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Para la elaboración de este reportaje El American consultó ocho fuentes. Varias pidieron el anonimato, por temor a represalias en su contra
DE FONDO SONABA AC/DC a todo volumen. Fuegos artificiales iluminaban la arena de la playa El Zonte. La audiencia de miles de personas gritaba, eufórica. No era un concierto de rock sino el festival Labitconf, sobre Bitcoin. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, anunciaba el 20 de noviembre del 2021 el lanzamiento de la Bitcoin City, su apuesta por una ciudad tecnológica en la que el único impuesto sería el IVA y la criptomoneda reinaría.
Varios meses después, el proyecto que Bukele anunció en inglés ante una audiencia de extranjeros en las playas de El Salvador se ha diluido. La idea de una ciudad tecnológica, hub de los seguidores del Bitcoin, quedó enterrada por la realidad de un país en crisis, acosado por la delincuencia, la pobreza y la inflación.
Pero nada empaña la percepción internacional que hay sobre Bukele. En los círculos de apasionados del Bitcoin, el polémico presidente de El Salvador es casi que un mesías. Y no es por nada. Bukele es el único jefe de Estado del mundo que decretó al Bitcoin como moneda de curso legal, detrás del dólar. Ha buscado forzar a los salvadoreños a adoptar la criptomoneda, pese a que las verdaderas condiciones del país centroamericano se terminan imponiendo. Y, desde el Estado, sacó su propia billetera digital, la Chivo Wallet, que vendió a los salvadoreños ofreciéndoles un bono de $30 con la suscripción.
Aunado a sus políticas monetarias, Bukele es reconocido fuera de las fronteras por su poca corrección política, su franqueza al denunciar la hipocresía de los países que le critican sus formas, su impecable y muy astuto manejo de las redes sociales y, también, su aparentemente exitosa guerra contra las pandillas y la delincuencia en el país.
Una de las políticas de las que Bukele más se jacta fue la de su cruzada contra el crimen. Sin una explicación evidente, lo logró, y El Salvador, un país tradicionalmente violento y con una fuerte historia de pugna con las pandillas, empezó a registrar días sin un solo homicidio. Nadie entendía qué ocurría, mientras Bukele lo presumía en su cuenta de Twitter.
La pax de Nayib Bukele lo catapultó como un líder eficiente y duro contra las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha, que reina en El Salvador. Pero, de pronto, todo llegó a su fin. Y de durar meses con históricas tasas de homicidio —a casi ningún asesinado por día—, El Salvador registró su fin de semana más violento en las últimas décadas: 87 personas asesinadas entre el 25 y 27 de marzo de este año. Solo el 26 de marzo, fueron asesinadas 62 personas. El día más sangriento de la historia reciente del pequeño país centroamericano.
Las revelaciones en torno a la pax de Bukele han expuesto la verdadera naturaleza de su popular Gobierno. Todo lo construido. El mito. El rockstar. Todo es, al final, ficticio. Lo que oculta el Gobierno de Bukele es mucho más oscuro de lo que reseña la prensa, que no puede hablar demasiado. Al final, nada es lo que parece. Los fuegos artificiales o AC/DC solo adornan un complejo entramado de corrupción, criminalidad e incapacidad.
El pacto con las mafias
Mientras disminuían considerablemente los homicidios, aumentaban las desapariciones. En todo el 2020, desaparecieron en El Salvador unas 200 personas. Para finales del 2021, la cifra se había duplicado. El Estado aparentó su búsqueda, pero los familiares de los desaparecidos han denunciado varias veces que nadie los está ayudando. En febrero de este año, varias fosas comunes fueron encontradas por la policía. Para César Reyes, diputado por San Salvador del partido de derecha ARENA y director de Asuntos Electorales, es claro lo que venía ocurriendo.
“Aunque los homicidios se redujeron, la percepción de inseguridad se mantenía intacta”, dijo Reyes a El American. Y es importante contextualizar: mientras los homicidios se reducían no solo aumentaban las desapariciones. En 2021 también repuntaron otros delitos, como las extorsiones, hurtos y violaciones. De acuerdo con la Policía Nacional, hubo un “aumento en ocho de diez delitos de impacto” con respecto al año anterior. Por ello, era natural que la percepción de seguridad, aunque el Gobierno tratara de mercadear lo contrario desde Twitter, se mantuviera intacta.
