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¿Qué dice y qué no dice la reforma electoral de Georgia?

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El voto se ha convertido en el nuevo frente de batalla en la lucha partidista de Estados Unidos, la aprobación la semana pasada del proyecto de ley de reforma electoral de Georgia ha despertado un debate lleno de ira sobre la validez y las verdaderas intenciones de la legislación, con los demócratas y los activistas progresistas calificando la ley de “Jim Crow 2.0” y los republicanos diciendo que, por el contrario, el proyecto de ley, en realidad, amplía los días de votación al tiempo que garantiza medidas de seguridad de sentido común.

Incluso el béisbol, lo mejor que sucede durante la primavera, se ha visto involucrado a regañadientes en la pelea política, con la decisión de la MLB de trasladar el Juego de Estrellas fuera de Atlanta y reubicarlo en Denver, como respuesta a la ley electoral de Georgia, una medida que incluso Stacey Abrahams ha admitido que sólo perjudicaría a los trabajadores del Peach State.

Los demócratas han argumentado que las disposiciones del proyecto de ley, que exigen una identificación estatal al presentar un voto por correo o que prohíben a los activistas dar agua o comida a los votantes a menos de 150 pies de las urnas, son una flagrante restricción de los votantes, un retroceso a los terribles días de la segregación racial en el Sur, cuando los americanos de raza negra tenían que pasar imposibles pruebas de alfabetización para obtener su derecho al voto.

Los republicanos no se han quedado de brazos cruzados, ya que sus oponentes no tardaron en catalogar su proyecto de ley como hijo de los espíritus segregacionistas de Storm Thurmond y George Wallace. Con el secretario de Estado Brad Raffensperger, el mismo que desmintió públicamente las acusaciones de Trump sobre el fraude masivo en Georgia, publicando un artículo en el National Review donde exponía cuidadosamente los argumentos a favor de la ley, argumentando que lejos de suprimir el voto, el proyecto de ley sólo proporciona medidas de sentido común para garantizar unas elecciones sin problemas.

Incluso Mitt Romney, que votó a favor de la destitución del presidente Trump en dos ocasiones, ha salido a criticar la forma en que los medios de comunicación han cubierto la discusión sobre el proyecto de ley, acusándolos de tomar abiertamente partido y de difundir información partidista errónea.

Entonces, ¿qué hay realmente en el proyecto de ley de Georgia? ¿Es el sueño de los supremacistas blancos que desean despojar a los afroamericanos de su derecho al voto, o es en realidad la regla de oro para la reforma electoral que el resto del país debería seguir?

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La lucha política sobre la reforma electoral de Georgia alcanzó al béisbol puesto que la MLB movió el Juego de las Estrellas de Atlanta a Denver (EFE)
Expansión de los días y horas de voto temprano en Georgia

El presidente Biden ha afirmado en repetidas ocasiones que la nueva ley pondría fin a la votación temprana, diciendo que la legislación acabaría perjudicando a los trabajadores y trabajadoras de Georgia, que no podrían emitir su voto. Esas afirmaciones de Biden son manifiestamente falsas, y The Washington Post le ha dado a Biden cuatro Pinocchios por mentir al público, una mentira de la que la Casa Blanca aún no ha emitido una retractación oficial.

La realidad es que el proyecto de ley estandariza el horario de votación en todo el estado de 9AM a 5PM, dando a cada condado la posibilidad de ampliar el horario a 7AM-7PM. Esto supone una mejora con respecto a la normativa anterior que decía que las urnas sólo debían estar abiertas durante el “horario comercial normal”, lo que perjudicaba a los votantes en algunos recintos donde el personal electoral trabajaba medio día.

También se temía que el proyecto de ley restringiera el horario del voto anticipado, y los activistas advirtieron que la legislación impediría a los votantes negros ir a votar después de la iglesia (la famosa iniciativa “Soul to the Polls”). La forma final del proyecto de ley debería aliviar esas preocupaciones, ya que la legislación codifica en la ley estatal la necesidad de ofrecer al menos dos sábados para el voto anticipado y también otorga a los condados dos domingos opcionales, lo que en realidad es una mejora de la normativa anterior.

La ley amplía efectivamente el período de votación anticipada hasta al menos 17 días antes de las elecciones, en cambio Delaware (el estado natal amado por el presidente) ni siquiera tiene ningún tipo de opción de voto anticipado para sus ciudadanos, mientras que Nueva York sólo comienza a votar anticipadamente 10 días antes del día de las elecciones, según vote.org.

Si los demócratas quieren demostrar que el proyecto de ley de Georgia es un nuevo Jim Crow, ciertamente no se debe al calendario del voto en persona, que la ley en realidad amplía.

Brad Raffensperger - El American
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que famosamente desafió al presidente Trump por sus acusaciones de fraude, ha defendido abiertamente la reforma electoral de Georgia (EFE)
Voto por correo: requisitos y plazos

Otra de las acusaciones que se han hecho contra el proyecto de ley es el uso de la identificación de los votantes para la verificación de las papeletas de voto por correo y el acortamiento del plazo en el que el estado envía las papeletas. Los opositores a la reforma electoral de Georgia argumentan que esto suprimiría el voto de las minorías, que tienden a votar mayoritariamente a los demócratas.

