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Entre la cultura de cancelación y los tribunales digitales: hay que repensar la justicia

Justicia, EFE.

Por Gabriel Maldonado *

En tiempos tan convulsos como los actuales vale la pena hacer una pausa para hacer revisión de conceptos que quizás creemos tener claros, pero que en el acelerado ritmo contemporáneo se han disuelto alrededor de conductas destructivas que hemos normalizado.

El asunto de hoy es la justicia. Respiremos profundo un segundo, y vamos a hacernos la misma pregunta que se hizo Sócrates hace 24 siglos atrás ¿Qué es la justicia? Sabemos a través de Platón que para él la justicia es la más hermosa y la primera de las artes y estaba estrechamente relacionada a la ley, pero más que a la ley, a un orden institucional que estuviese por encima de la injusticia de los hombres. Era la base de toda sociedad.

Aún hoy, 24 siglos de filosofía, ética y derecho después, la respuesta exacta nos elude, porque no podemos tocar la justicia, ni ver lo justo y lo injusto como si fuesen auras que se desprenden de los hombres. Pero lo que si podemos hacer es acercarnos a ella a través de la razón, y el problema con esto es que requiere un esfuerzo y una observancia constante, aún más cuando creemos que lo entendemos.

Ponernos de acuerdo sobre lo que consideramos justo nos tomó siglos de desarrollo evolutivo y social, todavía hoy lo estamos debatiendo. Pero, sí puede hablarse de cierto consenso mayoritario por el cual los individuos, en un acuerdo social, y por experiencias pasadas respecto a lo que funciona y a lo que no, en una especie de evolución moral, sentamos las bases de las conductas que son y que no son aceptables, y bajo estos parámetros mínimos se definen los límites de la libertad, para así garantizar la cooperación y el progreso a través de ciertas conductas obligatorias y ciertas conductas prohibidas en una sociedad. A esto le llamamos pacto social.

Y estos acuerdos mínimos tienen como base que sean beneficiosos para todos. Construimos sistemas que nos parecen justos precisamente porque nos parece mejor vivir en un sistema de paz, que uno de constante conflicto y guerra. Preferimos un sistema  donde se respeten los acuerdos y no donde debamos vivir solo a base de nosotros mismos.

Al final, lo que hoy entendemos como cercano a la justicia es un gran acuerdo, que permite la vida en sociedad, aún con el gran problema de que los hombres suelen tener diferencias sobre cuales son estos principios. Como bien lo señala Jonh Rawls en su Teoría de la Justicia, deberíamos tener claro que estos acuerdos mayoritarios son un tema de mínimos y no de máximos.

Sobre esa base pactada es que decidimos, como sociedad, que no confiamos la justicia en las manos de los hombres nada más, porque cada uno podrá verse afectado en su percepción de justicia por su ambiente, su pasado, su presente y sobre todo por sus emociones.

Decidimos que nos parece injusto que la justicia sea una decisión unilateral de aquel que se cree monarca supremo, o que en el momento tenga más fuerza. Por eso construimos parámetros mínimos para nivelar el terreno de juego a través de leyes e instituciones, que van más allá de los hombres y de sus circunstancias, y que se sostienen por ese acuerdo mínimo que dota —en la mayoría de los casos contemporáneos— al Estado de la fuerza suficiente para garantizar el orden social, tratando de acercarse a verdades que se parezcan lo más posible a aquello que es justo. Esto nos hizo a todos más iguales, en esto se fundamenta el desarrollo de las sociedades modernas, porque las violaciones al pacto social no se resuelven con la venganza. Las diferencias y los conflictos se resuelven en un ambiente de imparcialidad que evalúa objetivamente hechos para poder castigar con proporcionalidad. La venganza es más primitiva, porque se basa en emociones, opiniones, conjeturas y chismes.

Jonh Locke lo vio muy claro en el siglo XV: si dejamos la justicia en manos de aquel que se sienta ofendido por cualquier acción de otro, entonces construimos sociedades de venganza, y este tipo de sociedades injustas no solo son incapaces de prosperar, sino que son también extremadamente crueles y desproporcionadas, porque la venganza no escucha razón, y por lo tanto cada paso que damos en esa dirección nos hace menos humanos y más bestias entre nosotros. La venganza del hombre significa un ciclo constante de la violación de la ley natural, y aquello solo puede llevar a nuestra propia destrucción.

¿Cómo se deforma la justicia?