“Y entonces, empezaron las desapariciones. Cadenas de personas buscando a sus familiares. Madres buscando a sus hijos. Es clara la correlación entre reducción de homicidios, desaparecidos y fosas comunes. Lo que ocurría era que los grupos criminales tenían estas fosas clandestinas para que el Gobierno no contabilizara las muertes como homicidio”, dijo Reyes a El American.
“Se estaban contando como desaparecidos, no como homicidios”, agregó Reyes. Luego, a finales de marzo de este año, empezaron a contarse los asesinatos.
Para entender cómo Bukele logró neutralizar prácticamente los homicidios en el país y, luego, de un día a otro, todo se salió de control, es importante escuchar a los periodistas del medio El Faro, quienes se han dedicado a la valiente labor de alumbrar lo que el Gobierno de Bukele quiere que no se sepa. Y uno de esos episodios que el Gobierno pretendía ocultar era el del pacto con las pandillas.
La periodista de investigación de El Faro, Gabriela Cáceres, dijo a El American que para entender los acuerdos entre el Gobierno y las pandillas hay que remontarse a 2015, en la campaña de Bukele para la alcaldía de San Salvador, capital del país. Entonces, dijo Cáceres, “gracias a información que pudo recopilar El Faro, de fuentes de su propio equipo y de las pandillas, revelamos que él entregó dinero a las organizaciones criminales para que no boicotearan las elecciones”.
Mientras fue alcalde también surgieron denuncias, pero Bukele consolidó todos los acuerdos con la Mara Salvatrucha y otras pandillas ya como presidente de El Salvador. De acuerdo con lo que ha revelado el Faro, “Bukele pactó la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios”, dijo la periodista.
Según las revelaciones del medio, un funcionario de Bukele, Carlos Marroquín, director de “Reconstrucción del Tejido Social”, y el viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales, Osiris Luna, se reunieron en varias ocasiones con líderes pandilleros para pactar los beneficios. El Faro reveló fotografías de Luna entrando a cárceles de máxima seguridad junto a personas encapuchadas, que presuntamente serían “enviados por el Gobierno para negociar”.
El medio en el que trabaja Gabriela Cáceres reveló audios y fotografías que respaldan la denuncia.
“El Gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las tres principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome. A cambio, las organizaciones han planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad”, se lee en un artículo publicado en El Faro el 23 de agosto de 2021.
“Los audios confirman que hubo una negociación. Cuando esto lo publicamos por primera vez en agosto del año pasado”, dijo Cáceres a El American, “Bukele negó todo y se burló de la prensa. Pidió fotografías y audios. Publicamos las fotografías y los audios. Se siguió burlando. Pero aquí lo que realmente hay es una negociación bajo la mesa”.
“Y la negociación quedó expuesta cuando el pacto se rompió en marzo”, agregó la periodista de El Faro.
Un líder de la Mara Salvatrucha lo explicó con sus propias palabras a El Faro: “[Se rompió el acuerdo] porque [el Gobierno] hicieron cosas que no tenían que hacer. Por eso se levantaron esos 80 muertos de esas fechas, ¿me explico? Incumplieron. Capturaron cuando no tenían que hacerlo. Ellos dijeron ‘lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’, y en lugar de dialogar, capturaron”.
En ese artículo, el medio también reveló un audio del funcionario de Bukele, Carlos Marroquín, confirmando que el pacto se había roto y que él esperaba que se pudiera retomar.
“Bukele les permitió a las pandillas operar con plena libertad. Les mejoró las condiciones e incluso evitó la extradición de algunos líderes criminales”, dijo el diputado César Reyes a El American.
El poder del Estado para impulsar el pacto y para ocultarlo
Una escena quedará registrada para siempre en el recuerdo de los salvadoreños: cuando aún no tenía la mayoría legislativa, Nayib Bukele irrumpió en el Congreso, escoltado por militares armados hasta los dientes, para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar su política contra las pandillas.