En cuanto a la cuestión del la identificación, lo que el Estado pide es que los votantes faciliten un número de identificación como forma de confirmar la validez de la papeleta, un valor más objetivo que el enrevesado proceso de cotejo de firmas que existía antes.

Además, esto no supondría una gran carga para los votantes de Georgia, ya que el secretario Raffensperger aclaró que casi el 97 % de los votantes registrados en Georgia tienen un número de licencia asociado a su registro de votante, producto del exitoso proceso de registro de votantes automatizado de Georgia. Además, hay estudios que demuestran que las leyes de identificación no reducen la participación de los votantes.

Por lo tanto, si la mayoría de los ciudadanos del estado tienen el número de identificación que coincide con su registro y las leyes de identificación no deprimen significativamente la participación electoral, ¿es lógico llamarlo supresión de votantes?

El estado también traslada el plazo para que los funcionarios de los condados envíen las papeletas de voto por correo de 49 a 29 días antes de las elecciones, lo que supone una reducción significativa pero no es tan extrema si se compara con otros estados. Massachusetts envía sus papeletas 21 días antes de las elecciones, Oregon las envía 20 días antes y Washington las envía sólo 18 días antes, según datos recogidos por la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales.

La ley prohíbe a los individuos dar agua o comida a los votantes a menos de 150 pies (aproximadamente 45 metros) del centro electoral o a 25 pies (aprox. 7 metros) de cualquier persona que esté en la cola, aunque permitiría a los trabajadores electorales hacerlo. La medida pretende frenar las interferencias indebidas a los votantes, pero algunos legisladores del GOP han expresado ciertas dudas sobre la medida. Aunque esta disposición del proyecto de ley es discutible, compararla con Jim Crow es excesiva.

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Georgia cambiará muchos de sus requisitos sobre el envío de las papeletas de voto por correo después de que la reforma electoral de Georgia fuera firmada por el gobernador Kemp (EFE)
La reforma electoral de Georgia le quita poder al Secretario de Estado

Aunque la preocupación por los cambios introducidos en Georgia sobre el voto anticipado, la identificación estatal y el voto en ausencia puede haber sido exagerada, hay algunas medidas clave que son ciertamente preocupantes, especialmente las disposiciones que despojan al secretario de Estado de Georgia de cualquier autoridad efectiva sobre el proceso electoral del Estado, al tiempo que amplían el poder que el gobierno estatal tiene sobre el proceso electoral.

La ley elimina al secretario de Estado de la Junta Electoral del Estado, convirtiéndolo únicamente en un “miembro de oficio sin derecho a voto” del comité, que ahora estará dirigido por un presidente “no partidista” que será elegido por la Asamblea General mediante una resolución conjunta. La nueva junta también estará compuesta por un comisario elegido por la Cámara, otro por el Senado y uno asignado a cada partido. Cada miembro (excepto el presidente) también podrá ser destituido de su cargo mediante el voto de la mayoría simple de la Cámara que lo eligió.

Esta nueva junta tendría una autoridad más amplia sobre los condados que gestionan los detalles cotidianos de las elecciones, permitiéndoles sustituir hasta cuatro superintendentes electorales locales por funcionarios temporales que tendrían todo el poder y las responsabilidades asignadas a los superintendentes permanentes.

Las preocupaciones sobre estas provisiones de la reforma electoral de Georgia son razonables y bien fundadas. De hecho, el alto funcionario electoral del GOP en Georgia, Gabriel Sterling (quien también se opuso a las afirmaciones de Trump sobre el fraude en Georgia) dijo que quitarle el poder al secretario de Estado era una “parte mala del proyecto de ley” y Nate Cohn de The New York Times argumentó que este proyecto de ley permitiría a la nueva comisión remover a los funcionarios electorales del condado y reemplazarlos por individuos individuales que podrían ser operativos políticos.

Aunque la reforma electoral de Georgia establece una serie de requisitos que impedirían a los partidistas acérrimos presidir la junta (los otros 4 miembros parecen no tener que seguir los mismos requisitos), y describe un proceso detallado y minucioso para permitir la intromisión de la junta en los asuntos electorales de los condados locales, existe la preocupación de que los políticos de ambos bandos puedan abusar de esos poderes.

La reforma electoral de Georgia no es perfecta y se pueden hacer críticas válidas contra ella (como con todas las leyes del mundo), pero etiquetarlo como un acto de supresión de votantes, decir que son el sucesor espiritual de las leyes de supresión de votantes más horribles que ha visto el país o difundir mentiras descaradas sobre su contenido sólo contribuye a aumentar la polarización en un tema en el que el acuerdo bipartidista es el más vital: las leyes electorales, el cimiento de la democracia.

Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.

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