Ahora, por mucho que lo reflexionemos y tengamos muy presente el daño social que produce la falta de justicia, la realidad es que a veces las sociedades son injustas. El problema jamás ha sido planteado como el intento de hacer desaparecer la injusticia, porque es imposible, ya que la venganza y las deformaciones de las pasiones forman parte de nuestra propia humanidad. De lo que se trata es de minimizarla. Por lo tanto, las sociedades serán más o menos justas de acuerdo y en la medida del esfuerzo que hagan para mantener sus instituciones.

Pero todo esto lo hemos hablado en un plano social, colectivo y abstracto. Pero, ¿qué pasa cuando las sociedades se derrumban y las instituciones pierden confianza? Este artículo está escrito desde una sociedad fallida como lo es la República Bolivariana de Venezuela, donde no hay justicia a menos que sea conveniente para el poder. Ante el colapso institucional viene entonces la pregunta ¿qué debe hacer el individuo? ¿Nos entregamos a la barbarie, a los linchamientos y a la venganza? En un primer momento, es tentador ceder a la sed de sangre, porque si no hay institución que objetivamente castigue, entonces ¿por qué no puedo hacerlo yo?

Si vemos algo que nos parece injusto, ¿por qué no intentar ajusticiar al malhechor? En las sociedades modernas esto no es tan complicado, ya no se limita a un tema de fuerza física, no es necesario castigar a puñetazos al acusado, porque hemos desarrollado también relaciones sociales más complejas, los tiempos actuales están definidos claramente por las interacciones en redes sociales y la construcción de un rol público sobre el cual descansan aspectos tan importantes para una persona equiparables a su integridad física: su honor y reputación, cuyo daño tiene consecuencias cada vez más profundas en las sociedades digitales, donde todo pasa muy rápido, pero a su vez no existe el olvido.

Los daños morales existen, la reputación y el honor son parte esencial de la dignidad de la persona humana, vivimos en sociedad y afectan la percepción de los otros sobre uno. Un solo tweet mal intencionado y correctamente dirigido puede acabar con las oportunidades laborales de un padre que desesperadamente necesita alimentar a sus hijos, o puede acabar con la carrera de un prominente artista, sea o no sea verdad la acusación que se haga.

Y no estoy hablando de posibilidades abstractas, ni de casos exclusivos a personajes famosos o en posiciones de verdadero poder, si no de casos de la vida real que vieron su vida desmoronarse en el transcurso de algunas horas por una acusación sin fundamentos por fuera del debido proceso establecido, permítanme brevemente relatar lo sucedido con José Ignacio Palma en 2018, un dirigente estudiantil de la universidad de Chile que recibió un castigo social desproporcionado y un ostracismo inmediato frente a una acusación anónima de abuso, que jamás sucedió y que fue producto de tensiones internas. No hubo proceso, pero si se ejecutó sentencia ante la mínima sospecha de que hubo una transgresión contra la conciencia moral del grupo y que reaccionan entonces de manera desmesurada.

José Ignacio es uno de los casos que conocemos porque luego una investigación llegó a dar con un estudiante de derecho que fue quien había causado esta situación por venganza de haber sido expulsado del movimiento universitario. Claro que también existen casos con culpables. ¿Pero eso podemos determinarlo de manera inmediata como para justificar la ejecución de la sentencia colectiva? ¿O hemos creado instituciones que nos acerquen a la justicia precisamente para evitar esto?

Este proceso es real, y lo estamos viviendo. La masificación comunicacional ha tenido beneficios impresionantes para un mundo cada vez más globalizado, pero también estamos descubriendo que es una espada de doble filo. Ante la falta de institucionalidad, entonces la “justicia” colectiva digital es extremadamente tentadora, ahora se puede denunciar lo que sea y gritarle al mundo “este perpetrador debe ser excluido de la sociedad” sin tener que arriesgarse a decirle en frente de quien se acusa, porque puede hacerse desde donde sea, o incluso puede hacerse desde el completo anonimato. Un ataque sin consecuencias para el que lo intenta, pero intensamente dañino en el marco de lo que ahora se conoce como la cultura de la cancelación.

En ocasiones estas acusaciones tienen bases y pruebas de desgarradoras historias donde pareciera que incluso en sociedades con instituciones sólidas, estas le han fallado a la gente. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Solo se administra justicia cuando hay presunción de inocencia, posibilidad de defenderse, debido proceso y el resarcimiento del honor cuando la víctima resulta inocente.