Custodiado por decenas de hombres que empuñaban un rifle, Bukele amenazó con una “insurrección” si los diputados no acataban. Invocó el derecho divino para justificar el atropello: “Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo”.
Entonces, el Congreso calificó el episodio como un “golpe de Estado” y se negó a aprobar el préstamo. Pero los días de ese Congreso estaban contados. Las elecciones legislativas estaban a la vuelta de la esquina y el partido de Bukele, Nuevas Ideas, se perfilaba como el favorito.
El 28 de febrero de 2021 el partido Nuevas Ideas logró el 66 % de la votación, con un total de 56 escaños, de 84 en total. Le siguió el partido de derecha ARENA, con apenas 12.18 % de los votos. Unos 14 escaños. Era un triunfo sorprendente, casi histórico, con el que Nayib Bukele lograba la mayoría absoluta en el Congreso. Ahora, Bukele dominaba otro de los poderes del Estado, y con holgura. Era imparable.
“Nuevas Ideas + GANA [partido que le apoya] tendrán más de 60 diputados en la Nueva Asamblea. Gracias al pueblo salvadoreño. Gracias a Dios”, tuiteó Bukele la noche del 28 de febrero.
Graciela Rajo, presentadora del Canal 12 en El Salvador, dice a El American que el presidente sí goza de mucha popularidad: “Realmente es muy popular. Sus políticas cuentan con una aprobación alta, según diferentes encuestadoras. La aceptación es tanta que incluso la misma población arremete contra los periodistas que denuncian al mandatario”.
“Sí, Bukele es tan popular como parece. En El Salvador, durante la campaña legislativa para diputados, el slogan para que la gente apoyara a Nuevas Ideas era ‘Vota por la N de Nayib’. Y mucha gente en todo el país votó por diputados de los que no conocía sus nombres, cargos o historial en política, solo porque eran los candidatos de Nayib. Había diputados cuyas campañas presentaban el rostro de Bukele grande en las pancartas; y el rostro de ellos en una esquina, pequeños”, cuenta a El American la periodista salvadoreña Karla Arévalo.
“No solo ocurre en El Salvador. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos también lo apoya bastante”, agrega Arévalo.
Según varias encuestas, Nayib Bukele es el candidato mejor valorado de todo el continente. La consultora Mitofsky le da un 81 % de aprobación. Una investigación del diario La Prensa Gráfica concluyó que el 85 % de los salvadoreños aprueba la gestión de su presidente, a más de dos años de mandato.
Rajo dice a El American que “muchos analistas consideran que la aprobación es debido al discurso populista”.
Y sí, Bukele es populista. Pero es más que eso. Es astuto y ha venido construyendo una base que lo adora. Él mismo se ha deificado, justificando cada decisión en la voluntad de Dios. Es, al final, el derecho divino. Y el derecho divino fue lo que, según Bukele, lo guió a él y a sus diputados en el próximo paso.
“El año pasado, en agosto, revelamos que la Fiscalía estaba investigando que el Gobierno de Bukele negociaba, no solo con la Mara Salvatrucha, sino con Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños [las otras dos principales pandillas del país]”, cuenta Gabriela Caceres de El Faro.
“Hasta abril de 2021, la Fiscalía dirigida por Raúl Melara llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Bukele […] esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía a través de audios, fotografías, documentos y testimonios”, se lee en El Faro.
“Los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral, e incautaron documentos oficiales de centros penales”, continúa el reportaje.
El artículo publicado por El Faro está robustecido por varias fotografías, escritos y documentos.
La Fiscalía de Raúl Melara, entonces independiente, llevaba investigando a los funcionarios de Bukele desde que empezó su Gobierno. Era claro que para el presidente la Fiscalía era un problema. Había que hacer algo. Era urgente detener los esfuerzos de Melara.
El primero de mayo del 2021 la nueva Asamblea controlada por Nayib Bukele se juramentó. Los diputados asumieron y lo que se esperaba que fuera simplemente una ceremonia protocolar terminó convirtiéndose en una agresiva pugna política y una ocupación veloz del resto de los poderes del Estado.
