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Han transcurrido cinco años y en la casa de Ana parece que el tiempo no pasó. En el pasillo sigue intacta la marca del disparo de un policía que convirtió a su hijo, una noche de 2017, en uno de los 14.220 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela desde 2012 hasta julio de este año, según la ONG Cofavic.
Desde entonces a Ana -nombre ficticio de esta madre que prefiere mantenerse en el anonimato- le ha tocado “vivir con la pena” a cuestas.
Cada jueves en la noche, revive el momento en el que funcionarios policiales irrumpieron en su vivienda, en una barriada caraqueña, y la obligaron a subir a la segunda planta la casa para quedarse ellos a solas con su hijo de 23 años, a quien torturaron y asesinaron, mientras ella y su familia lo escuchaban todo, según su relato.
“Yo no tengo tanto miedo por mí, sino miedo por mis hermanos (…) a los que vivimos en barrio nos consideran que todos somos unos delincuentes. Pero no, aquí en los barrios también se levanta gente profesional y gente buena”, recordó a Efe esta mujer que teme por los suyos.
Ahora, sus días transcurren entre su trabajo como comerciante informal, con el que ayuda a los tres nietos que le dejó su hijo, sus visitas constantes a los tribunales o a la Fiscalía para insistir en que se investigue la muerte de su familiar y unas reuniones ocasionales en las recibe el abrazo de otras mujeres que vivieron lo mismo.
Solo en Caracas, el Monitor de Víctimas, otra organización de registro de homicidios, ha contabilizado 1.013 asesinatos a manos de la policía desde 2017, una cifra que -creen- está por debajo de la real, pues muchos de estos sucesos son reseñados como enfrentamientos o resistencia a la autoridad.
“No es nada más la cifra, no es nada más el número de la persona que se asesinó, sino también la familia que queda detrás de esto”, explicó Sofía Cardona, psicóloga y parte del programa “Voces Visibles” del que Ana forma parte y con el que la ONG Mi Convive se propuso hacer acompañamiento psicosocial y formar a familiares de las víctimas de la “letalidad policial”.
La idea es apoyar a las personas “que siguen aquí y que siguen luchando” tras la pérdida de sus familiares, indicó la especialista.
En Venezuela, las violaciones a los derechos humanos son materia de investigación por parte de la Misión Internacional de la ONU, que aseguró que las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde septiembre de 2020 hasta la presentación de su segundo informe, en marzo de 2021.