La cultura de la cancelación se funda en la inmediatez de la reacción social, transformada por momentos en ordalías. Las redes y los colectivos se convierten entonces, en un muy valiente acto de “empatía digital”, en un jurado, que a su vez es juez y carcelero, por lo cual dicta inmediatamente sentencia firme, que no es apelable y es ejecutada sin ningún tipo de demora, de acuerdo con lo establecido en los 240 caracteres que leyeron desde tu teléfono o su computadora ¿Nos parece que eso cumple los requisitos mínimos de lo que nos parece justo?

A este fenómeno no le interesa que exista un proceso, ya cada uno lo desarrolló en su cabeza y la conclusión es obvia: el acusado es culpable. Aún si no lo conoce, es más, sobre todo si no lo conoce, este perfecto extraño debe ser culpable, sin espacio a duda ni defensa. Y cuidado con aquellos acusados que toman la iniciativa de tratar de salvar su nombre en medio de la ejecución de la sentencia, porque entonces caerá sobre ellos un castigo aún mayor, y agregará cientos de nuevos miembros del jurado, que tampoco se preguntarán si lo que está pasando es justo, porque los demás ya han decidido aún si nadie ha preguntado, porque este fenómeno se alimenta de la adrenalina de un conflicto sin peligros para el tribunal digital. O eso se cree. Solo una vez acabado completamente el acusado, descansa el tribunal dentro de este lugar, que no es real, pero que tiene consecuencias reales. Y no solo para la reputación y la moral.

Volvamos un momento a Venezuela, donde este tipo de cosas suceden todos los días, pero que si alcanzan el volumen suficiente entonces se vuelven convenientes para el poder que maneja a conveniencia los cascarones vacíos de las que fuesen alguna vez nuestras instituciones, y aprovechan para entonces sumarse al proceso que sin duda los hará populares: como el pueblo digital ya ha decidido por aclamación, entonces debe también ir preso, se abre un supuesto proceso donde igualmente ya se ha dictado sentencia, donde es probable que ninguna víctima dé testimonio o se presente ninguna prueba, esto no hace falta, el pueblo digital lo celebra y entonces se olvida de que, ocurre la sentencia mediante linchamiento, y en casos extremos, literalmente acabaron con una vida.

Ojalá fuesen tan infalibles los tribunales digitales como creen que son, porque así habríamos encontrado una respuesta a las instituciones fallidas. Pero resulta, que la realidad es otra y que cada día existen menos esos parámetros mínimos que habíamos acordado, ni procesos, ni presunción de inocencia, ni proporcionalidad de los castigos y por lo tanto se han ejecutado también a demasiadas personas inocentes que quizás cometieron un error, que quizás ofendieron a la persona o al grupo incorrecto, o sencillamente despertaron envidia y por lo tanto alguien más decidió que debía ser acabado. Las posibilidades son infinitas en las relaciones humanas, y la verdad, es que cada día importan menos los hechos en un mundo postmoderno, la verdad ha pasado de moda.

Debemos entender que las instituciones no mueren porque exista un poder malvado que las controle momentáneamente, si es por eso no hubiesen sobrevivido al pensamiento de Sócrates hasta hoy. Las instituciones mueren cuando dejamos de creer en ellas, y cuando sacrificamos los principios alrededor de cuales las construimos por nuestro propio sentimiento de superioridad moral, nuestra impaciencia y nuestra falta de razón. Ya no nos detenemos a pensar si lo que hacemos es realmente justo, ahora solo importa que en el momento nos parezca conveniente a nuestro parecer, porque la sospecha de tener razón se ha vuelto en suficiente y porque no hay nada más satisfactorio que creer que se ha impartido justicia de manera veloz y eficaz. Cómo no hay espacio de reflexión y de razón, este fenómeno realmente cree que con esto la sociedad mejora y se depura de todos aquellos pecadores en contra del credo del moralismo global.

Esto que está pasando no es nuevo. La inquisición medieval existió en el siglo X y perduró durante varios siglos, de distintas maneras, se volvió su propia leyenda negra y cientos de personas murieron en la hoguera porque se sospechaba de que eran brujos, que practicaban magia negra y así conformaban una relación directa con Lucifer. La inquisición medieval, también eventualmente desapareció. Y de ella aprendimos, se construyeron procesos e instituciones más sólidas, pero que hoy de nuevo parecen estar en peligro.  

No permitamos que mueran en nosotros. Volvamos a preguntarnos ¿Qué es la justicia?


Gabriel Maldonado es director Regional de FREE Fundación para Venezuela.
Estudiante de Estudios Liberales y Derecho en la Universidad Metropolitana (8vo trimestre). Asistente en campañas electorales en LATAM. Excoordinador de estructura y contenidos para Asociaciones Ciudadanas en Vente Venezuela.

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