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Los demócratas han puesto el grito en el cielo, después de que el juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, advirtiera hace tan solo unos días a los estudiantes y exalumnos de la Facultad de Derecho de Harvard que la ampliación numérica de los miembros del alto tribunal, podría socavar el Estado de derecho en Estados Unidos.
La afirmación de Breyer introduce una polémica que no entraba en los planes del Partido Demócrata.
Los círculos más radicales de la izquierda daban a Breyer por un cadáver político. Habían pronosticado el inmediato retiro del juez a su casa de Cambridge, lo que le garantizaría a Biden hacerse tranquilamente con este importante escaño en el Tribunal Supremo para nombrar un sucesor de ideas afines.
El magistrado liberal ha ido más allá al afirmar que las presiones esgrimidas por los demócratas para reestructurar la Corte Suprema podrían menoscabar seriamente la reputación de una institución apolítica.
Con su firme discurso, Breyer no sólo ha desautorizado a sus halagadores partidistas, sino que también ha obligado a movilizar la maquinaria de organizaciones pagadas por el dinero de multimillonarios liberales, como es el caso de Demand Justice, que eligen e imponen jueces federales de acuerdo a su orientación izquierdista y a su grado de servilismo para propiciar este tipo de operaciones inconstitucionales.
Una vez más, el Partido Demócrata y el subversivo entorno que lo apoya, vuelve a quedar retratado en el espejo de sus ambiciones políticas. La pretendida obsesión con la que quiere resolver esta cuestión —extremadamente peligrosa en la medida que ataca los fundamentos de la separación de poderes en un Estado de derecho— resulta injustificable.
El propio Breyer ha dicho que la Corte no se ha decantado en los últimos años a favor de agendas conservadoras, precisamente porque la filosofía judicial de sus miembros no se supedita a ningún criterio partidista.
La complicidad de Biden y Pelosi
¿Por qué el Gobierno y la mayoría de los congresistas demócratas preestablecen que las decisiones de los jueces —incluidas la de los tradicionalmente liberales como es el caso de Breyer— son contrarias a su agenda política progresista?
Probablemente, la respuesta no esté en intereses partidistas o ideológicos inminentes, sino en la necesidad de despejar el camino para quebrantar definitivamente la separación de poderes que regula la Constitución.
Días después de la conferencia de Breyer en la Universidad de Harvard, Demand Justice ha desatado una campaña de acoso y derribo contra él. “Breyer, retírate. No arriesgues tu legado”, dice un camión con vallas publicitarias pagado por Demand Justice que circulaba por Capitol Hill. Mientras que en la otra cara del vehículo se podía leer un slogan que advertía: “‘Es hora de que una mujer negra sea jueza de la Corte Suprema. No hay tiempo que perder”.
Fiel a su estilo, la izquierda resentida y antidemocrática ha desplegado su arsenal de propaganda insidiosa contra la independencia judicial.
La iniciativa de los sectores llamados progresistas también se ha materializado a nivel de maniobras parlamentarias. Esta misma semana, los legisladores demócratas, Jerrold Nadler y Mondaire Jones, presentaron el proyecto de “ley judicial 2021”, junto con el senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts y el representante Hank Johnson, de Georgia, que plantea aumentar el número de jueces en la Corte de nueve a trece, lo que abriría la puerta de inmediato a Biden para que nomine a cuatro nuevos jueces que podrían ser confirmados posteriormente en el Senado, controlado in extremis por la bancada azul.
En un gesto de burda manipulación torticera, la activista de izquierda y legisladora por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, retuiteó el video que Mondaire Jones ha utilizado para promocionar su propuesta de ley, vinculando la Corte Suprema con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.
Asimismo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki —unida laboralmente en el pasado a Demand Justice—, ha preferido ponerse de lado de los que insultan, desprecian y amenazan la autoridad de los jueces, y en lugar de pedir que cesen las campañas de presión contra Breyer, ha insinuado que la seguridad de este juez dependerá de la rapidez con que deje su poltrona en la Corte.