Ya con mayoría absoluta, los diputados de Nuevas Ideas y de GANA se saltaron el protocolo y, sin haber estado en la agenda ni discutirse por alguna comisión, sesionaron hasta altas horas de la noche para destituir, primero, a los magistrados de la Corte Constitucional y, luego, al fiscal general Raúl Melara.
Con 64 votos en el Congreso, Bukele logró posicionar estratégicamente adeptos fieles en la Corte y la Fiscalía de Justicia. Ahora todo el Estado estaba bajo la voluntad de Nayib Bukele. Su control sobre el Gobierno era pleno; y había logrado quitarse de encima a Melara, que llevaba meses investigándolo.
“Desde que Bukele llegó al poder se han violentado los principios de la democracia. Es un hecho. Ese primero de mayo hubo una violación clara del Estado de derecho. Apenas se estaba instalando la Asamblea y la primera decisión fue acomodar el Estado a su conveniencia”, dice a El American el activista salvadoreño Nicolás Noyola.
“Luego de la toma de posesión de sus magistrados y fiscales, la Asamblea de Bukele adoptó medidas contrarias a la Constitución. Aunque nuestra Constitución prohíbe la reelección, ellos la modificaron para que Bukele pudiera reelegirse”, agrega Noyola.
Y Nicolás Noyola acota que la reelección en El Salvador apela a un recuerdo amargo. Es inevitable relacionar la reelección con autoritarismo, pues el último gobernante en reelegirse fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez.
Ya con el Estado moldeado a su conveniencia, correspondía dar el siguiente paso. Para Bukele, con la Fiscalía y el Poder Judicial bajo su control, solo un ala de la sociedad continuaba siendo incómoda. La prensa, naturalmente contrapoder, seguía firme, dispuesta a exponer los abusos autoritarios del presidente y, sobre todo, el pacto con las mafias, aunque el Estado usara todo su poder para ocultarlo.
Que se calle la prensa
“No ha sido fácil. En lo absoluto. Y aquí, entre nosotros, te confieso: yo voté por él; pero tengo que hacer mi trabajo”, contó a El American en condición de anonimato un periodista de un reconocido medio de noticias en El Salvador. A él le da miedo que lo detengan, o que engrose la lista de desaparecidos. “Por eso estoy pensando en irme al exilio”.
Corre peligro, porque todos los periodistas en El Salvador, de alguna u otra manera, corren peligro. O, mejor dicho, ninguno corre peligro, hasta que hace su trabajo. Porque solo toca ejercer el oficio, para convertirse en una amenaza. Y ello está tipificado, porque la prensa pasó a ser objetivo del Estado a partir de varias reformas impulsadas por el partido de Nayib Bukele.
Ya con el Congreso bajo su control, y los jueces y fiscales silenciados, los diputados de Nuevas Ideas armaron su embestida contra el cuarto poder.
“La bancada afín a Bukele aprobó varias reformas. Y estas reformas introdujeron una tipificación directamente en contra de los periodistas. Esto se llama dictadura”, dijo Nicolás Noyola a El American.
El 6 de abril de este año los 63 diputados oficialistas votaron una reforma propuesta tanto por el presidente Bukele como por su Ministerio de Seguridad. La modificación de la Ley de Prescripción de Maras y Pandillas permitía al Gobierno castigar a cualquier medio de comunicación o periodista que reprodujera mensajes “alusivos a las pandillas”.
“La medida alcanza a cualquiera que divulgue textos, imágenes o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a pandillas (…) [se castiga] con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan ‘mensajes, denominaciones o propaganda'”, se lee en La Voz de América.
En concreto, la ley reza: “Queda prohibido a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
Por supuesto, qué entra dentro de estos tipos de “mensajes” y qué no queda a criterio del Gobierno. Se trata de un game changer para la prensa, y de un atentado directo a las libertades de expresión.
“Yo no puedo dejar de escribir sobre el pacto con las mafias. Y lo seguiré haciendo, aunque sea desde el exilio”, contó el periodista bajo anonimato a El American.
