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A SOLO tres días del plebiscito de salida, Chile se encuentra en una encrucijada que definirá el futuro del país; la población deberá decidir el 4 de septiembre entre aprobar o rechazar una nueva Constitución llena de vacíos que podría dejar en manos de la izquierda radical las decisiones más importantes de esa nación.
Este jueves 1 de septiembre, The Washington Post dedicó su editorial al país suramericano para decirle a los chilenos que la mejor opción es rechazar la nueva Constitución, debido a todas las preocupaciones que ha generado el texto redactado por la Convención.
Según especialistas, esta potencial Carta Magna en un principio atentaría contra la propiedad privada, las inversiones, la seguridad y la estabilidad económica de Chile.
“Quienes se oponen a la nueva Constitución objetan que la designación de Chile como ‘plurinacional’, con la intención de empoderar a la octava parte indígena de la población, socavaría la cohesión nacional. Otros temen que la incertidumbre obstaculizará la inversión mientras un nuevo Congreso trata de traducir nuevas disposiciones constitucionales sobre minería y otros recursos naturales en legislación. Luego está la complejidad de un documento que consta de 54.000 palabras, 388 artículos y 178 páginas, incluyendo una disposición sobre el deber del Estado de ‘promover el patrimonio culinario y gastronómico del país’”, se lee en el Washington Post.
El WaPo recuerda que lo que suceda en Chile puede impactar en la región y sobre todo en Estados Unidos debido al lazo comercial que hay entre los países, pues la nación sudamericana se asienta sobre las reservas más grandes de litio del mundo y existe la posibilidad de que con la nueva Constitución se reformule el marco legal para la minería afectando un tratado de libre comercio que hay entre ambas naciones.
Reformar la Nueva Constitución será misión imposible
De acuerdo con las últimas encuestas la opción “Rechazo” tiene el apoyo de la mayoría, mientras que el “Apruebo” apoyado por la mayoría de los partidos del oficialismo, ha encabezado una campaña para sembrar el mensaje de que sería posible reformar la nueva Constitución a corto plazo; sin embargo, esos mismos partidos del “Apruebo” han admitido que el nuevo texto tiene errores y vacíos por lo que llegaron a impulsar la opción de aprobar la nueva Constitución para luego modificarla.
Analistas, políticos y constitucionalistas, desmienten a los militantes del “Apruebo” y aseguran que la afirmación de “aprobar para reformar” no se ajusta con la realidad.
En principio la nueva Constitución deberá ser complementada con 61 nuevas leyes y 73 adecuaciones normativas que quedarán en manos de los legisladores de turno. A esto se suma una serie de limitaciones que no permitirán que a corto ni mediano plazo el texto sea mejorado.
El texto de la Convención establece que los pueblos indígenas deben otorgar su consentimiento en materias o asuntos que les suprimen en sus derechos constitucionales; señala que se les deberá consultar en materias relacionadas con medidas administrativas también y legislativas.
“Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, señala el artículo 191 del texto aprobado por la Convención.
Esto quiere decir que en la práctica las comunidades indígenas se asegurarán de que nada cambiará sin ellos, mientras que al tener poder de veto se asegurarán de que todas las normas legislen a su favor y no a favor del pueblo chileno en general.
La senadora Ximena Rincón, del Partido Demócrata Cristiano, explicó que será muy difícil alcanzar quórum con el nuevo sistema legislativo para reformar eventualmente la Constitución.
“El umbral que pone esta propuesta es tan alto (…) primeros se necesitarán los 2/3, si no se lograran los 2/3 serán los 4/7, más plebiscito más el consentimiento de los pueblos originarios en todas las materias que le afectarán y les aparecieron todas”, dijo Rincón.
Ximena Rincón:"Hay algunos que dicen 'aprobar para reformar' y se olvidan que el umbral que pone esta propuesta es tan alto. 2/3, o 4/7 más consentimiento de los pueblos. Se quiere aprobar un texto que no hay posibilidad que se reformule"
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— T13 (@T13) July 7, 2022
“Digamos la verdad, se quiere aprobar un texto que no es bueno para el país y no hay posibilidad de que se reformule porque lo que se está haciendo es poner un cerrojo más grande que el que tiene la Constitución actual (…) aquí se nos quiere llevar a cabo un camino sin retorno”, sentenció Rincón.
De ganar el “Apruebo” el futuro del país quedará en manos de la izquierda radical
El nuevo texto tiene algunas “trampas” que ponen en vilo la democracia. Por ejemplo, el voto de los indígenas valdrá hasta tres veces más que el de un chileno que no se identifique con etnias. Asimismo, a través de un sistema de escaños reservados a los pueblos originarios, una ideología radical podrá hacerse del poder gracias a una mayoría simple.
