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A principios de esta semana, el CDC de Biden emitió una moratoria de evicción en todo el país, ordenando la suspensión temporal de los desalojos en las zonas que tienen “niveles elevados de transmisión comunitaria”, que es casi el 90 % del país.
El motivo de la moratoria es que un aumento de los desalojos también provocaría un incremento de los casos de transmisión de COVID en todo el país. Los propietarios que desafíen esta nueva orden del CDC podrían enfrentarse a graves consecuencias legales, incluidas multas y penas de prisión.
El CDC emite la orden después de que los progresistas presionaran al presidente Biden para que ampliara la moratoria emitida el año pasado, después de que la administración dijera inicialmente que no tenía autoridad legal para hacerlo. Las representantes Cori Bush (D-MO) y Alexandra Ocasio-Cortez (D-NY) encabezaron las protestas en las escalinatas del Capitolio, un llamado que también fue seguido por la presidenta Nancy Pelosi (D-CA) y el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer (D-NY).
Después de ser criticado por la izquierda por no ampliar la moratoria, el gobierno de Biden cedió y emitió la moratoria. Sin embargo, hay un par de pequeños detalles sobre la moratoria de Biden: es arbitraria e ilegal.
El panorama sanitario actual no es el mismo que cuando se aprobó la moratoria por primera vez
Inicialmente, el Gobierno federal había emitido sus suspensiones temporales de evicción en medio de los momentos más álgidos de la crisis del COVID-19, cuando el país se enfrentaba tanto a las altas tasas de mortalidad causadas por la enfermedad como a una agobiante recesión económica generada por los cierres impuestos para frenar la propagación del virus. Sin embargo, la moratoria de evicción emitida esta semana encuentra una América muy diferente a la de 2020.
Cuando las moratorias de evicción se aplicaron por primera vez en marzo de 2020, a través de la Ley CARES, el país se encontraba a pocas semanas de una media de 2190 muertes durante el mes de abril, mientras el país (y el mundo) trataba de lidiar con un virus que nadie entendía, la tasa de desempleo se disparó hasta casi un15 % (un aumento de 10 puntos) en menos de un mes.
Pocos meses después de la prórroga de la orden, en septiembre de 2021, el país se enfrentaría a un panorama nefasto de COVID-19, registrando una cifra récord de 3307 muertes diarias en enero de 2020.
Hoy, el escenario es muy diferente al del 2020. Aunque los casos están aumentando, la tasa de mortalidad es inferior a 500 y casi la mitad del país está ya totalmente vacunado. Además, la tasa de desempleo ha descendido un 5,9 % a medida que los americanos vuelven al trabajo y se recuperan de las pérdidas económicas causadas por la pandemia de COVID-19.
Los efectos económicos de otra moratoria de evicción se dejarán sentir con fuerza en todo el país. Los pequeños propietarios (que poseen el 40 % de las unidades de alquiler en el país) han tenido dificultades para cobrar los alquileres durante más de un año debido a las moratorias, y aunque el Gobierno ha asignado miles de millones de dólares en ayudas, sólo una fracción muy pequeña de esa cantidad ha llegado realmente a los bolsillos de los propietarios.
El gobierno ya tiene una bala de plata en su arsenal contra la pandemia: las vacunas. Parece una exageración que una agencia gubernamental impida a los pequeños propietarios hacer valer sus derechos de propiedad durante más de un año en nombre de la salud pública. Esto, que era cierto en los momentos álgidos de la crisis del COVID, lo es aún más en un momento en que las tasas de mortalidad son bajas y las vacunas están más que disponibles.
La moratoria de evicción es también (muy probablemente) ilegal
Aunque hay quien podría argumentar que la aplicación de la moratoria de evicción es útil y apropiada para luchar contra el COVID-19 en este preciso momento, cada vez está más claro que dicha orden es simplemente ilegal. Esto no lo dicen sólo los expertos conservadores del National Review o los legisladores republicanos en los ayuntamientos, sino que lo sostienen medios de comunicación liberales como The Washington Post, algunos jueces del Tribunal Supremo y el propio presidente Biden.
A pesar de que la medida ha recibido elogios en los círculos progresistas, la decisión se ha considerado en gran medida de dudosa validez jurídica. El consejo editorial del Washington Post publicó un artículo en el que afirmaba que la decisión de Biden podría suponer un alivio a corto plazo para los inquilinos, pero “a costa del Estado de derecho”, destacando que la ley de la que el CDC se arroga esta autoridad no le permite “congelar todo el mercado de la vivienda de alquiler mes tras mes en casi todo el país”.
El juez Brett Kavanaugh, que votó a favor de mantener las moratorias en junio, ya advirtió al poder ejecutivo que el CDC había “excedido su autoridad estatutaria existente” al emitirlas y que sólo había votado para mantener las órdenes para dar más tiempo a las agencias para distribuir los fondos de ayuda para los inquilinos de una manera más ordenada. Sin embargo, explicó que una nueva moratoria necesitaría la aprobación del Congreso, un umbral que la nueva moratoria de Biden claramente no sigue.
Incluso Biden ha declarado que tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de su decisión, admitiendo en una rueda de prensa que no sólo la actual moratoria fue considerada no constitucional por los tribunales, sino que “la mayor parte de los expertos en derecho constitucional están de acuerdo en que (la prohibición) no es probable que pase el examen de constitucionalidad”.
El gobierno ha desafiado abiertamente un consejo del Tribunal y ha emitido una orden de gran alcance que limita los derechos de propiedad de millones de americanos por decreto. Aunque es muy posible que la moratoria sea anulada por los tribunales, es muy preocupante que el presidente esté dispuesto a emitir una orden de muy dudosa validez legal para evitar la ira del ala más progresista de su partido.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.