“Los medios están maniatados, ya que no pueden escribir sobre la violencia de las maras y las pandillas. Hay mucha autocensura, mucho miedo. Hace meses se hizo público cómo el Gobierno negoció con las pandillas. La última ola de asesinatos ocurrió porque ese pacto se rompió. Eso fue revelado por el medio El Faro, pero ningún medio que no fue parte de la investigación pudo reseñarlo. Antes, hubiera estado en todas las portadas de El Salvador. Ya no”, dijo la periodista Karla Arévalo.
“Se está limitando la libertad de prensa. Nunca se había visto una censura así de alarmante”, insistió Arévalo a El American.
Pero El Faro, pese a los riesgos, continúa. Gabriela Cáceres, quien ha sido una de las principales periodistas en denunciar los pactos, cuenta a El American que dentro de la sala de redacción “ha habido una discusión muy larga, pero la respuesta es que hemos decidido enfrentar los riesgos que implica seguir ejerciendo”. Ella continúa en El Salvador.
Karla Arévalo contó a El American cómo Bukele ha construido su aparato de propaganda, gracias al financiamiento con fondos públicos de varios medios, la coacción y el acoso. Son muchos los medios de propaganda del Estado, que solo reproducen lo que sale de la Casa Presidencial.
“Los periodistas independientes ya no podemos acceder a la información oficial o a los canales institucionales. Las comunicaciones institucionales se han centralizado en Casa Presidencial”, dijo Arévalo.
Persecución, no solo contra la prensa
Según la Revista Factum, son más de 50 los exiliados del Gobierno de Nayib Bukele. La publicación recoge todo tipo de testimonios, de gente que tuvo que huir de El Salvador por acoso y amenazas.
“Me sentí amenazada. Me mandaron a decir con la comisionada suplente que me preparara, porque me iban a meter presa”, contó a Factum la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Liduviana Escobar.
Escobar tuvo que buscar asilo junto a sus hijos y esposo. Salió de El Salvador luego de que el Congreso de Bukele desmantelara la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Fue separada de su cargo por denunciar en una entrevista irregularidades en el proceso de acceso a la información pública. Como ella, más de 40 personas.
Y, quienes no pudieron escapar, sufrieron en carne propia los atropellos y la persecución de Nayib Bukele.
“A mí me fabricaron un proceso judicial y estuve detenido”, cuenta el diputado César Reyes. Reyes, el 24 de noviembre de 2020, cuando era director de la Junta de Vigilancia Electoral de San Salvador, fue secuestrado por el Estado. Según la Policía Nacional, Reyes cometió el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”. Justo antes de la detención, Reyes había denunciado atropellos por parte de activistas del partido de Bukele.
El partido ARENA denunció el secuestro y su presidente, Erick Salguero, aseguró que se trataba de un “arresto ilegal”. “Queremos expresar nuestra condena sobre esto”, dijo en el momento.
“También está el caso de Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, preso supuestamente por corrupción. Pero no le han respetado su debido proceso y hoy hay denuncias de que a este señor lo han golpeado, está amarrado y le han violado todos sus derechos”, cuenta Karla Arévalo.
Varios de los consultados por El American coinciden en que el Gobierno de Bukele ha impuesto una política de terror, amparada en el estado de excepción, que le permite neutralizar a la disidencia. Bajo la excusa de la lucha contra las pandillas, el Gobierno ha detenido a casi el 2 % de toda la población adulta de El Salvador, según denuncia Amnesty International.
“Se limitan las garantías. Se prohíben las reuniones. Ha habido detenciones ilimitadas, sin debido proceso. Se violan los derechos fundamentales. Incluso propios funcionarios oficialistas, que se apartan de la línea de Bukele, han sido perseguidos”, cuenta el activista Noyola.
“Hemos descubierto un caso gigante de espionaje contra disidentes. Periodistas, académicos, columnistas, dirigentes gremiales… Yo también he sido espiado por el software israelí Pegasus, que utiliza Bukele”, continúa Noyola.
“Sí, hay persecución política. Se viola el debido proceso”, coincide Karla Arévalo.
