneración debe también sujetarse “al marco general de la política macroeconómica y fiscal” y a las “limitaciones presupuestales de cada organismo o entidad”. Resulta evidente que el cumplimiento de estos dos criterios obliga al Gobierno a decretar un aumento salarial en la administración pública igual o inferior al 1,5 %.  Obviamente esto no acabará con los costosos emolumentos de los legisladores colombianos, pero por lo menos hará que crezcan un poco menos en 2021.

La gente que se indigna por esas escandalosas remuneraciones debería recordarlas a la hora de votar. Los altos sueldos de los congresistas y, en general, el costoso gobierno burocrático y asistencialista que padecemos, son responsabilidad de los ciudadanos que votan por los políticos que prometen un gobierno grande y pródigo del que todo lo esperan. ¡Ojalá algún día aprendan a votar por quienes prometen un gobierno barato!

Ñapa

La paradójica actitud del elector típico de las democracias modernas fue descrita, ya en 1855, por el economista belga Gustave de Molinari en el delicioso diálogo, entre un candidato y sus electores, que traduzco a continuación:

«El candidato: ¿Quiere ustedes que el gobierno se ocupe de la educación de sus hijos?

Los electores: Sin duda alguna. Queremos que distribuya la educación a manos llenas, que subvenciones ampliamente las universidades, que multiplique los colegios y las escuelas primarias, que organice la enseñanza profesional, agrícola, industrial y comercial.

El candidato: ¿Quieren que el gobierno construya vías, canales, ferrocarriles y telégrafos?

Los electores: Si, queremos que jamás se dejen de hacer obras públicas.

El candidato: ¿Quieren que el gobierno proteja la industria?

Los electores: Claro que sí, queremos que la proteja de la competencia extranjera, que le otorgue subsidios y primas; que tampoco olvide la agricultura y que le de a los agricultores los recursos para regar y abonar sus tierras, que impulse la cría de ganado, de conejos y de gusanos de seda.   

El candidato: ¿Quieren que el gobierno proteja las bellas artes?

Los electores: ¡Cómo no! Ese es su primer deber. ¿Qué ocurriría con la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía y la música, si el gobierno no las ayudara? Volveríamos al estado salvaje.

El candidato: ¿Quieren que el gobierno subvencione las iglesias y los cultos?

Los electores: Claro que sí. No somos ateos, gracias a Dios.  

El candidato: ¿Quieren que se reduzcan las fuerzas armadas?

Los electores: Claro que no. Queremos un ejército con un pie de fuerza respetable.

El candidato: ¿Quieren que se reduzca el presupuesto de beneficencia?

Los electores: ¡Pero por favor! Queremos, al contrario, que el gobierno se ocupe activamente del bienestar de las clases trabajadoras, que le de trabajo a los obreros y que atienda las necesidades de los que no pueden trabajar. Queremos que instituya talleres de trabajo, cajas de auxilio y de pensiones, etc., etc. ¡En una palabra, queremos que el gobierno sea la Providencia del pueblo!  

El candidato: Muy bien. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué piensan de los impuestos?

Los electores: Queremos que se reduzcan. ¡Abajo los altos impuestos!

El candidato: Tienen razón, los altos impuestos son insoportables. ¿Cuáles quieren reducir?

Los electores: Todos.

El candidato: Excúsenme, por favor. Ustedes quieren que el gobierno les dé educación y trabajos públicos; que subsidie la industria y las bellas artes; que sostenga las iglesias; que reparta a manos llenas trabajo y limosnas, es decir, que gaste mucho dinero. Pero, de otra parte, no quieren pagar impuestos. ¿Cómo puede hacer para financiar su presupuesto? Este es un problema difícil de resolver.  

Los electores: Eso es problema suyo, para eso lo elegimos. ¿Acepta, si o no, nuestro mandato?

El candidato: Tiene razón, sus argumentos no admiten réplica. Estamos para escucharlos. De todo corazón, acepto su mandato».

El texto completo del artículo que contiene este diálogo fue publicado en el 5 de enero de 1855 en la primera entrega de la revista L’Économiste belge Journal des réformes économiques et administratives. Puede consultarse en el portal del Instituto Coopet, centro de pensamiento dedicado a la difusión de las corrientes económicas favorables a los valores de la libertad, la propiedad, la responsabilidad y el libre mercado. Vale la pena leer ese maravilloso texto escrito a la mejor manera de Bastiat.

Lo recomiendo a todos mis amigos con un cariñoso saludo de año nuevo.

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