La nueva Constitución señala que los pueblos originarios tienen escaños reservados, y que esos escaños pueden aumentar dependiendo de la cantidad de personas que se consideran de sangre indígena. Si aumenta la cifra de la población originaria, también romperá el número de escaños con la gran posibilidad de que tengan mayor poder e influencia dejando las grandes decisiones que atañen a todo el país en manos de una minoría.
Esto representa una gran alarma para el país; pues supone una desventaja para la mayoría de los chilenos que no se identifica con ninguna etnia, poniendo en riesgo el sistema democrático chileno.
El artículo 252 de la nueva Constitución establece que “el Congreso está integrado por un número no inferior a ciento cincuenta y cinco integrantes electos en votación directa por distritos electorales”, lo que quiere decir que esa cifra de legisladores podrá ir aumentando.
El inciso 3 de ese artículo señala: “Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se define en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país. Se deben agregar al número total de integrantes del Congreso. La ley regulará los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados”.
CH01. SANTIAGO (CHILE), 20/08/2022.- Decenas de personas participan en una marcha hasta Plaza Italia en rechazo al próximo plebiscito constitucional hoy, en Santiago (Chile). (EFE)
De hecho, en el artículo 252 no se establece ninguna restricción para los pueblos originarios, abriendo la posibilidad de que, a medida que aumente la cantidad de personas que se consideran indígenas, en alguna medida también crecerá el número de escaños reservados, pudiendo así controlar la Cámara de Diputados y con ello las decisiones que atañen a todo un país.
“En Chile, lo que estamos haciendo es entregarle un arma cargada a cualquiera que quiera, en el mediano plazo, hacerse del poder desde una mirada autoritaria”, dijo el excandidato presidencial chileno Sebastián Sichel.
Sichel expresó que “la mayoría de las democracias del mundo se han protegido del autoritarismo porque tienen buenos órganos constitucionales”, pero agregó que de aprobarse la nueva Constitución habrá grandes probabilidades de que “cualquiera” pueda hacerse del poder desde una autoritaria.
Las normas más polémicas
Adiós al Senado: una de las normas más discutidas tiene que ver con la eliminación del Senado y una nueva estructura del Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones.
No será un país, sino una plurinación: según el borrador, las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales tendrán “personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la República”.
Justicia “especial” para los indígenas: otro de los artículos que también generó debate es el vinculado con el “pluralismo jurídico”. La norma permite la creación de tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían coordinados en un Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, sus críticos apuntan a que esto generaría un sistema paralelo de justicia que terminaría con el principio de “igualdad ante la ley” y beneficiará desmedidamente a los pueblos originarios.
Propiedad privada y expropiación con “justo pago”: el texto de la Convención establece en el artículo 20 del punto 256: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.
Este artículo ha generado en la población más dudas que respuestas, y en general ha causado preocupación entre la clase trabajadora que siente que en cualquier momento su vivienda, su tierra o su negocio podría ser expropiado bajo el alegato de “ser de utilidad pública”.
Pero el miedo de perder una propiedad no es el único riesgo que está establecido en el texto, pues cuando se habla de indemnizar por el “justo precio”, sin embargo no se detalla cómo, quién y en base a qué sería calculado el monto de pago.
¿Y los ahorros de los trabajadores?: el caso particular de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) genera una total incertidumbre, pues el nuevo texto no hace referencia alguna a ellas, dejando un gran vacío sobre qué sucederá con el dinero de los trabajadores.
Se trata de un vacío que posteriormente, de ser aprobado el nuevo texto, podría ser interpretado a conveniencia por el Gobierno o funcionarios de turno.
Chile bajo riesgo
“Hay muchos riesgos, entre ellos el fin de la igualdad ante la ley, porque consagra la división entre indígenas y no-indígenas para acceder, ya no al poder judicial, sino a los denominados ‘sistemas de justicias’; además, dentro de los no-indígenas se hace la separación entre hombres y mujeres, porque se instruye a los tribunales a hacer una justicia con enfoque de género, que no es más que privilegiar a un determinado grupo por sobre otro”, explicó e El American Javier Silva Salas, analista político chileno.
“Se relativiza el derecho de propiedad, ahora el Estado ya no pagará precio de mercado al expropiar, sino que lo hará con ‘precio justo’, algo que suena bonito, pero que, desde la época de los escolásticos tardíos sabemos no existe, tal como lo dijo Diego de Covarrubias y Leyva”, agregó.
“Se acaba con el sistema de capitalización individual, por lo que se abre un forado en términos económicos y además se le expropiará a los trabajadores el fruto de su trabajo, que antes iba destinado al ahorro individual para la vejez”, sentenció el analista.
Sabrina Martín Rondon is a Venezuelan journalist. Her source is politics and economics. She is a specialist in corporate communications and is committed to the task of dismantling the supposed benefits of socialism // Sabrina Martín Rondon es periodista venezolana. Su fuente es la política y economía. Es especialista en comunicaciones corporativas y se ha comprometido con la tarea de desmontar las supuestas bondades del socialismo