El fraude del Bitcoin
En grandes círculos conservadores del mundo no importa todo lo anterior o que Nayib Bukele guarde excelentes relaciones con China, haya pedido al régimen cubano cooperación médica o que se haya peleado con Estados Unidos —que ha sancionado a varios funcionarios de Bukele por su complicidad con las pandillas. Nada de eso importa, porque Bukele es el hombre que habla duro en redes sociales, les canta sus verdades a los políticos hipócritas del mundo y, más importante, impulsa al Bitcoin, que es el gran tótem de la libertad económica y los mercados descentralizados.
Sin embargo, la insistencia de Bukele con el Bitcoin no trasciende sus palabras y, en la práctica, es un caos. El Salvador, un pequeño país centroamericano con una economía sumamente frágil, fue forzado a abrazar una revolución tecnológica y monetaria para la que nunca estuvo preparado. Y el resultado ha sido decepcionante.
No solo la quiebra del país es inminente debido a la caída del Bitcoin, que desde otoño del año pasado es moneda nacional en El Salvador. El país ha gastado millones de dólares en la adopción de la criptomoneda y, en cuestión de semanas, el dinero se devaluó. Pero también ha gastado millones de dólares en construir una infraestructura que aún hoy no opera como se esperaba.
En junio de 2021, Nayib Bukele les prometió a los salvadoreños que la adopción del Bitcoin “digitalizaría la economía, disminuiría la dependencia del dólar estadounidense, reduciría las tasas de remesas e impulsaría la inversión”. Nada ha ocurrido.
Según un sondeo del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, el 77.5 % de los salvadoreños rechaza la adopción del Bitcoin. Ante los riesgos de la volatilidad, el 95 % de los encuestados valora más el dólar estadounidense que la criptomoneda.
Una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria del país confirma que a la mayoría de los empresarios les preocupó la ley del Bitcoin. Un amplio reportaje de la revista Rest of the World expone detalladamente “las grietas en la criptorrevolución salvadoreña”. Y, principalmente, una de las fragilidades es la billetera digital.
“Hay que recordar que la política monetaria del Bitcoin se aprobó en el Congreso sin siquiera debate previo. En 45 minutos en una sesión plenaria y ya. ¿Cómo es posible que una ley de este tamaño no haya tenido ningún tipo de debate o argumento técnico? ¡Es que ni siquiera pasó a una comisión para estudiarse!”, dijo César Reyes a El American.
El 25 de junio de 2021, poco después de anunciar la adopción de la criptomoneda, Bukele dijo que regalaría $30 a cada salvadoreño que descargue y se suscriba en la billetera digital creada por el Gobierno, la Chivo Wallet. “Con solo bajarla y registrarse recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin para su consumo”, dijo en una conferencia de prensa desde la Casa Presidencial.
Para estas dádivas, el Gobierno dispuso de $250 millones. Y, de alguna manera, funcionó: el 56.6 % de la población se descargó la Chivo Wallet. Sin embargo, el 55.1 % lo hizo por los 30 dólares y, de todos los que descargaron la billetera digital, menos del 20 % continuó utilizándola.
Durante los primeros cuatro meses del 2022 no se registró una sola descarga nueva de la aplicación en todo el Salvador. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos ofrece los datos, que no favorecen en nada a la ley de adopción de la criptomoneda. Casi nadie mueve su dinero en Bitcoin hoy; y casi el 80 % de los salvadoreños se abrió la billetera digital solo por el bono de los $30. Por último, solo el 20 % de las empresas del país aceptan la criptomoneda (de estas, solo el 11.4 % ha vendido en Bitcoin).
En concreto, la política ha sido un fracaso. “¿Pero es que cómo se va a aplicar algo así en un país pobre como este, en el que todavía hay mucha gente que no tiene acceso a internet?”, le plantea Adriana Barrientos, maestra de colegio y residente de San Miguel, en El Salvador, a El American.
“Yo me la bajé por los 30 dólares. Pero usar la aplicación es un dolor de cabeza”, cuenta Barrientos.
Según se lee en el reportaje de la revista Rest of the World, “algunos de los inscriptos se han quejado de problemas técnicos con la aplicación Chivo, como cuentas creadas con identidades falsas, pérdida de transacciones y códigos de error al intentar realizar el pago”.
