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La Corte Suprema emitió una sentencia unánime sobre un caso (Mayorkas contra Sánchez) en el que se determinaba si la posesión del Estatus de Protección Temporal (TPS) se calificaba como “admisión legal”, un requisito necesario para los solicitantes que quieren obtener una Green Card y conseguir la residencia permanente legal en Estados Unidos. La Corte Suprema falló unánimemente en contra del demandante, impidiendo de hecho que los titulares del TPS utilicen únicamente su TPS como prueba de admisión legal al solicitar una Green Card.
El caso en cuestión se refería a la situación migratoria de José Sánchez y su esposa Sonia González, una pareja salvadoreña que entró ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1990. Sin embargo, Estados Unidos designó a El Salvador como nación con TPS en 2001 debido a una serie de terremotos que sacudieron el país ese año, lo que permitió a cientos de miles de salvadoreños (incluidos el Sr. Sánchez y su esposa) trabajar y vivir en Estados Unidos sin temor a ser deportados hasta que USA pusiera fin al programa de TPS.
Sánchez había solicitado un cambio de su estatus migratorio a través de un patrocinio de su empresa, que inicialmente fue aprobado por los funcionarios de inmigración. Sin embargo, el Gobierno demandó la decisión tomada por los funcionarios y dijo que, dado que Sánchez entró ilegalmente en Estados Unidos, se le impedía efectivamente pedir un ajuste de estatus sin salir primero de Estados Unidos.
Sánchez contrarrestó el argumento del Gobierno diciendo que la concesión del TPS sería un equivalente para una admisión legal ya que habrían sido examinados por los funcionarios de inmigración cuando estaban evaluando la solicitud. Sánchez argumentó que una sección de la ley que establece el programa TPS justifica su argumento, mientras que el Gobierno dijo que rechazaba esa interpretación y argumentaba que Sánchez no había sido admitido legalmente en USA.
La primera instancia falló a favor de Sánchez y su esposa, pero la decisión fue luego revocada por la Corte de Apelaciones, dejando la decisión final sobre el destino de Sánchez, su esposa y miles de beneficiarios en una situación similar en manos de los nueve magistrados de la Corte Suprema.
¿Qué significa esta sentencia sobre el TPS?
La Corte emitió un contundente rechazo a los argumentos de Sánchez, y los nueve jueces desestimaron su caso. La jueza Elena Kagan, considerada del lado “liberal” de la Corte, escribió la opinión de la corte en el caso diciendo que si bien el programa TPS daba estatus de no inmigrante a los extranjeros, eso no puede ser reclamado como una admisión legal. Dijo que “el TPS no hace que un inmigrante ilegal (como Sánchez) sea elegible” para un ajuste de estatus de residencia permanente.
En pocas palabras, la Corte se limitó a reafirmar la decisión anterior tomada por la Corte de Apelaciones, sentando el precedente de que si bien el TPS proporciona a los solicitantes un estatus de no inmigrante mientras se mantiene el programa, no lo hace sinónimo de entrada legal a los Estados Unidos.
Según el Foro Nacional de Inmigración, actualmente hay 251,567 salvadoreños viviendo en Estados Unidos con un estatus de TPS, lo que lo convierte en el mayor bloque de nacionales con permisos de TPS, aunque esta cifra probablemente será superada por los más de 300,000 venezolanos que son elegibles para la protección temporal.
El país sudamericano ha sido la última nación a la que se le ha concedido el estatus debido a la actual crisis política y humanitaria que se vive allí, el programa permite a cientos de miles de venezolanos elegibles vivir y trabajar en Estados Unidos por un periodo renovable de 18 meses.
En la actualidad, además de El Salvador y Venezuela, hay otros 10 países a los que el Gobierno americano ha otorgado el estatus de TPS: Honduras, Haití, Nepal, Siria, Nicaragua, Yemen, Sudán, Somalia, Sudán del Sur y Myanmar.
El programa en sí ha estado bajo algunas controversias legales en los últimos años, ya que hubo algunas largas batallas legales después de que la administración Trump decidiera no extender el estatus de TPS para muchos de los países en la lista anterior, incluyendo El Salvador. La última decisión de la Corte, en septiembre de 2020, puso fin a la controversia y permitió a la administración poner fin a los programas, dándole la capacidad de expulsar a los receptores de TPS salvadoreños a partir de noviembre de este año.
Aunque el último fallo de la Corte sienta efectivamente un precedente judicial que impide el uso del TPS como prueba de admisión legal en Estados Unidos, la decisión no debería crear un gran obstáculo para los beneficiarios del TPS que solicitan la residencia permanente y que fueron admitidos legalmente en Estados Unidos.
En su opinión, Kagan dijo que, por ejemplo, los turistas que hayan sobrepasado su visado pero que también tuvieran el TPS podrían pedir un ajuste de estatus para la Residencia Permanente, ya que su entrada inicial en USA se habría considerado como una admisión legal.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.