El silencio cómplice del presidente, y de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, ante semejantes amenazas, coacciones y patrañas es la prueba más clara de que el Partido Demócrata es el principal provocador de estos ataques a las libertades, y que su propósito es el inminente control autoritario de todos los poderes del país.
Lo ocurrido en estos días con relación al juez Breyer y a la campaña difamatoria de la izquierda radical sobre la Corte Suprema, ofrece los primeros indicios de que la involución democrática está en marcha. Ha sido el propio magistrado quien se ha visto obligado a reivindicar la legitimidad que le otorga la Constitución para explicar en legítima defensa en qué consiste la división de poderes y la existencia de contrapesos en una democracia consolidada.
Por eso, debería ser ahora el Gobierno, no el juez, el que tiene que dar la cara frente a las intimidaciones que se han perpetrado contra la institucionalidad jurídica y la independencia judicial.
No es la primera vez que el Partido Demócrata da muestra de su desprecio por la magistratura para someterla. Lo curioso son los momentos en que la izquierda orquesta estos ataques contra el poder judicial. Precisamente, la propuesta de ley que llevan ahora los demócratas al Congreso encaja con un anuncio realizado por Biden durante su campaña presidencial sobre la necesidad de creación de una comisión que estudiaría posibles reformas del Tribunal Supremo, incluido la ampliación de los miembros de la Corte.
Respetar la Constitución y la Ley
Defender que la separación de poderes confiere al Ejecutivo y al Legislativo la potestad de reformar al Judicial es como mínimo un acto inconstitucional y sancionable. Y demuestra a todas luces la obsesión de los demócratas por doblegar a unos jueces que se han convertido en una piedra en el zapato para el proyecto de Gobierno Biden-Harris.
Con nocturnidad y alevosía, imponer esta proposición de ley, en un momento de inestabilidad institucional como el que atraviesa el país, puede resultar altamente perjudicial para el ordenamiento constitucional de Estados Unidos, bajo el pretexto fraudulento de invertir una composición colegiada en detrimento de la membresía ideológica republicana.
En el horizonte de objetivos políticos fijados en los pactos de Biden con la extrema izquierda de su partido, el poder judicial es la única oposición de fondo que le resta a los demócratas. Por eso, su prioridad ahora es convertir gradualmente la Corte en una especie de Cámara de los Lores integrada por asesores y personas honorables, sin capacidad de comprometer las decisiones del Ejecutivo.
La superioridad del Partido Demócrata, con el control de la Casa Blanca y la mayoría en ambas cámaras del Capitolio, puede provocar un daño irreversible a la credibilidad de la democracia en Estados Unidos con sus estigmatizaciones e injerencias vergonzosas
Estamos, sin duda, ante el más serio ataque perpetrado contra a la independencia judicial, lo que podría acarrear la simbólica muerte del legado de Montesquieu en el más alto órgano de los jueces en Estados Unidos.
Deberían los congresistas y senadores constitucionalistas —sin excluir por supuesto los que militan dentro del Partido Demócrata— denunciar este atropello contra el Estado de derecho. Y alertar de que está en juego la continuidad de la arquitectura institucional y democrática del país.
La Constitución, nacida de elecciones libres y de la voluntad del pueblo, recoge en su articulado que el Gobierno debe limitarse a los poderes que le otorga la ley suprema. En ella se establece un sistema federal por medio de la división de poderes. De manera que el poder del Estado proviene del pueblo, ejerciéndose sobre la base de las condiciones y responsabilidades que la propia Constitución y las leyes establecen.
Ese es el fundamento de la libertad en este país. Y eso es lo que precisamente quiere desmantelar el Partido Demócrata con su decisión de adulterar la naturaleza del alto tribunal.
La Constitución nunca le ha dado al Gobierno federal la potestad de subvertir los fundamentos de la Corte Suprema, pero ahora Biden y el Congreso, en manos del Partido Demócrata, quieren hacerlo.
Cuando desde cualquier rama del poder político se pretendan ejercer jurisdicciones no autorizadas ni por sus propias reglas ni por mandato de la Constitución, el pueblo perderá su condición de ciudadanos libres para convertirse en súbditos de la élite política.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”