“Ha habido varias denuncias de estafa, de suplantación de identidad y de violación a la privacidad. La verdad es que la billetera arrancó con muchos errores”, cuenta Karla Arévalo.
Según denuncia César Reyes a El American, “detrás del Chivo Wallet hay un entramado de corrupción con funcionarios y la familia de Bukele”.
“Es fácil hacer la deducción, además. Si esto no tiene ningún tipo de utilidad ni impacto económico positivo; ¿para qué está creado?”, insiste Reyes.
Para Nicolás Noyola, la adopción del Bitcoin por parte de Bukele tiene propósitos estratégicos: “Probablemente se explica por el uso de las transferencias internacionales sin costo alguno, quizá lo hizo pensando en evitar futuras sancionados de Estados Unidos”.
“Detrás de este sistema hay mucha opacidad y se creó una sociedad anónima privada que funciona con fondos públicos. De todo ese mecanismo no hay mayor información. Y las últimas semanas, tras la caída del Bitcoin a nivel internacional, se ha evitado hablar de este tema”, agrega Noyola.
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EL ZONTE fue denominada por Bukele como “la playa Bitcoin”. Esa noche de noviembre de 2021, el cielo de la playa se llenó de fuegos artificiales. Con camisa blanca, jeans y una gorra de béisbol, Bukele les anunció a todos los seguidores de la criptomoneda que lo aplaudían con euforia la creación de la “Bitcoin City”. Pero el entusiasmo chocó con la realidad cuando el Fondo Monetario Internacional le dio un jalón de orejas en enero de este año: instó a Bukele a que eliminara al Bitcoin como moneda de curso legal, ante los riesgos que eso implicaba para El Salvador. El presidente respondió en su cuenta de Twitter con un meme de Los Simpsons.
Un par de meses después del jalón de orejas, El Salvador se posicionó como el segundo país con más riesgo de inversión de Latinoamérica, solo detrás de Venezuela, según el indicador de Emerging Markets Bonds que realiza JP Morgan. En un año, superó a Argentina.
Asimismo, según un análisis de Bloomberg Economics El Salvador es uno de los cinco países del mundo con mayor riesgo de caer en default. De la lista, El Salvador es el único país latinoamericano y es acompañado por Turquía y Egipto a la cabeza como los mercados emergentes con riesgo del impago de la deuda.
Aunado a ello, la agencia de calificación de riesgo Moody’s degradó la calificación de riesgo a El Salvador y “lanzó una advertencia a los inversores: las potenciales pérdidas excederían a las que usualmente sufren con otros deudores en similar situación crediticia”, según se lee en Bloomberg en un artículo publicado este 4 de mayo.
“La posibilidad de un ‘evento crediticio’ en El Salvador es altamente grave, ya sea un impago, reestructuración o canje de deuda”.
De acuerdo con Moody’s todo recae en la irresponsabilidad financiera del Gobierno de Nayib Bukele. Son una serie de problemas, generados por las políticas de Bukele, los que asoman la inminencia de un impago. No hay un “plan de financiación creíble”, según la agencia.
Al final, la noción de estabilidad y eficiencia que ha construido Nayib Bukele gracias a su astuto manejo de las redes sociales no es más que una ficción, que choca con la realidad de un país en crisis. You Shook Me All Night Long de AC/DC, a todo volumen, aturde. Los fuegos artificiales enceguecen; pero cuando la música pasa y la pólvora cae, queda expuesto El Salvador: un país en crisis económica, acosado por las pandillas y un Gobierno que le ha declarado la guerra a la prensa y al disenso.
“La realidad es otra. Bukele es como la Coca-Cola. Su publicidad es buena, pero sabes que en realidad es dañina para la salud”, dijo Nicolás Noyola.
Orlando Avendaño is the co-editor-in-chief of El American. He is a Venezuelan journalist and has studies in the History of Venezuela. He is the author of the book Days of submission // Orlando Avendaño es el co-editor en Jefe de El American. Es periodista venezolano y cuenta con estudios en Historia de Venezuela. Es autor del libro Días de sumisión.