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Medio centenar de venezolanos radicados en el extranjero pidieron en una carta al presidente Biden, y otras autoridades nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del régimen de Venezuela, y subrayaron que esas medidas “benefician al venezolano de a pie”.
Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones presidenciales “libres y limpias” y se apoye desde el Gobierno de Estados Unidos la labor investigadora del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
La carta, con fecha del 21 de abril de 2022, está firmada por más de 50 ciudadanos venezolanos “decentes y con poder moral” que residen en Estados Unidos y España y otros países europeos, y se posicionan en contra de los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones alegando que perjudican al pueblo.
“Aquellos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos”, subrayan.
Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela; Anthony Blinken, secretario de Estado; Ron DeSantis; gobernador de Florida, y representantes y senadores del Congreso.
La crisis de Venezuela no es debido a las sanciones
Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la “grave crisis económica y estructural” que padece Venezuela es “ajena y anterior a las sanciones” impuestas por Estados Unidos a figuras del régimen chavista.
Alegan que la crisis que ha supuesto para los venezolanos “inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado” y ha causado el éxodo de millones de personas, se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias “erradas” implementadas “bajo la asesoría” de Cuba.
También a la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial, al desmantelamiento del Estado de Derecho y el desmoronamiento de la Seguridad Jurídica, y a la corrupción sin precedentes en la historia republicana, dice la carta, que expone en detalle cada uno de esos aspectos.
Los firmantes destacan que las sanciones de Estados Unidos lejos de ser causantes de la crisis “más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano”, pues han ayudado a “cerrar el financiamiento del régimen a actividades criminales”.
Subrayan también que el régimen de Nicolás Maduro es aliado de Rusia, de Irán, Cuba, Nicaragua y China, y de los carteles de la droga de Colombia, Bolivia y México, y de “grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC”.
“Esa alianza criminal internacional representa un riesgo de Seguridad Nacional para los Estados Unidos sin duda alguna”, agregan.
También aseveran que las sanciones impuestas por Estados Unidos “en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela”.
“Han sido sanciones -dicen- con efectos directos al Régimen y a sus funcionarios violadores de derechos humanos (lavadores de capitales y narcotraficantes), y han quedado exentos de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad”.
“El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla más, Venezuela exige Libertad y verdadera Democracia”, dicen los firmantes encabezados por Ernesto Ackerman, de la organización Independent Venezuelan American Citizens y miembro del Partido Republicano.
