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El moderno Estado del bienestar —llevado al extremo por socialdemocracias radicalizas— lo fundó el canciller de hierro del imperio alemán Otto von Bismarck denominándolo socialismo de Estado. Es inviable a largo plazo, aunque ha tenido buena prensa y atractivo para las masas, depende de creernos tres mentiras:
- La primera mentira es hablar de aportes y prestaciones. No hay tal cosa. Aparte de forzosas, las cargas no tienen relación con las prestaciones. Las cargas de la generación que aporta, pagan inmediatamente las prestaciones de la generación que recibe. Es una transferencia inter generacional que depende del tener más personas pagando que cobrando. Simplemente, Ud. no paga su seguridad social, sino la de quienes hoy cobran. La suya la pagarán, si acaso, quienes aporten cuando Ud. deba cobrar más prestaciones.
- Y eso, en términos financieros, es un esquema de ponzi. Ni más, ni menos. No es legalmente una estafa únicamente porque lo implementan Estados. Y los déficits los cubren —o esperan cubrirlos— con cargo a los impuestos, o al déficit fiscal. Cuando no alcanza con lo de los que aportan hoy para pagar las prestaciones de hoy —a los que aportaron ayer— se paga de los impuestos que todos pagan hoy. Y mañana. Por tanto, la segunda mentira es que no hay tal sistema. La seguridad social estatizada es una ficción contable que encubre impuestos y gasto fiscal. Los aportes son impuestos, el gasto es gasto gubernamental. Y las obligaciones de la seguridad social son deuda pública implícita.
- Aunque los juristas argumenten que, roto el principio de unidad del presupuesto, tales ingresos y gastos no son impuestos ni gastos fiscales. Lo cierto es que económicamente son ingresos y gastos gubernamentales. Y no solo porque en última instancia se cubren los déficits con dinero de impuestos, endeudamiento público o inflación, sino porque en todo el mundo los recursos de la seguridad social estatizada se “invierten” en deuda pública, mayormente o exclusivamente. Deuda del banco central, de la Hacienda pública. O deuda garantizada por el presupuesto en última instancia. Y en esa tercera mentira, la del Estado “invirtiendo” en su propia deuda, la serpiente se muerde la cola.
Los fondos de capitalización privados para pensión son eficientes financieramente. Y liberan presupuesto para la salud estatizada, de suyo ineficiente. Pero donde existen, están bajo ataque de la izquierda mediante promesas populistas tan inviables como políticamente atractivas.
La seguridad social futura ya es económicamente insostenible
A propósito de su “gran reinicio”, el autoproclamado tribunal supremo de dogmática progresista global, el Foro de Davos, considera de escaso impacto el riesgo de quiebra de la seguridad social. Aunque sería la quiebra del Estado del Bienestar. Y si algo mostró la pandemia fue la debilidad de los sistemas de salud estatizados, las fallas de la planificación central y la incapacidad de las organizaciones multilaterales ante grandes crisis reales. Para no admitirlo, en lugar de ir al debate sobre la salud preventiva —para al menos retrasar lo inevitable— las elites políticas y corporativas insisten en la táctica del miedo.
En todo el mundo la población de más de 65 años está aumentando. Es buena noticia. Pero en la mayor parte del mundo desarrollado las tasas de fertilidad están disminuyendo. No habrá suficientes personas ingresando a la fuerza laboral para pagar las prestaciones de quienes se jubilen. Y vidas más largas implican mayores costes de jubilación y atención médica.
Veamos dónde nació: en Alemania antes de la pandemia la deuda pública había alcanzado niveles insostenibles. Y contra los absurdos de la Teoría Monetaria Moderna, lo cierto es que crear circulante no lo soluciona, lo empeora. El prestigioso tanque de pensamiento Stiftung Marktwirtschaft reporta anualmente la deuda alemana explícita —incluida en las cuentas públicas— sumada a la implícita —pasivos no asignados y obligaciones de seguridad social— y en 2019 en Alemania esa deuda total llegó a 7,6 billones de euros. La deuda pública explícita alemana equivalía en 2019 al 60.9 % del PIB. Pero la deuda real equivalía al 164.8 % del PIB ese año, mientras en 2018 equivalía al 145.5 % del PIB.
Para empezar a equilibrarla habrían tenido que reducir 5 % los servicios sociales. O incrementar 6 %, tanto impuestos explícitos como implícitos: cargas de seguridad social. Lo que con su elevada presión fiscal implícita y explicita es tan costoso políticamente como reducir prestaciones consideradas derechos.
Una bomba de tiempo
Y lo que ya era insostenible antes de la pandemia empeoró exponencialmente con los bloqueos draconianos que llevaron las cadenas de suministro alemanas al borde del colapso al desarticular la estructura del capital. La deuda real de Alemania podría elevarse al 400 por ciento de su PIB. En el resto de la Unión Europea el problema es similar. O peor. Con pocas excepciones, los Estados europeos tienen cifras de deuda oficial más altas que Alemania. Que tampoco incluyen futuras jubilaciones y pasivos sanitarios.
Es una bomba de tiempo financiera capaz de poner en jaque toda la economía al colapsar sus Estados del bienestar. Y es una bomba de tiempo política que destruiría la cohesión social sin la que la democracia se autodestruiría. Únicamente Suiza —que no es parte de la UE— está en mejor posición.
La mayor parte de su seguridad social está asegurada de manera privada. Los seguros de salud, aunque obligatorios, son seguros en el sentido actuarial. Y hay un debate razonablemente serio en curso sobre los sistemas de bienestar y salud. Pero incluso en Suiza la regulación ha incrementado los costes de la atención médica, los seguros obligatorios tienen deficiencias y los esquemas de pensiones debilidades financieras.
Mientras tanto, en unos Estados Unidos en que la nueva izquierda demócrata se propone llevar a su propio Estado del bienestar a alturas nunca alcanzadas, ni en las más radicales socialdemocracias de Europa occidental, el Goodman Institute calcula que la seguridad social ya tiene pasivos no financiados a largo plazo por 34 mil millones de dólares. Así que el sistema llegaría a la insolvencia en 2034.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros