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La ley H.R. 5, denominada “Ley de Igualdad”, dará mucho para hablar esta semana porque la Cámara Baja, dominada por demócratas, tiene previsto votar para ver si el proyecto de ley pasa al Senado.
Esta Ley de Igualdad no solo es apoyada ampliamente entre los demócratas del Congreso, sino por el propio presidente Joe Biden, quien presentó este proyecto legislativo como uno de los más importantes para sus primeros 100 días de gobierno.
De acuerdo con el reporte de NPR, este es un «proyecto de ley que prohibiría la discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género. También ampliaría sustancialmente los ámbitos a los que se aplican esas protecciones contra la discriminación».
Biden volvió a mostrar su apoyo a la ley en un comunicado la semana pasada, cuando los demócratas de la Cámara Baja presentaron el proyecto: «Insto al Congreso a que apruebe rápidamente esta legislación histórica», escribió el presidente. «Toda persona debe ser tratada con dignidad y respeto, y este proyecto de ley representa un paso fundamental para garantizar que Estados Unidos esté a la altura de nuestros valores fundacionales de igualdad y libertad para todos».
Pero la afirmación de Biden sobre que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto está puesta en tela de juicio, porque hay republicanos y americanos conservadores que argumentan que la ley H.R. 5 no respeta o se olvida de los ciudadanos con objeción de moral o conciencia.
Al mismo tiempo, hay quienes critican la ley porque, según argumentan, afecta directamente los espacios de mujeres en la sociedad. Otros, además, han criticado la ley señalando que es, en realidad, un «caballo de troya» para impulsar el aborto en todo el territorio americano.
Los que apoyan la Ley de Igualdad
Los que están a favor de la ley se basan en que la legislación será mucho más clara para luchar contra la discriminación. Además, «Los partidarios dicen que la Ley de Igualdad simplemente extiende los principios básicos y ampliamente aceptados de la Ley de Derechos Civiles a clases de personas que el proyecto de ley no protege explícitamente», se lee en NPR.
Esta Ley de Igualdad, en teoría, «modificaría la Ley de Derechos Civiles de 1964 para impedir explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género», según apuntó NPR.
Según el reporte de NPR, este proyecto de ley se ha presentado en múltiples ocasiones y fue aprobado por la Cámara en 2019. No obstante, el impacto de la legislación sería diferente en términos prácticos a partir de ahora porque la Corte Suprema dictaminó en junio del 2020, en el caso Bostock contra el condado de Clayton, «que las protecciones garantizadas por la Ley de Derechos Civiles de 1964 en función del sexo también se extienden a la discriminación de lesbianas, gays y transexuales americanos».
NPR apuntó que la lógica de este dictamen se basa en, por ejemplo, «un hombre que pierde su trabajo por tener una pareja del mismo sexo se enfrenta a una discriminación por razón de sexo, ya que, si fuera una mujer, no se habría enfrentado a esa discriminación».
Entonces, esta ley consagraría explícitamente esas protecciones contra la discriminación para la orientación sexual y la identidad de género, «en lugar de que esas protecciones se incluyan bajo el paraguas del “sexo”». «Sin embargo», apuntó la NPR, «la Ley de Igualdad también ampliaría sustancialmente esas protecciones».
Por ejemplo, la Ley de Derechos Civiles cubría la discriminación en áreas como empleo y vivienda. La Ley de Igualdad amplificaría la cobertura hasta los programas financiados por el gobierno federal, como los «alojamientos públicos», que es una categoría bastante amplia que incluye a las tiendas minoristas y los estadios; por poner dos ejemplos.
«Una de las consecuencias de todo esto es que la Ley de Igualdad afectaría a negocios como las floristerías y las panaderías que han sido el centro de los casos judiciales de discriminación en los últimos años; por ejemplo, un panadero que no quiere ofrecer un pastel para una boda del mismo sexo», se lee en el reporte de NPR.
Y agrega en su explicación: «Es importante destacar que el proyecto de ley también dice explícitamente que supera la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA). Esta ley, aprobada en 1993, establecía un listón más alto para que el gobierno defendiera las leyes si la gente argumentaba que esas leyes infringían la libertad religiosa».
Con esta Ley de Igualdad, una entidad, sea cual sea, no podría utilizar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa para impugnar las disposiciones de la ley. Tampoco podría utilizar la RFRA como defensa ante una reclamación presentada en virtud de la ley.
Con respecto a esto último, quiénes defienden la Ley de Igualdad «argumentan que el proyecto de ley impedirá que las entidades utilicen esa ley como una “licencia para discriminar”, frase de la que se hacen eco Human Rights Watch y muchos otros partidarios de la Ley de Igualdad», apuntó NPR.
Este es, probablemente, uno de los puntos que más preocupan de la ley, aunque no es el único.
Una ley de igualdad que tiene muchos críticos
En The Wall Street Journal (WSJ) se publicó una columna de opinión de Inez F. Stepman titulada «La Ley de Igualdad hace que las mujeres sean desiguales», en la pieza se leen varias críticas hacia la legislación apoyada por los demócratas.
«La ley H.R. 5, denominada Ley de Igualdad, redefiniría el “sexo” en las leyes federales de derechos civiles para incluir la “orientación sexual” y la “identidad de género”, pasando por encima de la biología básica y de milenios de tradición», inicia el artículo. «No se trata sólo de una cuestión semántica. Tampoco es un mero intento de prohibir la discriminación laboral de las minorías sexuales. Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2020 ya lo hace».
Entonces, si esto es así, ¿qué se busca con esta ley? Es la pregunta tácita que deja el artículo del WSJ.
«La Ley de Igualdad iría mucho más allá al hacer ilegal la distinción entre “identidad” y biología y, por tanto, dar prioridad a las personas transgénero frente a las mujeres. Al borrar el sexo como categoría legal diferenciada, la medida amenaza con abrir a los hombres biológicos espacios y oportunidades exclusivamente femeninos diseñados para aumentar la representación de las niñas, lo que puede poner en peligro la seguridad de mujeres y niñas», se lee en el artículo.
La Ley de Igualdad, apunta Stepman, «amenazaría la existencia de cárceles de mujeres, vestuarios de niñas en escuelas públicas y equipos deportivos de mujeres y niñas. Limitaría la libertad de expresión, la libertad de asociación, la recopilación de datos precisos y la investigación científica. Amenazaría los derechos de los médicos que dudan de la conveniencia de realizar procedimientos que cambian la vida y limitan la reproducción, y de los padres que tratan de proteger a sus hijos menores de edad de dicho tratamiento».
Stepman no es la única persona preocupada por la ley de igualdad. En un artículo titulado «La Ley de Igualdad es un caballo de Troya para el lobby abortista y más», publicado originalmente en The Daily Signal, luego republicado en la Heritage, se explica cómo la ley beneficiaría a organizaciones proaborto.
«La Ley de Igualdad modificaría la ley federal de derechos civiles añadiendo la “orientación sexual” y la “identidad de género” como clases protegidas», se explica en el artículo. «En los últimos años, los académicos de la Heritage Foundation han dado la voz de alarma sobre los diversos grupos que se verían perjudicados si la ley se convirtiera en ley, entre ellos los empresarios y los empleados, los profesionales médicos, los padres y los niños, las mujeres y las organizaciones sin ánimo de lucro y los voluntarios».
Pero no solo es eso, según el artículo, otra de las situaciones que preocupan es que la legislación «tendría un impacto devastador en una serie de políticas y protecciones provida actuales. Sentaría las bases para eliminar las prohibiciones de los abortos financiados por los contribuyentes a nivel estatal y federal; purgaría las disposiciones legales de protección de la conciencia existentes para las personas y entidades provida en el contexto de la atención sanitaria; y anularía las duras batallas judiciales que defendieron las protecciones de la libertad religiosa para las personas y organizaciones, como las “Hermanitas de los Pobres”, una orden de monjas católicas que ha pasado casi una década en litigio sobre el oneroso mandato de anticoncepción de Obamacare».
¿Cómo sucedería todo esto? Según se explicó en la nota, la Ley de Igualdad añade el término «sexo» al Título II de la Ley de Derechos Civiles de 1964 sobre alojamientos públicos para significar el embarazo, el parto o las condiciones médicas relacionadas. Y, «tanto la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo como el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito han interpretado que “condición médica relacionada” incluye el aborto».
Entonces, debido a la forma en que está redactada la Ley de Igualdad que el Congreso votará, «esta nueva definición de discriminación por razón de sexo», que se entiende como una afección médica como el aborto, se implementará en ámbitos de ley en los programas de asistencia federal, los alojamientos públicos y la disposición de no discriminación de Obamacare.
«En la práctica, podría significar que un proveedor de atención sanitaria estaría discriminando por razón de sexo si se negara a realizar un procedimiento de aborto; un hospital podría estar discriminando por razón de sexo si se negara a permitir que se realicen abortos en sus instalaciones; y los planes de seguro médico podrían estar discriminando por razón de sexo si no incluyen la cobertura de abortos selectivos», explican en la pieza.
Y añadió: «La Ley de Igualdad establece específicamente que no se pueden hacer reclamaciones de alivio en virtud de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA)», explicando que genera preocupación «la ausencia de protecciones de conciencia en la Ley de Igualdad para las personas con objeciones morales o religiosas».
Estas leyes para objeciones morales o religiosas, que ya son una tradición, «garantizan que las personas y entidades no se vean obligadas a participar en prácticas que violen sus sinceras convicciones morales, éticas o religiosas».
La Ley de Igualdad flaquea al ir en contra la libertad de estas personas, por lo que muchos conservadores y republicanos han argumentado que, en realidad, esta legislación no apuesta ni por la igualdad ni la libertad de todos.
En el artículo del WSJ, que se enfocó en criticar más la parte que afectaba a las mujeres, se lee una frase que englobaría todas las críticas: «Todas las personas han sido creadas iguales, pero el Congreso está considerando un proyecto de ley que haría a algunas personas más iguales que otras».
¿Se aprobará?
Hay muchas posibilidades que la Ley de Igualdad supere la Cámara Baja dominada por los demócratas. Pero será mucho más difícil conseguir la mayoría de 60 que se exige en la Cámara Alta para que este proyecto se haga ley. Recuerden, ahora mismo el control del Senado está repartido en un 50-50.
Serán claves los votos de los demócratas más moderados y, además, ver la postura de los republicanos menos conservadores.
Por ejemplo, Mitt Romney, senador por Utah, comentó al Washington Blade que no apoyará la ley, citando la libertad religiosa.
«El senador Romney cree que una fuerte protección de la libertad religiosa es esencial para cualquier legislación sobre este tema, y como esas disposiciones están ausentes en este proyecto de ley en particular, no puede apoyarlo», dijo su portavoz al Blade.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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